Marruecos devuelve a España la mitad de los saharauis y marroquíes deportados el lunes
El país alauí rechazó la entrada de 11 subsaharianos después de que el Ministerio del Interior gestionase su expulsión
El país alauí rechazó la entrada de 11 subsaharianos después de que el Ministerio del Interior gestionase su expulsión
Marlaska anunció la expulsión de una decena de solicitantes de asilo, pero estos se niegan a volver a Marruecos
La asociación avisa que la expulsión masiva de extranjeros requiere un análisis razonable y objetivo del caso concreto»
El detenido, un ciudadano de origen sirio, residía en Alemania desde 2022, pero se le negó el asilo
La Asociación de Periodistas Europeos reclama «que cesen inmediatamente» estos hechos
Sira Rego reclama a Grande-Marlaska que autorice de forma provisional la entrada en España a Youssef El Mahmoudi
«Más de dos años después del inicio de la guerra se debe aplicar ya este principio», defiende su portavoz
El líder de Vox califica la Iniciativa Legislativa Popular para regularizar extranjeros de forma extraordinaria de «brutal»
El organismo advierte de que la ley puede suponer violaciones de Derechos Humanos y en materia de Estado de derecho
Sunak expresa que se trata de «un cambio fundamental en la ecuación global de la migración»
«Como no hay freno posible a la inmigración ni planes para asimilarla, tendremos millones de varones jóvenes fatigando los campos y las calles, buscándose la vida»
Los ministros de Interior defienden una ‘solidaridad a la carta’ entre los diferentes países
El plan incluye también «reforzar el apoyo» a Italia de la Agencia de Asilo de la Unión Europea y de Frontex
El español se encuentra imputado tras haber pedido que se investigaran los abusos cometidos contra la oposición
España es el octavo país de la Unión que más inmigrantes expulsa, mientras que Francia acumula el 34% del total
Fueron engañados por la seguridad fronteriza del país y que fueron expulsados «a la fuerza» y contra su voluntad
Sunak defiende que con esta ley «cumple» una promesa y defiende la legitimidad del Gobierno para decidir quién entra al país
También se emprenderán acciones contra el Gobierno de Ceuta por permitir la expulsión de niños hacia Marruecos
El objetivo es «permitir la expulsión de todo extranjero reconocido culpable por la Justicia de un acto grave, sea cual sea su situación en el territorio nacional», ha dicho el ministro del Interior
Downing Street justificó que el enfoque actual sobre migración les cuesta 1.500 millones de libras al año
A la polémica se han sumado unas declaraciones privadas del príncipe Carlos, que ha calificado de «espantosos» los planes del primer ministro del Reino Unido
Trump ha probado varias medidas para desincentivar la migración a Estados Unidos, como separar a padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a solicitantes de asilo
Esta partida estaba inicialmente destinada a la lucha contra el narcotráfico y forma parte de los 6.600 millones de dólares que Trump desvió para la construcción del muro bajo la emergencia nacional
La operación afectará a 2.000 personas en al menos 10 ciudades
La caravana, que fue convocada a través de las redes sociales ha sorprendido a las autoridades
Los doce abogados que el pasado miércoles atendieron a los 116 inmigrantes que saltaron violentamente la valla fronteriza de Ceuta presentarán un recurso de alzada contra la devolución de estos a Marruecos.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha denunciado este viernes tras el Consejo de Ministros que las actuaciones de los más de 100 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta el miércoles son «inaceptables» por la violencia que utilizaron y asegura que el Gobierno ha actuado «estrictamente en el marco de la legalidad y la política migratoria europea».
La política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido duramente criticada en el ámbito internacional por la separación de familias en la frontera y la deportación de menores a sus países de origen.
Más de 8.000 españoles fueron deportados a campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1945, según ha informado este lunes la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés.
El congresista demócrata Ruben Gallego ha presentado un proyecto de ley para evitar que Estados Unidos deporte a inmigrantes que hayan servido en sus Fuerzas Armadas y que no hayan cometido delitos de gravedad.
