Colombia, ante el reto de poder salvar vidas

El plebiscito convocado es el último acuerdo necesario para poder legitimar el proceso de paz que durante cuatro años han mantenido el Estado colombiano y la guerrilla, y que culminó esta semana con la firma del acuerdo en un histórico acto en Cartagena.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, alias Timochenko, se estrechan la mano tras la firma del acuerdo de paz. (LUIS ACOSTA / AFP)

El debate interno que tienen que dirimir millones de colombianos no es tan simplista como una papeleta lo plantea. No se trata únicamente de un sí o de un no. Se trata de reconstruir un país fracturado por un enfrentamiento armado que acumula 260.000 muertos y casi ocho millones de víctimas. «Con su voto, cada colombiano tendrá un poder inmenso: el poder de salvar vidas». Así resume el presidente José Manuel Santos, principal valedor del proceso de paz, la responsabilidad que debe asumir el país antes de emitir el voto.

“Yo creo que finalmente se va a imponer el sí. Hay por un lado, diversos sectores que apuestan por el sí, con diferente entusiasmo. Hay sectores que están muy identificados con la paz, hay otros sectores que lo están menos, pero ven que el acuerdo es lo único posible y, sobre todo, que este acuerdo permite evitar la continuidad de la guerra y asegura que en tanto la paz se consolida no habrá más muertos. Por ello, el precio de la paz hace que sea un valor por encima de otras consideraciones”, apunta el investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud.

Cartel a favor del Sí en el referéndum sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. ( LUIS ROBAYO / AFP)

Ese precio también implica un gesto difícil de acometer cuando ha habido tanta sangre derramada: el perdón. El reconocimiento de la responsabilidad en la violencia por ambas partes del conflicto ha supuesto un acicate para un exitoso proceso negociador. Las FARC han admitido el dolor causado tras años de violencia, secuestros exprés y extorsiones. «En nombre de las FARC-EP ofrezco perdón a todas las víctimas del conflicto», aseguró durante su discurso el líder de la guerrilla, alias Timochenko, ya presentado en sociedad con su nombre civil, Rodrigo Londoño. Y el Gobierno, por su parte, reconoció la implicación de agentes del Estado en la matanza, durante los años noventa, de miles de miembros de la Unión Patriótica, un partido formado por guerrilleros desmovilizados. «Esa es la liberación que da el perdón. El perdón que no solo libera al perdonado, sino también –y sobre todo– al que perdona», recalcó por su parte, el presidente Juan Manuel Santos en el acto de escenificación de la paz.

Cartel a favor del No en el referéndum sobre el proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC. ( LUIS ROBAYO / AFP)

Un contexto favorecedor para la paz

Para entender mejor cómo se ha forjado este hito en Colombia hay que poner en valor el escenario en el que se ha producido. “Uno de los grandes méritos es del propio presidente Santos que confió en la negociación y optó por llegar hasta las últimas consecuencias y en ese sentido supo reunirse de un equipo negociador adecuado. Y en segundo lugar, la situación de las FARC. No estaban derrotadas militarmente, pero sabían que estaban en una clara situación de desventaja estratégica respecto a las fuerzas de seguridad colombianas. Las posibilidades a través de los adelantos tecnológicos de las fuerzas de seguridad y militares colombianas de perseguirlos hasta el último rincón eran cada vez mayores”, explica el investigador Carlos Malamud.

Un soldado rebelde de las FARC posa junto a su perro al sur de la jungla de Putumayo, Colombia. (FERNANDO VERGARA / AP PHOTO)

Durante el Gobierno de Álvaro Uribe, con el actual presidente Juan Manuel Santos como ministro de Defensa, se hizo un esfuerzo militar sin precedentes para combatir a la guerrilla. Durante los ocho años de Uribe, que guardaba una relación emocional con el conflicto armado por el asesinato de su padre a manos de las FARC, se logró disminuir los secuestros y se redujo a la mitad los efectivos de la guerrilla (de 20.00 a 10.000 hombres armados). Sin embargo, a día de hoy, los combatientes seguían secuestrando, asesinando y alimentándose del narcotráfico, limitando así las posibilidades de un futuro en paz para Colombia. Ese enquistamiento ha propiciado la puesta en marcha de una solución negociada que, por primera vez en la historia del país, culmina con un presidente colombiano y un líder guerrillero estrechándose la mano.

