El 'Madurazo': la misma inflación con menos dígitos

Esta semana el Gobierno de Venezuela oficializó la devaluación de su moneda, el bolívar, en un 96% en relación al dólar, según la nueva tasa oficial. Con la llamada reconversión monetaria que vio la luz el 20 de agosto de 2018, se le ha quitado tres ceros al bolívar que pasa ahora a llamarse  «bolívar soberano». Esta medida forma parte del conocido popularmente como ‘Madurazo’ o ‘paquetazo’ que incluye, principalmente, otras dos medidas económicas con las que el presidente Nicolás Maduro pretende la “recuperación y expansión económica” del país sudamericano.

Las otras dos son aumentar 35 veces el salario mínimo (un 3.500%) y el incremento del impuesto sobre la renta o IVA del 12 al 16%. Tres medidas que, según los economistas, lo que producirán es más inflación, escasez, miseria, hambre y un mayor éxodo, que ya supera los 4 millones de venezolanos, según una encuesta de diciembre de 2017 realizada por Consultores 21 –el mayor desplazamiento forzado de personas en la historia de América Latina–.

Esta situación parece no tener vuelta atrás a corto plazo, de acuerdo a las últimas políticas que ha aplicado el Ejecutivo. Tan solo con la devaluación y el aumento del salario, se espera un fuerte impacto en todos los precios de productos y servicios para las próximas semanas, en una economía que sufre una escasez crónica, tanto de bienes terminados como de materias primas, y con un aparato industrial trabajando al 30% de su capacidad instalada, en promedio, según gremios empresariales.

El economista venezolano Asdrúbal Oliveros dice que “el aumento de precios no va a detenerse porque estamos en una dinámica hiperinflacionaria que provoca una caída brutal de la demanda de bolívares y hace que la gente compre todo lo que pueda para intentar retener valor”. Hay que tomar en cuenta que los precios ya venían creciendo a una tasa de 125% anual.

Por su parte, el periodista especializado en Economía Omar Lugo añade que las medidas tomadas por Maduro podrían compararse con un “sacudón, un tsunami o un terremoto de alta magnitud”. Todavía se están midiendo las consecuencias del ‘paquetazo’.

En cuanto al salario, el Gobierno ofrece pagar durante los próximos 90 días la diferencia entre el monto actual y el aumento pero todavía se desconoce cuál será el proceso para que esto sea posible. “En este contexto, el chavismo vuelve a echar mano de la máquina de imprimir dinero para poder cumplir con la promesa populista de pagar los sueldos de todo el sector público y de todo el sector privado que se lo pida, una acción que genera más inflación”, acota Lugo.

La hiperinflación en el país sudamericano, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) se proyectaba en 1.000.000% para el cierre de este año y ahora apunta a 44.000.000% (cuarenta y cuatro millones), cifra basada en el resultado semanal que venía repuntando antes del paquete.

Más preguntas que respuestas

Un comerciante de Caracas que prefirió mantener el anonimato, ha expresado a The Objective que ninguna empresa “ni pequeña, ni grande, ni mediana puede sostener un aumento de esa magnitud de los salarios sin hacer ajustes en los precios”. “No está claro cómo vamos a pagar los salarios de septiembre”, muestra su preocupación y coincide con Oliveros en que “aunque el Gobierno ha dicho que va a ayudar durante los próximos tres meses, desconocemos cuáles son los pasos para acceder a esas ayudas”.

Según ha anunciado el Estado, el aumento de sueldo va a instrumentalizar a través del Seguro Social –que en la práctica no ofrece reales beneficios para los ciudadanos ya que, por ejemplo, no hay hospitales ni medicinas que retribuyan al contribuyente–. Según ha reflejado la última encuesta Nacional de Hospitales, estos centros médicos registran una escasez de medicamentos del 88%. El Seguro Social sirve para que las personas cuando son mayores reciban una pensión que tiene un monto similar al del salario mínimo.

Otro mecanismo a través del cual se espera que llegue el extra sueldo llegue a los ciudadanos, es a través del llamado Carnet de la Patria –la tarjeta electrónica de racionamiento de bienes y servicios y de subsidios que ofrece el Estado a cambio de un mayor control político–.

Por su parte, Asdrúbal Oliveros afirma que, aunque muchos sienten que el aumento de salarios y la prohibición de aumentar precios, es una sentencia a muerte a la empresa privada, “no vale generalizar” debido a que hay algunas empresas que venían haciendo ajustes de sueldos de forma periódica. La medida “golpeará especialmente a empresas de servicios, Pymes y pequeños emprendimientos”. A la compleja situación se le suma la desconfianza por parte de las empresas dado la naturaleza controladora del Ejecutivo, acota el analista.

