Adiós al diésel y la gasolina: ¿cómo se conducirá en 2035?

Reducir las emisiones de CO2 más de la mitad en 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono dos décadas después. Lo que antes era un objetivo ahora es un plan con un borrador de hoja de ruta diseñado. La Comisión Europea ha propuesto eliminar por completo la compraventa de coches y furgonetas de combustión —ya sean de gasolina, de diésel o incluso los híbridos— en 2035. A partir de entones, solo coches eléctricos. Es uno de los pasos del organismo presidido por Ursula von der Leyen para «reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990» y hacer que Europa sea «el primer continente climáticamente neutro del mundo en 2050».

A la Comisión aún le quedan meses de negociaciones con el Parlamento Europeo y con los Gobiernos de los 27 Estados miembro para que este plan sea una realidad, pero ¿qué pasará entonces? ¿Qué se podrá hacer y no hacer en las carreteras europeas a partir de 2035?

Implicaciones de la medida

La idea de la Comisión es vetar la venta de vehículos que no sean eléctricos o de hidrógeno, pero no su uso. Esto significa que, si un cliente compra un coche diésel en 2034, podrá conducirlo pasada la fecha fijada por Bruselas. Además, la medida tampoco afectará a los vehículos vendidos en el mercado de segunda mano.

Cómo afectará la medida a los bolsillos es otro de los puntos clave de la medida europea, pues, por el momento, los vehículos de combustión son sensiblemente más baratos. «Según nuestros cálculos, solo el 19% de la población tiene medios económicos para comprarse un vehículo eléctrico», cuenta a The Objective Raúl Morales, portavoz de la patronal de concesionarios Faconauto. «Es esencial que se cambie este gap, la movilidad eléctrica tiene que ser para todo el mundo independientemente de su situación económica». Para reducir esta brecha en el acceso a la movilidad verde, Morales apuesta, «en este momento de transición», por que haya «un apoyo por parte de las administraciones públicas para acercar el vehículo eléctrico al ciudadano de a pie», pero añade que, «en paralelo a ese apoyo, el precio del vehículo eléctrico se va a ir abaratando porque cada vez va a haber más producción de esos coches y, cuanta más producción haya, más baratos van a ser».

En este punto se muestra de acuerdo la Comisión Europea. Por eso, el plan del organismo presidido por Ursula von der Leyen prevé eliminar los incentivos a la compra de vehículos sin emisiones en 2030. En España, el Ministerio de Transición Ecológica calcula que la brecha de precios se eliminará cerca de 2025. Precisamente el coste es uno de «los dos puntos principales» en los que trabajar para implementar definitivamente el coche eléctrico, según el portavoz de Faconauto. ¿El otro? Los puntos de recarga.

«A la cola de Europa»

Según la patronal de concesionarios, España cuenta con solo 11.517 de acceso público, una cifra que la sitúa «a la cola de Europa». El organismo lamenta, citando datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), que «España representa el 12% del territorio, pero solo tiene el 3% de la recarga». Para ello, Faconauto ha diseñado, junto con la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) el Mapa de despliegue de puntos de recarga de acceso público para vehículos electrificados, una hoja de ruta para conseguir 340.000 puntos de recarga de acceso público en 2030.

«Primero se decía que no hay suficientes modelos: ahora ya hay suficientes modelos; después se ha hablado de que la autonomía no era suficiente: ya hay muchos modelos con una autonomía suficiente para hacer viajes razonables». Para Faconauto y Anfac, se acabaron las excusas y su proyecto prevé no solo una hoja de ruta a seguir para lograr los 340.000 puntos de recarga públicos en 2030, sino «que las partes que aborden esas inversiones tengan esos objetivos como algo vinculante». El despliegue de esta infraestructura por toda la geografía nacional es «lo que más prisa corre ahora mismo» para cumplir con los objetivos marcados tanto por Europa como por el Gobierno español.

Porque, además del objetivo de la Comisión, Madrid también se ha fijado sus propias metas en cuanto a movilidad verde. La Ley de Cambio Climático del pasado abril establecía, por ejemplo, que todos los Ayuntamientos con una población de 50.000 habitantes o más deben contar con zonas de bajas emisiones que limiten la movilidad de los vehículos de combustión —una suerte de Madrid Central, pero en Ferrol, Estepona, Alcoy…—. También deberán tenerlas los municipios con más de 20.000 habitantes cuya calidad del aire sea baja.

«Nosotros compartimos el objetivo de ir hacia la descarbonización de la movilidad, el sector está desde hace muchos años trabajando e invirtiendo muchos recursos en avanzar hacia ese objetivo», cuenta Raúl Morales, «pero lo que nosotros decimos es que esa transición tiene hacerse mirando más a las necesidades del ciudadano».