Francisco Camps, procesado por la construcción del circuito de F1 en Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha incoado procedimiento abreviado contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores en la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la ciudad.

Según el auto al que ha tenido acceso la agencia Efe, la jueza afirma que existen indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps como autor de los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho y/o tráfico de influencias, al haber «impulsado y permitido» la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1.

Añade la jueza que Camps lo hizo «al margen» de las funciones propias de su competencia de president, de la legislación aplicable y utilizando «indebidamente fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos» y dando trato de favor a determinadas empresas, que resultaban beneficiarias de adjudicaciones públicas.

El expresident «ideó, planificó y promovió» la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, «bajo una pretendida apariencia de legalidad que no se correspondía con la realidad, y a sabiendas de ello y de la incompetencia» del órgano contratante, el Ente Gestor de Transportes y puertos (GTP), indica el auto.

La jueza ve una actuación reprochable penalmente de cuantos, «capitaneados» por Camps, participaron en el proceso «precipitado» y «al margen de la legalidad» para que Valencia acogiera en el verano de 2008 su Primer Gran Premio de Fórmula 1, lo que llevó al «dispendio de fondos públicos y al gasto de más erario público» al no haberse hecho un detallado planeamiento.

Además, atribuye al expresident un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades, personal del Ayuntamiento y de la Conselleria de Infraestructuras y empresas para contar con un circuito de F1 para su «rédito personal» que anunció que tendría «coste cero», cuando supuso 88’8 millones de euros entre 2007 y 2017.

En total, la jueza procesa a 16 personas, entre ellas el exvicepresidente del Consell y coordinador de la campaña electoral de 2007, Vicente Rambla, por su «papel director» de los grandes eventos y como «continuador» del mecanismo instaurado para financiar los actos del PP en las elecciones autonómicas de 2007, basada en facturas ficticias o aportaciones de efectivo por empresas.

El auto acuerda el sobreseimiento provisional de 17 personas, entre ellos el ex secretario autonómico David Serra, la exasesora de Camps Belén Reyero o el empresario Pablo Cotino, al no reprochable penalmente su comportamiento.

Este auto, contra el que se puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días, ha sido trasladado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía de la Generalitat para que formulen escrito de acusación en el que pidan apertura de juicio oral o de sobreseimiento de la causa.

Camps recurrirá su procesamiento porque la jueza se «excede» en competencias

Francisco Camps ya ha asegurado que recurrirá la decisión del juzgado ya que, en su opinión, la jueza sustenta su decisión en un análisis que «excede de sus competencias». En declaraciones a Efe, ha indicado que durante la instrucción se ha probado que «ni la Intervención de la Generalitat, ni la Sindicatura de Cuentas ni la Abogacía de la Generalitat pusieron nunca ningún reparo o problema» a la construcción del circuito.

Por este motivo ha afirmado que la jueza «excede sus competencias» al intentar situarse por encima de los sistemas de control de la administración autonómica, «que es a quienes les corresponde el análisis jurídico y fiscal de la administración».

Ha añadido también que la Intervención de la Generalitat ha emitido un informe incorporado a la causa en el que «asegura que no ha habido ningún daño para el erario público y que toda la contratación estaba bien hecha». En este sentido ha afirmado que «el coste cero del circuito es una realidad porque dos tercios del trazado están abiertos al público y forma parte de la trama urbana de la ciudad».

También ha considerado que la jueza no puede basar su procesamiento en la afirmación de que el expresident promovió la construcción del circuito para obtener un rédito político ya que, en opinión de Camps, «las cuestiones políticas deben sustanciarse en el parlamento o en la opinión pública», pero no deben ser consideradas por un juzgado.