El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha abierto un juicio oral contra el exdirector general del FMI Rodrigo Rato por una presunta estafa a los inversores en la salida a Bolsa en 2011 de Bankia, entidad que él presidió.
El ex vicepresidente y ex ministro de Economía del Partido Popular (PP) con los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, se sentará en el banquillo de los acusados por presuntas irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia, ha anunciado este jueves la Audiencia Nacional.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero. La Audiencia considera que “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública”, informa Efe.
La Audiencia Nacional ha decidido este viernes no procesar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y a otros altos cargos por la salida a Bolsa de Bankia, entidad presidida entonces por Rodrigo Rato. Sin embargo, la justicia española ha revocado la decisión de exculpar a la auditora Deloitte en la que sí ve indicios de responsabilidad penal. Deloitte fue exonerada inicialmente por el juez instructor, Fernando Andreu, al considerar que el socio auditor, Francisco Celma, tenía cierta autonomía profesional frente a la firma, manteniendo únicamente la responsabilidad civil para la auditora.
El juez del ‘caso Rato’, Antonio Serrano-Arnal, ha archivado de forma provisional la investigación por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos contra el exministro de economía Rodrigo Rato al estimar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) basó su denuncia en “sospechas sin sustento”.
Podemos se une a la protesta a golpe de autobús, y este lunes ha sacado a la calle su ‘tramabús’, un vehículo que mostrará a todos los ciudadanos las caras de quienes han llevado el país a la ruina, según afirman desde la formación morada. El objetivo es “romper la ley del silencio” y “poner nombres y apellidos” a todos aquellos políticos, empresarios e incluso periodistas que han contribuido a “saquear España”.
Puesto que es verdad, otros no lo hicieron y nos costó caro, conviene decirlo: fue UPYD quien se querelló contra Bankia por su salida a Bolsa y quien denunció la existencia y el uso de las tarjetas Black… además de presentar otra serie de denuncias por corruptelas, corrupciones, mala gestión o ilegalidades varias cuando concluimos que no quedaba otro remedio que recurrir a la vía legal.
Tanto Blesa como Rato tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron todos los acusados, fijadas en 12 millones de euros, aunque el Tribunal explica que se deberá descontar “en ejecución de sentencia las atribuidas al consejero fallecido, Miguel Angel Araujo, así como las cantidades que se han considerado prescritas y que por tanto no han sido sometidas a juicio oral”.
Los otros acusados han sido condenados como colaboradores, excepto el ex director General de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj – condenado a dos años y seis meses de cárcel – a quien “se le considera colaborador y cómplice de la operativa desarrollada que contribuyó a mermar el caudal de la entidad bancaria”, según la sentencia. Tanto a Barcoj como a Blesa y Rato ha sido absueltos del delito de administración desleal.
La sentencia mantiene que el dinero que representaba el uso de esas tarjetas no se incluía dentro de las relaciones contractuales de los acusados ni figuraba en el certificado de haberes y certificados de retención del IRPF que Caja Madrid facilitaba cada año para que realizaran sus respectivas declaraciones de la renta. Algo que los procesados conocían, a diferencia del importe de las dietas, cuya cantidad “sí que figuraba en aquel documento, junto a la correspondiente retención”. Todos los condenados, según explica la sentencia, conociendo la previsión legal y estatutaria sobre la única percepción dineraria contra la entidad, que era la dieta y después de comprobar que la tarjeta corporativa no respondía a ello “les dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid, contribuyendo con su proceder a la merma del mismo propiciada por el acusado Miguel Blesa”.
La fiscalía había solicitado que el tribunal tuviera en cuenta como atenuante las devoluciones en Bankia o en el FROB de las cantidades extraídas por parte de algunos de los encausados.
El caso de las ‘tarjetas black’ se remonta a 1988 cuando el entonces presidente de Caja Madrid, adoptó un sistema de retribución para los consejeros a través de tarjetas visa que se complementaba con las dietas. En 1995, el presidente informó a los consejeros de que las tarjetas eran para gastos de representación. Según la Audiencia, cuando Blesa llegó a la presidencia de Caja Madrid recibió dos tarjetas y “propició” que los demás directivos usaran la tarjetas sin necesidad de justificar los gastos. Una actuación que después adoptó Rodrigo Rato cuando le sustituyó.
