La Fiscalía defiende que el Supremo juzgue el procés porque los hechos afectan al "interés de España"

La Fiscalía ha defendido este martes que se juzgue a los acusados del procés en el Tribunal Supremo porque considera que sus acciones supusieron “un atentado grave contra el interés general de España”, mientras que las defensas de los acusados han abogado por juzgarlos en Cataluña por considerar que el Tribunal Supremo es “sensible a las injerencias del poder político”.

En la vista de los artículos de previo pronunciamiento celebrada este martes, equivalente a las cuestiones previas, las partes han analizado ante el tribunal, compuesto por siete magistrados y presidido por Manuel Marchena, la competencia del Tribunal Supremo para juzgar los hechos. En la vista han estado presentes las defensas de los 18 acusados, los fiscales Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

Según las alegaciones hechas por las defensas, es el alto tribunal catalán y no el Tribunal Supremo el que debería sentar a los acusados en el banquillo dado que el proceso soberanista catalán y los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre de 2017, el referéndum del 1-O y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI) -suspendida por el Tribunal Constitucional- ocurrieron íntegramente en Cataluña.

Sin embargo, la Fiscalía considera que el procés fue un “atentado grave al interés general de España” en el que se intentó derogar la Constitución y proclamar la independencia de Cataluña, lo que obligó a aplicar el artículo 155 de la Constitución.

El artículo 155 es clave para la Fiscalía, pues este requiere para su puesta en marcha el “incumplimiento de las obligaciones de Cataluña” y un “atentado contra el orden constitucional”, lo que “proyecta el resultado en todo el territorio nacional”, ha explicado el fiscal.

Además, la Fiscalía ha señalado que la hoja de ruta del procés decía que “era absolutamente necesario internacionalizar el conflicto”, a pesar de que las defensas afirman que en el extranjero solo se produjeron “actos aislados”. Las defensas han insistido en que todo ocurrió en Cataluña y que, en el caso de darse los delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación, estos habrían ocurrido en dicha comunidad autónoma, pues argumentan que la planificación y la ejecución de los hechos se realizaron allí.

Además, han señalado que el expresidente de la Generalitat Artur Mas fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la consulta del 9N, lo que han utilizado como principal argumento para que el juicio del procés se celebre en Cataluña.

«Con Mas nadie nos planteamos que la competencia era del Tribunal Supremo. Oigan, no han pasado 30 años», ha dicho Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, un argumento que el fiscal ha rechazado por la naturaleza del delito cometido.

La ley fija un día de plazo para resolver las cuestiones previas planteadas, aunque fuentes jurídicas han señalado a Efe que es posible que haya que esperar unos días más para conocer la decisión del tribunal.