La Justicia del estado brasileño de Sao Paulo ha aceptado este lunes abrir un juicio por corrupción al exalcalde Fernando Haddad, el candidato que sustituyó al encarcelado expresidente Luiz Ignácio Lula da Silva en las pasadas elecciones presidenciales, en las que fue derrotado por el ultraderechista Jair Bolsonaro.
Brasil, acosado por los escándalos de corrupción, el aumento de la violencia y una situación económica en retroceso, celebra unas elecciones presidenciales clave para el país más grande de Latinoamérica, con un candidato de la izquierda, Fernando Haddad, empeñado en evitar la llegada de la ultraderecha al poder representada por el capitán en la reserva Jair Bolsonaro
El candidato ultraderechista del Partido Social Liberal (PSL) a la Presidencia de Brasil, Jairi Bolsonaro, ha sido el candidato más votados este domingo con el 45% de los votos, lo que le obliga a concurrir a una segunda vuelta el 28 de octubre con el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, el segundo más votado en las elecciones celebradas este domingo en el país, según los primeros sondeos a pie de urna.
El Partido de los Trabajadores (PT) ha echado el martes todo su peso en la balanza con manifestaciones y una campaña de prensa, en vísperas de la inscripción de la candidatura de su encarcelado líder, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones del 7 de octubre. Tres columnas de un millar de personas llegaron por la mañana a Brasilia, en la llamada «Marcha Nacional Lula Libre», que partió el sábado desde tres localidades a unos 50 kilómetros de la capital, para pedir que el líder de la izquierda, que desde abril purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción, pueda participar en la contienda electoral igual que los otros doce candidatos, informa AFP.
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, ha insistido este martes desde prisión que será candidato en las próximas elecciones que se celebrarán en octubre para «recuperar y consolidar la soberanía del pueblo brasileño», a pesar de que está virtualmente inhabilitado.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde el pasado 7 de abril, ha reafirmado a través de una carta su candidatura para las elecciones de octubre.
El que fuera el presidente brasileño entre 2003 y 2010, Lula da Silva, debe decidir este viernes antes de las 22:00 —las 17:00 en Curitiba— si se entrega a la justicia. El juez anticorrupción Sergio Moro ha decidido concederle a Lula, «en consideración de la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente» ante la Policía Federal de la ciudad brasileña.
El dirigente norcoreano, Kim Jong-un, ha ascendido a su hermana dentro del partido único del país, ha informado la prensa local este domingo. Kim Yo-Jong se ha convertido en miembro suplente del buró político del comité central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, explica la agencia oficial KCNA.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva presta declaración este miércoles por primera vez ante el juez anticorrupción Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras, en un juicio que puede abortar sus pretensiones de volver al poder en 2018, informan varias agencias. El exmandatario, de 71 años, llegó a los juzgados Federales de Curitiba poco antes de las dos de la tarde, hora local, rodeado por un importante despliegue de seguridad, entre vítores de cientos de partidarios. La audiencia se lleva a cabo a puerta cerrada. Moro busca determinar si Lula recibió un lujoso apartamento el litoral del estado de Sao Paulo en concepto de soborno por parte de la constructora OAS, implicada en el escándalo.
La medida estrella del Gobierno de Michael Temer fue aprobada por el Senado por 53 votos y 16 en contra. Esta modificación de la Constitución determina que a partir del año que viene las inversiones públicas quedarán limitadas durante cinco legislaturas y sólo se podrá aumentar el gasto si aumenta la inflación. En el caso de las áreas de salud y educación, los cambios sólo valdrían después del 2018 cuando Temer ya no estará en la presidencia. La PEC 55 ha sido rechazada por diversos movimientos sociales, sindicatos y expertos en Economía. Un estudio elaborado por economistas brasileño, titulado Austeridad y retroceso, apunta que la medida no propiciará crecimiento económico, agravará la crisis económica y debilitará el mercado interno. Desde los partidos de izquierda insisten en que la nueva ley es inconstitucional. “Es una insensatez: la Constitución ciudadana ha dejado de proteger a sus ciudadanos”, lamentó Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores.
Lula y su mujer han quedado formalmente acusados de haber recibido sobornos de la empresa OAS, implicada en el escándalo de Petrobras. La fiscalía acusa al exmandatario y a su esposa de tres delitos: corrupción pasiva, fraude documental y lavado de capitales. Concretamente, Lula habría recibido hasta 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) para una casa de tres plantas en Guarujá, a las afueras de São Paulo. 1,1 millones (330.000 dólares) fueron para la compra de la casa, 926.000 (278,000 dólares) para la reforma y 350.000 (105.000 dólares) para equipar la cocina. Lula, por su parte, ha negado ser propietario de la vivienda y asegura que los cargos presentados por la fiscalía en su contra “tienen motivación política”, carecen de respaldo jurídico y son una “farsa”, según un comunicado de sus abogados.
El futuro del exmandatario, que ha manifestado en varias ocasiones su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, pende de la decisión del juez Sérgio Moro, responsable de la investigación y considerado un archienemigo declarado del exmandatario del Partido de los Trabajadores.