Kelly mantuvo que sí se producirán deportaciones, pero habló de ellas en un tono menos agresivo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que se llevarán a cabo bajo el «marco legal» y que solo afectarán a «gente con antecedentes criminales». El secretario de Seguridad Nacional subrayó también «la necesidad de reducir las causas de expulsión de migrantes de Centroamérica».
«No se hará uso de la fuerza militar en los operativos de frontera», garantizó Kelly, a la vez que aseguró que las deportaciones se harán «de manera que se respete la dignidad humana». Contradecía así las declaraciones de Trump pocas horas antes, que afirmaba: «Por primera vez estamos expulsando pandilleros, capos de las drogas. Estamos echando a esos tipos, a un ritmo nunca antes visto. Y es una operación militar».
El presidente ya había amenazado con imponer fuertes medidas antiinmigración durante la campaña electoral. Y poco después de tomar posesión del cargo firmó la orden ejecutiva para iniciar la construcción del muro en la frontera con México y decretó la prohibición de entrar al país a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana. La Justicia estadounidense ha logrado paralizar temporalmente esta orden migratoria, pero Trump ya ha amenazado con promulgar una nueva.
La suspensión de la orden decretada por Donald Trump se mantendrá hasta el próximo 21 de febrero, según la orden de emergencia emitida por Ann Donnelly contra la aplicación de la prohibición impuesta a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La queja la cursó la American Civil Liberties Union (ACLU) en nombre de Hameed Khalid Darweesh y de Sameer Abdulkhaleq Alshawi, dos ciudadanos iraquíes que fueron detenidos al llegar al aeropuerto JFK de Nueva York.
La polémica decisión de Trump y su política migratoria ya están retumbando fuera de las fronteras norteamericanas. Angela Merkel, Theresa May, François Hollande o Justin Trudeau son algunos de los líderes mundiales que se han manifestado en contra de esta orden ejecutiva firmada por Trump, que además ha tenido que enfrentarse a la dura oposición de miles de ciudadanos que han salido a las calles para mostrar su apoyo a los inmigrantes musulmanes y su rechazo a las políticas xenófobas del nuevo presidente.
Varios organismos como Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Organización Internacional para las Migraciones han mostrado su preocupación al respecto y han tildado la medida de «dañina» y «descorazonadora». Además, según Amnistía Internacional, el veto impuesto por Trump traerá «consecuencias catastróficas».
En un vídeo de dos minutos y medio el recién elegido presidente de Estados Unidos recoge algunas de las medidas que dará conocer cuando asuma la presidencia, el próximo 20 de enero. Trump afirma que buscará negociar «tratados comerciales bilaterales justos» que generen empleos para su país. El TPP es una iniciativa del presidente de Barack Obama que no ha sido ratificado todavía por el Congreso de Estados Unidos y todo apunta que no lo será, puesto que cuenta con una fuerte oposición de parte de los legisladores de la mayoría republicana. El acuerdo comercial de la Cuenca del Pacífico tiene como objetivo principal contrarrestar la expansión comercial de China. Para la entrada en vigor del mismo es necesario que los firmantes representen al menos el 85% del PIB del bloque, por lo que la retirada de Estados Unidos representa un serio tropiezo para su puesta en marcha.
En el plano migratorio, Trump anunció que una de sus medidas iniciales será pedir al Departamento de Trabajo que “investigue todos los abusos de programas de visas que socavan las oportunidades de los trabajadores estadounidenses”. El magnate ha manifestado que es partidario de las deportaciones pero será en un número inferior al anunciado en campaña.
«Estados Unidos es un país de inmigrantes. Todos lo somos. Eso es un punto fuerte de nuestra sociedad porque pudimos atraer talento. Necesitamos políticas migratorias legales», apuntó el presidente estadounidense. Ante el discurso antiinmigración del republicano Donald Trump, Obama matizó que «una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar» y aseguró que hay que darle una oportunidad al nuevo presidente. «En campaña uno anima pasiones, cuando uno gobierna se enfrenta a la realidad», subrayó. Rodeado de 100 jóvenes latinoamericanos becados para estudiar en Estados Unidos, Obama emitió un discurso reivindicativo de la inmigración en la que es su última parada de su último viaje como presidente de Estados Unidos. «Hay que tener ciertas reglas que permitan invitar a jóvenes talentos, tenemos que invertir en los países que están enviando migrantes», agregó.