Carolina, guerrillera de las FARC, posa con el uniforme del ejército revolucionario y con ropa de civil. (FERNANDO VERGARA/ AP PHOTO)

Los retos e incertidumbres del proceso

La historia nos ha demostrado que el proceso negociador de un conflicto armado conlleva concesiones por todas las partes implicadas. Los preacuerdos plasmados sobre el papel se enfrentan a la nada desdeñable fase de integrarlos en la sociedad civil. Una tarea que conlleva muchas inquietudes y no pocas certezas. “La negociación de estos cuatro años ha sido relativamente “sencilla” en relación con los desafíos que implica el postconflicto. El primer gran desafío es el plebiscito del domingo, lograr un sí, y cuanto más masivo mejor, servirá para legitimar el proceso de paz. Luego se plantea la puesta en marcha del propio proceso. Primero hay que consolidar la desmovilización y el desarme de las FARC. Una vez ocurrido esto el siguiente paso va en paralelo. Por un lado, está la reinserción social, económica y laboral de los desmovilizados. Y por otro lado, la reinserción política, lo que implica el nada fácil ejercicio de convertir un aparato militar como el de las FARC en un partido político moderno capaz de concurrir a elecciones y obtener buenos resultados”, detalla el profesor Malamud.

Por parte del Estado, los retos no son menores y los esfuerzos son aún mayores. “El Estado colombiano tiene grandes déficits de presencia en algunas zonas ocupadas por las FARC y otros movimientos, por lo que ahora tiene que intentar llegar a los últimos rincones del país. Otro desafío está vinculado con el anterior. Se trata de la construcción de una red de infraestructuras que permita la comunicación con algunas regiones aisladas, por ejemplo la red secundaria de caminos, que llevaba décadas sin que se invirtiera en ella, entre otras cuestiones porque esos caminos podían ser utilizados para la movilización de la guerrilla y esto provocaba el aislamiento de las regiones remotas. Esto implicará grandes inversiones”, advierte el investigador del Real Instituto Elcano.

Uno de los escollos históricos en el proceso de paz entre el Estado y las FARC es el reparto de la tierras. (FERNANDO VERGARA/AP Photo)

Hay una parte de Colombia que se ha sentido desamparada por las instituciones durante años. Una falta de fé institucional que ha derivado en un miedo aprovechado por la guerrilla para convertir la extorsión en una fuente de ingresos. Si un ciudadano de la zona rural de Colombia no sentía que el Estado le defendía, no le quedaba otra que pagar para que no secuestraran a alguno de sus hijos o, peor aún, evitar que le mataran. La oportunidad que ofrece el proceso de paz supone también una oportunidad para que el Estado recompense tantos años de desamparo hacia la población rural.

Otro de los puntos importantes que constituye un obstáculo para la paz es el reparto de la tierra, un escollo histórico y una de las principales causas que sustentan el conflicto. Una de las grandes preocupaciones de las FARC-EP durante las negociaciones es mejorar la situación de los campesinos. Por eso el primer acuerdo alcanzado durante las negociaciones de La Habana se refería al desarrollo agrario. El acuerdo estima que el Gobierno y las FARC tienen que reunir tres millones de hectáreas, como fondo para campesinos sin tierra. Además, se debe conceder la titularidad de más de 6,6 millones de hectáreas abandonadas por la violencia. La reintegración de los guerrilleros en el campo dependerá de unas nuevas cooperativas que impulsarán proyectos productivos con fondos públicos. Si durante la puesta en marcha de este proyecto hubiera alguna diferencia o falta de consenso ya no serán las armas las que se impongan al debate.

El acuerdo entre el Gobierno y las FARC estima que se tienen que reunir tres millones de hectáreas para los campesinos sin tierra. (FERNANDO VERGARA/AP Photo)

Una vez se lleve a cabo el desarme de la guerrilla, la política será el terreno donde el Gobierno y las FARC dirimirán sus diferencias, siendo este el principal hecho histórico. “Uno no negocia con los amigos, negocia con los enemigos. Y toda negociación supone cesiones y concesiones. La contrapartida es algo inaudito y de lo que se habla muy poco. Las FARC han aceptado el orden constitucional colombiano y esto es un logro totalmente desconocido, y supone un gran avance en la normalización democrática del país. Que las FARC reconozcan la Constitución colombiana, la ley colombiana y las instituciones colombianas es un paso positivo e importante”, destaca Malamud.

