El presidente autonómico Carles Puigdemont interrumpió una sesión del Parlamento de Cataluña para proclamar que “la democracia española está enferma”. El diagnóstico es certero. Lo que resulta extraño es que sea él quien lo profiera. Es como si, estando en cama con fiebre, un paciente recibe la visita de sus virus para que le anuncien apesadumbrados: “Parece que tiene usted una gripe”.
Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, día de la consulta. El TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional “comunicó directamente la existencia” de la resolución al expresident mediante un correo electrónico. El Gobierno catalán argumenta que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, el auto apunta que la Generalitat permitió que los trabajos encargados a empresas privadas siguieran adelante. El 9-N, día de la votación, “acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica” presidida por Mas, señala el auto. Y continúa: Mas, “auxiliado” por Ortega y Rigau, “articuló una estrategia de desafío completo y efectivo” a la suspensión ordenada por el TC. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.
La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún “cargo público electivo” ni “ejercer funciones de gobierno” en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.