Los rasgos de la cara también son datos personales
La biometría se está convirtiendo en el gran caballo de batalla por nuestra privacidad
RGPD
El Constitucional admite a trámite el recurso del Defensor del Pueblo contra el spam electoral
En plena efervescencia política por las próximas elecciones generales del 28 de abril, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este martes por unanimidad admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra el artículo del Régimen Electoral General (LREG), la conocida como ‘ley de spam electoral’, que permite a los partidos recoger opiniones políticas de usuarios en internet.
Los partidos podrán a partir de ahora usar tus datos para mandarte 'spam' electoral
Por correo electrónico, por sms al móvil, por mail y hasta por WhatsApp. Por todos estos medios podrán los partidos políticos enviarte de forma masiva ‘spam’ electoral. El Senado ha dado luz verde este miércoles, con 220 votos a favor y 21 en contra, la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que permite a los partidos para rastrear datos personales y opiniones políticas en redes sociales, sin necesidad del consentimiento del afectado para hacer perfiles ideológicos y personalizar la propaganda en campaña electoral.
Así te afecta el nuevo Reglamento General de Protección de Datos
Quizás hayas recibido estos días en tu bandeja de entrada un correo de una organización que te pide renovar el consentimiento para utilizar tus datos personales. Quizás hayas recibido decenas. El motivo no es otro que la aplicación, a partir del viernes, 25 de mayo, del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que se aplicará en toda la Unión Europea. Se trata acaso de la mayor regulación que ha vivido el mundo de Internet desde su creación. La premisa es que el usuario tenga más control sobre el uso que hacen las empresas de sus datos personales para evitar abusos como el de Cambridge Analytica. Esto implica que al usuario «le dará más control sobre cómo tratan sus datos las empresas», cuenta a The Objective el abogado experto en Derecho Tecnológico Sergio Carrasco.
