Rousseff y el PT se juegan su futuro en el escándalo de Petrobras

La presidencia de Dilma Rousseff está en peligro. A sólo 100 días de haber iniciado su segundo mandato al frente del gobierno de Brasil, su popularidad se ubica en un 13%, según el Instituto de Investigaciones Datafolha, y en un 12%, de acuerdo con el Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística Ibope.

La caída en barrena del apoyo a la mandataria ha despertado el fantasma del llamado impeachment, proceso al que fue sometido hace dos décadas su antecesor Fernando Collor de Melo, cuyo gobierno terminó manchado por los problemas de corrupción y la alta inflación.

El estudio más reciente de la firma Datafolha señala que un 63% de los consultados apoya la posibilidad de que el Congreso abra ese juicio político con miras a la destitución de Rousseff. Esa misma encuesta revela que un 75% de los ciudadanos está de acuerdo con las multitudinarias protestas en contra de la presidenta.

Detrás de la caída abrupta del apoyo a la gobernante están los crecientes problemas que afronta la economía brasileña y, sobre todo, los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras y que implican a un elevado número de altos cargos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). El caso ha llevado la credibilidad de la mandataria a sus niveles más bajos.

Las investigaciones de la Fiscalía señalan que unos 49 políticos, en su mayoría pertenecientes al PT y al entorno de la mandataria, podrían haber recibidos sobornos de empresarios para favorecer a determinadas compañías privadas en licitaciones de Petrobras y sus filiales. La trama de corrupción habría manejado hasta 10 mil millones de reales (aproximadamente unos 2.914.400.000 de euros) en los últimos años.

El llamado caso “Petrolao” ha afectado a figuras clave como Joao Vaccari, actual tesorero del PT, quien está imputado por corrupción, asociación ilícita y lavado de dinero. Ha sido llamado a declarar ante una comisión del Congreso designada para investigar y clarificar los hechos.

Aunque los miembros de la bancada oficialista presuntamente involucrados han negado tajantemente las acusaciones y han asegurado que el dinero recibido procedía de donaciones de las empresas para las campañas del PT, hay testimonios como el de Alberto Youssef, que han puesto a temblar los cimientos del partido de gobierno. Youssef se encuentra en prisión, por haber sido inculpado por el caso conocido como Lava Jato (Lavacoches porque se usaban gasolineras y lavanderías para lavar el dinero), revelado en marzo de 2014, y ahora es el testigo clave en el caso Petrobras, en el que ha colaborado con las autoridades para obtener una reducción de su pena.

Otro ex alto cargo señalado por el caso Petrobras es José Dirceu, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores y mano derecha del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva. Dirceu cumple condena por un escándalo de corrupción anterior conocido como el ‘Mensalao’ (o gran mesada) que sacudió al gobierno de Lula.

Lula, el presidente mejor evaluado en la historia democrática brasileña y quien luego de dos mandatos dejó el palacio de Planalto con un sólido 83% de popularidad, ha sido señalado por desplegar una estrategia para evitar que su imagen resulte dañada por el escándalo. Aunque hasta ahora ha logrado que su popularidad se mantenga alta, las encuestas ya muestran evidencias del aparente daño que está sufriendo como consecuencia de los problemas que enfrenta el gobierno de Rousseff.

Lo ocurrido con Petrobras es la pieza más visible y conocida de los continuos desfalcos de dinero en el sistema estatal brasileño y el manejo oscuro de los políticos y gobernantes para obtener beneficios personales con fondos que deberían entrar a las arcas públicas.

En uno de los varios casos de corrupción que se revelaron en los medios de comunicación a finales de marzo la policía federal de Brasil desmanteló una mafia que operaba en el Ministerio de Hacienda y que corrompía a los funcionarios del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales para que anularan o rebajasen las multas a los defraudadores de impuestos. El perjuicio comprobado por el grupo fue de 1.780 millones de dólares y se sospecha que podría alcanzar los 2.000 millones.

Constructoras en ruinas.

No han sido sólo los nombres de influyentes políticos los que se han visto salpicados por el que es, hasta ahora, el mayor escándalo en la historia política democrática de Brasil.

Empresas como la constructora OAS han debido acogerse a la Ley de protección de quiebras y renegociar las deudas con sus proveedores y acreedores debido a las restricciones de crédito fruto de la investigación de Petrobras.