Regular (más) los precios

Uno de los mecanismos a los que acude el chavismo para frenar el aumento de los precios es controlarlos. Cosa que lleva haciendo durante los últimos años a pesar de que no ha tenido un impacto positivo en la economía.

El Gobierno ya ha establecido los precios de 25 productos con un coste máximo regulado o, como lo denomina este, “acordado”. En la lista publicada en el texto oficial figuran los nuevos costes de productos que llevan tiempo desaparecidos de los anaqueles como harina de maíz, arroz, aceite vegetal o azúcar refinada y que muchos venezolanos obtienen a precios muy superiores los establecidos por la vía de revendedores.

Estos también se pueden obtener –todos importados– a través de las cajas subsidiadas por el Gobierno que además llegan con irregularidad y a un sector específico de la población registrado en planes oficiales.

#ATENCIÓN 🗣️| Estos son los precios acordados entre Ejecutivo venezolano y sector agroindustrial para 25 productos de la canasta básica publicados en Gaceta Oficial No. 6.397 luego de la fijación del salario mínimo en Bs. S 1.800 #22Ago#PreciosJustosAcordados pic.twitter.com/SdwcmPeJSI

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) 22 de agosto de 2018

Hay que recordar que ya esta economía, que es la única con hiperinflación en el mundo, tiene un control de las tarifas de precios para numerosos productos. “El Gobierno está convirtiendo a estos controles, de nuevo, en una propaganda política para echarle la culpa de la inflación a los malos de siempre: los comerciantes, los industriales y el sector privado”, sostiene Omar Lugo.

Uno de los problemas a los que se enfrenta el sector privado es que se le tiene prohibido aumentar precios, aunque la mayoría lo está haciendo bajo cuerda a pesar de la orden indirecta.

Este miércoles fueron detenidos dos gerentes de operaciones de la red de supermercados Plan Suárez en Caracas por remarcar precios y aumentarlos, según el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en 200% aunque el incremento salarial ha sido de más de 3.000%. Por la misma razón fue detenido en la ciudad occidental de San Felipe un gerente de la cadena de farmacias Farmatodo.

1. Tras denuncias hechas por aumento especulativo de precios contra el pueblo, comisiones del Faes junto a funcionarios del MP y Sundee realizaron operativo de verificación en el supermercado Plan Suárez, en Caurimare, donde pudieron constatar remarcaje de precios en un 200%. pic.twitter.com/NIsIH0WUNz

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 22 de agosto de 2018

2.Por este delito han sido detenidos el Gerente del establecimiento, Alejandro Quintana, y el Subgerente, Graciano La Rosa. Además, en el supermercado tenían alimentos acaparados y no presentaron facturas que justificaran los precios al público. pic.twitter.com/zrC0bd37mm

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 22 de agosto de 2018

El problema es que el control de los precios no toma en cuenta toda la estructura de costos de la industria. “Si hablamos del pollo, resulta que su alimento viene del extranjero y se compra a dólar libre (no oficial). El animal para convertirse en proteína y ser llevado a la mesa, atiende a una serie de costos a lo largo de toda la cadena de comercialización y el Gobierno está regulando solo la parte final del proceso y no todo lo anterior”, explica Lugo. Esto sucede en casi todos los ámbitos comerciales.

Uno de los principales problemas ante las nuevas medidas es que el Gobierno nacional no tiene fuentes de financiamiento sólidas, estables y sostenibles. El país depende fuertemente de las importaciones y sufre una grave caída en el ingreso de divisas debido a la fuerte merma de un tercio en la producción de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en los dos últimos años. De modo que no hay actividad económica interna que pueda sustentar un aumento de la recaudación y de los ingresos fiscales.

“De esta forma, es previsible que el tipo de cambio bolívar dólar continuará su escalada y también echará más leña a la vorágine inflacionaria. Por lo pronto, la única respuesta del gobierno chavista es maquillar a un muerto, al eliminar tres ceros al bolívar, para introducir el “bolívar soberano”, donde un bolívar equivale al de 100.000 de antes, de modo que se trata de la misma inflación pero con menos dígitos. Todas las proyecciones matemáticas permiten estimar a la fecha, -y en ausencia de medidas estructurales- que en pocos meses la nueva moneda será inútil”, ha concluido Lugo.