La Fiscalía del Tribunal Supremo ha llevado a cabo otra investigación relativa al gasto en tarjetas de crédito del rey emérito, Sofía de Grecia y varios familiares cercanos, según ha publicado Eldiario.es. Este caso es ajeno al procedimiento abierto sobre una cuenta en Suiza atribuida a su misma persona y el posible cobro de comisiones por las obras del AVE a La Meca.
Lo más importante: los movimientos de estas tarjetas se ubican entre los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, tras la abdicación de Juan Carlos I. El haberse producido en esos años significa que ya no gozaba de la protección constitucional que le hacía inimputable por cualquier delito. Por tanto, podría ser investigado ante el Tribunal Supremo.
Los fondos de estas tarjetas opacas proceden de fondos del extranjero, en la que ni el rey emérito ni su esposa figuraban como titulares. La Justicia ya ha emitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia del dinero. Desde el mismo medio han señalado que no aparecen como beneficiarios ni el actual rey, Felipe VI, ni su cónyuge, Letizia Ortiz. Tampoco sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la infanta Sofía.
Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio. Además, durante la investigación ya se ha identificado a dos personas que podrían estar vinculadas con la trama: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.
Por su parte, Inspección Fiscal ha abierto un expediente para aclarar de donde ha procedido la supuesta «fuga de información» y filtración de datos de carácter reservado a un medio de comunicación, a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes. Estos hechos ya han sido comunicados al delegado de Protección de Datos de la FGE a los oportunos efectos.