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La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela ha invitado a la diputada española a comprarse una calculadora
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El gobierno de Venezuela ha ordenado la salida «inmediata» del país de las transmisiones del canal CNN en Español al que acusa de «estar al servicio de las agencias políticas y militares de los Estados Unidos». El presidente Nicolás Maduro acusó este miércoles a la cadena estadounidense de ser «un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias» y de promover una intervención masiva en el país caribeño en alianza con el Departamento de Estado de EEUU.
Es imposible enmarcar la crisis de Venezuela en un sólo año, pero sí es cierto que la trayectoria de los acontecimientos se ha ido degenerando en los últimos 12 meses. Económicamente hablando, la enorme riqueza del país en materias primas como petróleo, minerales o madera no ha servido de mucho. La inversión extranjera (incluida la española) ha disminuido de forma progresiva desde que Maduro se hiciera con el poder, y la caída de los precios del crudo ha provocado situaciones nada favorables como la cancelación de vuelos al país.
La realidad a pie de calle se traduce en una insoportable escasez de comida y medicamentos, que desatan violentas escenas detrás de cada esquina. En España se han organizado múltiples campañas de recogida de alimentos y medicinas para enviar a Venezuela, pero la colecta rara vez llega a su destino. De hecho, Maduro decretó el estado de excepción y de emergencia económica en mayo, una medida que en principio iba a durar dos meses pero que finalmente se alargó varias veces más. La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, ha intentado frenar las decisiones de Maduro en numerosas ocasiones, pero el líder chavista ha apuntalado sus poderes gracias al Tribunal Supremo. La posibilidad de un referéndum revocatorio del mandatario, respaldada por el propio Parlamento, ha quedado paralizada por la justicia.
El número de presos políticos se ha incrementado sin descanso, a pesar de los últimos esfuerzos del Gobierno por rebajar la tensión con los partidos opositores liberando a varios de ellos. De Leopoldo López, quizá el más célebre de los presos antichavistas, incluso se llegó a temer por su vida. La Asamblea Nacional ha acusado a Maduro, a la vista de sus tácticas políticas, de intentar un golpe de Estado, lo que ha terminado de desencadenar las hostilidades parlamentarias. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal alianza opositora, ha impuesto una serie de condiciones al Gobierno para seguir adelante con el diálogo y no convertir el país en una olla a presión. Si es que no lo es todavía.
Desde que Maduro decidió retirar los billetes de 100 bolívares para acabar con las supuestas «mafias» que se apoderan de ellos, el país latinoamericano ha vivido unas semanas caóticas de saqueos y violencia en las calles. La oposición considera un «engaño» la estrategia económica del Gobierno, al que califica de «inepto» y «corrupto» en palabras del gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles: «Nunca hubo un Gobierno más inepto y corrupto. ¡Todo lo que generó en el país y los venezolanos su mentira con los billetes!». Por su parte, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, ha señalado que «los seguidores del Gobierno deben aceptar que los engañaron, así como han hecho en muchas otras oportunidades».
El diputado Gilberto Sojo, preso desde noviembre de 2014, es militante del partido fundado por el opositor encarcelado Leopoldo López, Voluntad Popular (VP). Vladimir Araque fue detenido en mayo de 2014 tras el allanamiento de una empresa ubicada al este de Caracas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Romer Mena, general de brigada retirado del ejército, llevaba encarcelado desde agosto de 2015 por supuesta conspiración contra el Gobierno. Y Leopoldo D’Alta, ex director de la alcaldía Metropolitana, fue detenido en junio de 2015 por la misma causa que Mena. Los cuatro son, junto a Rosmit Mantilla (en la fotografía, liberado el pasado 17 de noviembre), los presos que han salido de la cárcel durante la negociación que mantienen el Gobierno de Maduro y los partidos opositores. Sin embargo, la MUD ha presentado entre sus requisitos para el diálogo una lista de al menos una docena de presos políticos que deberían ser liberados, por lo que aún parece quedar bastante camino para llegar a un acuerdo. De hecho, este mismo martes el Parlamento venezolano ha aprobado una resolución para responsabilizar a Maduro de la crisis que vive el país.
La información, publicada por The Guardian, pone de manifiesto la escasez y la inflación que existen en el país, donde las tensiones entre el Gobierno de Maduro y los partidos opositores no dejan de crecer. «Sufro artritis y necesito comprar medicina. Esto no será mucho, pero al menos puedo comprar analgésicos», cuenta Celina Gonzales, una de las mujeres venezolanas que han vendido su pelo para sobrevivir. Gonzales dio sus cabellos a cambio de 60.000 pesos colombianos, algo menos de 20 euros, lo que equivale a un salario mínimo mensual de Venezuela y varios cheques de comida. «Estoy aquí porque no tengo nada que comer», dice otra mujer que no ha conseguido vender su pelo porque es demasiado corto y fino.
Según informa el periódico El Estímulo, Torrealba ha confirmado esta decisión en los jardines de la Asamblea Nacional, tras una reunión de la coalición de partidos en la que se tomaron «decisiones importantes» en relación al diálogo con el PSUV de Maduro. También añadió que «la solución a la crisis del país es un nuevo gobierno elegido democráticamente». Por otro lado, el alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, ha manifestado en rueda de prensa que el partido Primero Justicia no acudirá a la próxima reunión entre el Gobierno y la oposición, fijada para el 6 de diciembre.
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