¿Habrá condenas para los guerrilleros?

Otro de los puntos más difíciles de implementar será la justicia que se aplicará a los terroristas. Por segunda vez en su historia en medio de un proceso de paz con un grupo armado ilegal, el Estado colombiano ha acordado un modelo de justicia transicional, que permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición. Esto no quiere decir impunidad total. Los responsables de delitos atroces, como el secuestro, pagarán hasta ocho años de “restricción efectiva de la libertad”, es decir, no estarán en una cárcel, sino que se someterán a las condiciones acordadas por el Tribunal Especial para la Paz. Esa libertad condicionada sólo será posible si confiesan sus crímenes antes del juicio, si lo hacen durante el proceso su privación de libertad sí será en una cárcel. Y en el caso de que no lleguen a confesar sus delitos o sean derrotados en juicio, deberán cumplir una pena de 20 años de prisión. En todo caso, haber participado en un proceso colectivo de paz es el salvoconducto para acceder al nuevo modelo de justicia.

Iván Márquez, miembro del Secretariado de las FARC, abraza a una de las víctimas de la masacre de La Chinita: «Ese atentado no debió suceder». (RAUL ARBOLEDA/ AFP PHOTO)

Carlos Malamud también apunta como posible escollo en el proceso de paz el papel que jugará el Tribunal Constitucional, que podría invalidar algún punto del acuerdo o alguna votación del Congreso. “Pero teniendo en cuenta que el tiempo juega a favor de los acuerdos, cuanto más tiempo pase más posibilidad habrá de que la paz se implante, triunfe y consolide en Colombia”, matiza.

¿Y las víctimas?

El éxito que ha llevado a la firma de un acuerdo de paz se explica en parte por la participación en el mismo de las víctima del conflicto. El proceso de paz de Santa Fe Ralito, uno de los últimos intentos de Uribe por lograr lo que ha logrado Santos, no contó con la voz de las víctimas de los paramilitares. Mientras que en el proceso de paz de La Habana participaron un grupo de 60 víctimas del conflicto armado en Colombia, que tuvieron la oportunidad de decirles a los guerrilleros el dolor que les habían causado.

Pese a los avances conseguidos, aún hay voces críticas y contrarias al proceso de paz. Voces tan autorizadas como los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana están haciendo campaña por el “no” en el referéndum de este domingo por las claudicaciones que a su juicio ha hecho el Gobierno con los guerrilleros. Pero, incluso entre los críticos con el proceso, emergen voces a favor del sí, como es el caso del director ejecutivo de Américas de Human Rights Watch, José Vivanco. “Si se quería sumar a las FARC a un acuerdo de este tipo era necesario aceptar algunas condiciones. Y toda negociación supone cesiones y concesiones”, arguye el profesor Malamud.

En este proceso de paz se ha escuchado por primera vez a las víctimas del conflicto armado. (RAUL ARBOLEDA/AFP PHOTO)

Entre las víctimas, como es comprensible, los argumentos a favor o en contra del proceso son igual de válidos y respetables. Una de esas víctimas es el escritor y periodista colombiano, Héctor Abad Faciolince, que perdió a su padre Héctor Abad Gómez tras ser asesinado por los paramilitares y un ex cuñado suyo fue secuestrado por las FARC hasta en dos ocasiones. Es una voz autorizada para hablar del daño ocasionado por un conflicto que dura ya 52 años y conocer su opinión pone de manifiesto los valores que han propiciado la firma de un acuerdo entre la guerrilla y el Estado. Faciolince escribe en este recomendable artículo que su ex cuñado, víctima de las FARC, es partidario del no. Sin ánimo de convencerle de que su postura no es la correcta, le lanza una pregunta, que al mismo tiempo le responde: “¿No es mejor un país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos? La paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente y para prevenir el dolor futuro”.