La agencia EFE señaló que la calificadora Fitch rebajó hace un par de semanas la nota de riesgo de morosidad de la empresa y subsidiarias. Si no sanea sus cuentas en dos meses, la empresa será decretada en quiebra. La compañía se une a Galva Engenharia que lo hizo una semana antes por el mismo motivo.

De igual forma el periódico brasileño O Globo informó que Dalton Avancini, presidente de la constructora Camargo Correa –otra de las tantas compañías envueltas en la trama-, afirmó que su empresa pagó sobornos para lograr el contrato para una vía ferroviaria norte sur de 4.155 kilómetros que pasaría por todos los estados del gigante sudamericano.

Avancini, quien también colabora con la justicia a cambio de la reducción de su pena, señaló a otras grandes constructoras como Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, como contrapartes en los acuerdos con el gobierno para el elevar el precio de la obra y luego repartirse los fondos entre empresarios y políticos. Según su testimonio, las compañías sí se involucraron en la corrupción con los pagos irregulares. La Contraloría General de Brasil investiga a otras 26 empresas privadas que, si se demuestra su implicación en los hechos, podrían sufrir elevadas sanciones económicas e quedarían excluidas de participar en futuras licitaciones.

Solución neoliberal

Los problemas de Rousseff no se limitan a los escándalos de corrupción, sino que tienen una profunda raíz en el descontento popular por los problemas que aquejan a la primera economía de América Latina. Para gestionar esos problemas, la mandataria ha designado al ministro de Economía, Joaquim Levy, un banquero de perfil neoliberal que ha puesto en marcha un programa de recortes al gasto público y que buscar estimular el crecimiento.

Las medidas para sanear la economía del ministro apodado “Manos de tijeras” han sido rechazadas por el PT y el PMDB lo que ha causado a encontronazos no sólo con los partidos sino con la mandataria, de quien Levy afirmó: “Creo que hay un deseo genuino de la presidente de arreglar las cosas, a veces no de la manera más fácil, no de la manera más efectiva, pero existe un deseo genuino”.

El comentario no fue bien recibido y se suma a sus críticas previas hacia las políticas de su predecesor Guido Mantega, que fueron calificados por Rousseff como infelices.

Levy debe tratar de detener la caída libre de la nación en la que el mundo centraba la mirada hace unos pocos años, el país que realizó el Mundial de fútbol en 2014 y que será el anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos en 2016. Brasil no está teniendo crecimiento de su PIB, la inflación aumentó, hay fuga de capitales y el real se depreció en un 20%. Su trabajo será reducir el gasto público, subir impuestos y hacer el ajuste fiscal correspondiente.

Según el economista de la Universidad Fundación Getulio Vargas, André Nassif, la economía brasileña se debilitó no por crisis globales sino por las medidas de un gobierno con un gasto público muy grande y que no tuvo suficiente inversión privada.

Según una encuesta de la Fundación Getulio Vargas, solo el 27 % de las empresas se dice dispuesta a elevar sus inversiones en el próximo año, el menor porcentaje desde 2012; mientras, la confianza del consumidor también está en mínimos históricos.

Dilma Rousseff ha sufrido las protestas en las calles y miles de personas la han abucheado en las distintas ciudades del país, mientras la oposición ha ganado espacios. Los manejos turbios han afectado el margen de maniobra político de la mandataria que no tiene el carisma de su antecesor.

Con la estrepitosa caída de su popularidad, Rousseff se ha visto con la necesidad de reconquistar a los brasileños, para lo cual su última carta bajo la manga es aprovechar la aún robusta imagen política de Lula, a quienes muchos proponen como el relevo de Rousseff en Planalto y al que llaman a defender a su sucesora política.

“Lula tiene capacidad de orientación para buscar una unidad en el discurso de defensa del PT. Y también tiene la capacidad de orientar cambios en el PT, de exigir mayor transparencia al partido y defender al gobierno de Dilma”, dijo el diputado federal Paulo Teixeira. Sin embargo, el mandatario ha mantenido un relativo bajo perfil y hasta han circulado informaciones sobre el supuesto malestar que habría surgido en el exmandatario por el impacto del escándalo en Petrobras sobre su popularidad.

Incluso el expresidente Fernando Henrique Cardoso, miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), dijo a finales de marzo que Lula perdería las elecciones si se hicieran hoy. Una posibilidad que, de ser cierta, podría alejar al PT por largo tiempo del poder si se toma en consideración el futuro incierto del gobierno de Rousseff, quien con una popularidad mermada aún debe gobernar tres años más en un entorno adverso.

Manuel Tovar