En enero de 2016, después de años de complicada instrucción del caso Nóos dirigida por el juez José Castro, en la que no faltaron duras críticas contra su persona por haber procesado, nada más y nada menos, que a una hija y hermana de reyes, y con una fiscalía que actuó más como abogado defensor de la real imputada, se abrió finalmente juicio oral contra ella y el resto de los implicados. Frente a las presiones para evitar que la hermana del rey Felipe VI se sentara en el banquillo, la imagen finalmente se produjo y fue portada de los telediarios y periódicos de medio mundo. Está acusada de presunta cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública por defraudar al fisco en los ejercicios 2007 y 2008. “Qué ganas tengo de que acabe esto para no volver a pisar más este país”, dicen que comentó en un momento del juicio, según han reproducido varios medios nacionales. Y es que la infanta vive desde hace unos años en Suiza con su familia. Su marido Iñaki Urdangarín, ex jugador de balonmano metido a empresario, y su socio Diego Torres, son los principales encausados. El ex Duque de Palma está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide para él 19,5 años de cárcel. Se esperaba que la sentencia se conociera a finales de este año, pero la complejidad del caso está retrasando la decisión del Tribunal, quizá porque no debe de ser fácil enviar a la cárcel al cuñado del rey.
Si la imagen de una infanta de España en el banquillo acaparó portadas, la del ex vicepresidente y ministro de Economía en los Gobiernos de José María Aznar, además de ex gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, declarando ante un tribunal fue un bombazo mediático. Un año antes, su detención por presunto fraude en el uso de las tarjetas black de Bankia, entidad que también presidió, fue devastadora y supuso el principio del fin de quien en su día fue una de las personas más influyentes del país. A partir de ese momento, las informaciones sobre fraude fiscal, uso de testaferros y actuaciones delictivas le han acompañado. Declaró el pasado mes de octubre en el juicio y el fiscal pide para él cuatro años y cinco meses de cárcel por el uso fraudulento de tarjetas opacas para Hacienda, con las que él y otros 64 directivos de Caja Madrid, primero, y Bankia, después, gastaron más de 12 millones de euros. La sentencia se espera para 2017.
El 4 de octubre comenzó el más esperado de los juicios, el del caso Gürtel, después de más de siete años de instrucción. Un total de 37 acusados que suman 740 años de cárcel, implicados presuntamente en la trama dirigida por Francisco Correa en la que, según la acusación, se amañaron contratos por valor de 353,6 millones de euros en la Comunidad de Madrid, Gobierno de Castilla y León, ayuntamientos de Madrid, Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey, los consistorios andaluces de Estepona y Jerez, y AENA (el operador aéreo que depende de Fomento). Uno de los mayores escándalos de corrupción sobre el que planea la sospecha y una investigación abierta de presunta financiación ilegal del Partido Popular, con el ex tesorero Luis Bárcenas a la cabeza. En el juicio, Correa aseguró que la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova era “como mi casa”, “pasaba más tiempo en la sede del PP que en mi despacho”. Demoledor. Además, entre los procesados están Álvaro Perez, alias ‘el Bigotes’, y supuesto conseguidor en la pieza abierta relativa a la presunta trama de corrupción del PP en Valencia. La ex ministra de Sanidad, Ana Mato, procesada como partícipe a título lucrativo por los presuntos delitos que cometió su ex marido, Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, o Pablo Crespo, supuesto número 2 de la trama Gürtel, y ex dirigente del PP en Galicia, son algunos de los encausados en un juicio que sigue su curso.
En 2017 estos tres casos de corrupción seguirán siendo noticia porque, una cosa está clara, las sentencias que se dicten no pasarán inadvertidas para nadie.
Los otros dos problemas que denuncia son el retorno forzado y maltrato de personas que buscan asilo por parte de la Policía y la violencia contra mujeres y niños. EEUU apunta que el Gobierno español persiguió de forma generalizada las prácticas corruptas, pero que en ocasiones se ha tenido la impresión de impunidad y se han aplicado condenas escasas. Destaca en su informe el caso de Rodrigo Rato. “El Gobierno acusó a Rato de lavado de dinero, evasión de impuestos y fraude”, y reseña su implicación “en un caso que empezó hace casi tres años” con el fraude de Bankia.
Y a esto hay que darle la vuelta. Si la sociedad no es capaz de hacerlo ahora, que paren este autobús, que un servidor se baja.
En nuestra democracia real se deslizan pedacitos de la imaginación. El pedazo que ocupa la ficción, claro, amputa una porción del cuerpo de la realidad, de manera que hay días que andamos sin aire, otros cojos, algunos días ciegos y, por lo general, sordos.