Por qué más de 10 millones de sirios pueden perder el derecho a conservar su casa

El conflicto armado en Siria ha causado, desde el año 2011, más de 11 millones de desplazados, de los cuales casi 6 millones son desplazados internos y más de 5 millones son refugiados en otros países, según las últimas cifras de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 2018. Ahora, todos ellos, tras verse forzados a abandonar sus hogares, se enfrentan a otro gran problema, perder el derecho de posesión de sus viviendas y la posibilidad de regresar a sus casas.

A raíz de la nueva ley de propiedad siria, conocida como Ley 10, anunciada en abril, todos los desplazados sirios -o un pariente en su nombre- deben reclamar la propiedad de sus hogares o se arriesgan a que pasen a manos del Estado, algo que el secretario del Consejo Popular del Parlamento de Siria, Jaled Abbud, niega, y asegura que Assad no ha emitido ningún decreto al respecto, pero no descarta que con el tiempo, «se les puede pedir a los ciudadanos sirios que confirmen su propiedad». Los sirios deben presentar sus escrituras en las oficinas locales del consejo en el país, y el plazo acaba el 11 de mayo.

El problema es que la mayoría de los desplazados no conserva las escrituras de sus viviendas o no quiere volver a demostrar su propiedad ante el Gobierno, al considerarlo un sistema de control. Los analistas y expertos aseguran que el ajustado plazo que el Gobierno sirio ha dado podría servir como un instrumento de cambio demográfico e ingeniería social.

«A millones de desplazados y refugiados les será imposible demostrar la titularidad», indica a The Guardian Maha Yahya, directora del Centro Carnegie para Oriente Próximo, con sede en Beirut: «Muchos ya no tienen las escrituras, otros viven en asentamientos informales y no tienen documentos legales que demuestren la titularidad y para otros, especialmente los refugiados, volver a Siria para demostrar la titularidad equivale a una misión suicida».

De acuerdo con el artículo 2 de la ley, un organismo regulador será responsable de elaborar una lista de propietarios de inmuebles, condicionada a la recepción de documentación que respalde los reclamos de propiedad, para las áreas bajo control gubernamental. Las propiedades que no son reclamadas por sus dueños, se convertirán en parte de un plan para reorganizar las áreas a las que pertenecen en nuevas zonas residenciales.

El fundador de Al-Marsad, el Centro Árabe de Derechos Humanos en los Altos del Golán, Nizar Ayoub, asegura a Al Jazeera que «esta ley puede privar efectivamente a millones de sirios de sus tierras y propiedades», y añade: «Es la última de una serie de medidas tomadas por el estado para castigar a quienes se han opuesto al gobierno de Assad al negarles sus derechos sobre sus tierras».

Con esta ley, las autoridades sirias pueden recuperar de manera simple y rápida las propiedades que fueron legalmente pagadas, poseídas o habitadas por civiles sirios. No obstante, el Gobierno alega que la nueva norma está destinada a abordar el problema de las áreas ocupadas ilegalmente y la reconstrucción de las tierras gravemente afectadas por la guerra. Los expertos legales sirios afirman que el texto se centra en zonas cercanas a Damasco que han quedado muy dañadas por la guerra pro que no incluye a las zonas que no se han visto afectadas por los enfrentamientos.

Similitud con las leyes de Israel y Líbano

La medida ha sido comparada con las leyes promulgadas en Líbano después de la guerra civil para confiscar tierras en el centro de Beirut, y la ley de propiedad ausente en Israel en 1950, que legalizó las incautaciones de propiedades de palestinos expulsados ​​de sus tierras tras la guerra de 1948.

En los últimos años, la Ley de Ausentes ha sido utilizada por grupos de derecha que buscan aumentar la presencia judía en Jerusalén Este , que tradicionalmente está dominada por barrios árabes.