Entre estas once medidas se encuentra un número de teléfono gratuito que ofrece un punto de contacto a todos aquellos mexicanos que requieran información y protección consular. Las acciones se llevarán a cabo a través de su embajada en Estados Unidos y sus 50 consulados en el país. «Se aumentará la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, a fin de ofrecer servicios integrales de protección y documentación a un mayor número de personas en sus comunidades», explica el comunicado.
La SRE también ha anunciado que aumentarán el número de citas para realizar pasaportes y actas de nacimiento, con la intención de que todos los mexicanos cuenten con un documento de identidad. Esta decisión se ha tomado tras explicar Trump su intención de deportar o encarcelar a entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales o identificados como pandilleros o traficantes de drogas. Por este mismo motivo, la SRE hará un llamamiento a las comunidades mexicanas a evitar toda situación de conflicto y a evitar cualquier sanción administrativa o penal.
Trump aseguró que seguirá con las deportaciones de indocumentados pero será en un número inferior al anunciado en campaña. Prometió que expulsará sólo aquellos con antecedentes penales, que calcula en torno a dos o tres milles de ilegales. «Lo que vamos a hacer es coger a los que son criminales y que tienen antecedentes penales, pandilleros, traficantes de droga, probablemente dos millones, podrían ser incluso tres millones, y vamos a echarlos del país o vamos a encarcelarlos», indicó Trump. En cuanto al polémico muro, el nuevo presidente de Estados Unidos aseguró que lo hará, pero algunos tramos en lugar de muro serán vallas. «Para algunas áreas lo consideraría (alzar vallas), pero para otras, un muro es más apropiado. Soy muy bueno en esto, se llama construcción», resaltó.
La victoria de Trump ha dividido a la sociedad americana. Una parte sale a las calles para protestar por su victoria y denunciar la perdida de derechos civiles bajo su mandato y la otra parte, seguidora del republicano, ha emprendido una campaña de odio contra las minorías.
Los retrasos se deben a una decisión de recorte de costos, según las autoridades federales, debido a un dislate en la aplicación de la ley que permite que inmigrantes que debían ser monitoreados se vayan libres sin medidas de vigilancia. Algunos de los afectados no se han presentado en las oficinas ante las que debían hacerlo para recibir sus brazaletes con GPS. Ahora que el gobierno no tendrá que pagar la tasa diaria de entre 4 y 8 dólares por persona que cuesta monitorear los brazaletes, los casos de los inmigrantes estarán retrasados durante años, algunos hasta 2023, según las autoridades.
Al parecer, las tarjetas en papel de huellas dactilares tomadas antes de 2008 no se habían digitalizado de forma sistemática e incorporado a las bases de datos digitales. Este fallo puede suponer una amenaza a la seguridad nacional ya que estas personas pueden realizar cualquier tipo de trabajo sensible, como formar parte de la policía. De hecho, el informe ha revelado que al menos tres individuos que lograron la ciudadanía después de haber sido deportados bajo una identidad diferente obtuvieron credenciales para trabajar en aeropuertos comerciales o instalaciones marítimas y buques. En las bases de datos federales faltan las huellas dactilares de hasta 315,000 inmigrantes que tienen órdenes finales de deportación o que son delincuentes fugitivos.
Según, Yorgos Kyritsis, portavoz del servicio de coordinación de la crisis migratoria, la evacuación se está desarrollando sin problemas, «lentamente» y «con calma». Según informa la cadena de televisión pública griega, el ambiente es por ahora tranquilo y muchos refugiados esperan con calma ante los autobuses a ser trasladados. De esta forma, se espera que el traslado a centros gubernamentales lleve un periodo máximo de diez días. La operación se está llevando a cabo sin los medios de comunicación cerca, puesto que la policía les ha cerrado el acceso por carretera a tres kilómetros del campo.
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