Donald Trump reabre el debate sobre las torturas

Donald Trump sale a polémica diaria. Cuando no es el muro de México son los inmigrantes «criminales». Ahora ha reabierto el peliagudo tema de las torturas, al afirmar que el método basado en el conocido como ‘ahogamiento simulado’ funciona, y que estaría dispuesto a introducir de nuevo esta técnica en los interrogatorios. “Quiero mantener nuestro país seguro”, ha dicho en una entrevista concedida a la BBC, para justificar su polémica opinión. Además, dice haber hablado “con gente de los más altos niveles de los servicios de inteligencia y les he preguntado ‘¿funciona?’, y la respuesta fue ‘sí, absolutamente”.

Quizá fuera la cara de sorpresa del entrevistador o que él mismo se diera cuenta de la polémica que, inevitablemente, iban a desatar sus declaraciones, el caso es que puntualizó que si el secretario de Defensa, James Mattis, y el director de la CIA, Mike Pompeo, “no quieren hacerlo, está bien, lo aceptaré”.

Ya durante la campaña electoral, el entonces candidato republicano a la presidencia de EEUU anunció que, si ganaba, pediría a sus tropas que llevaran a cabo el ‘ahogamiento simulado’ y otros métodos más duros para torturar a sospechosos de terrorismo. Al día siguiente llegó la rectificación cuando comentó que nunca pediría al ejército que vulnerara las leyes internacionales.

Sea como fuere, el caso es que, con sus declaraciones, Trump ha reabierto el debate sobre si la tortura es un método efectivo o no a la hora de obtener confesiones o información de los sospechosos de terrorismo y si todo vale para arrancar una información aunque sea violando los derechos humanos. Técnicas como el ‘ahogamiento simulado’, la privación de sueño o la humillación fueron instauradas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 cometidos por Al Qaeda mientras gobernaba George W. Bush. Años más tarde, Barack Obama, al llegar a la Casa Blanca, firmó órdenes ejecutivas para acabar con estas prácticas.

Reacciones

La polémica está servida dentro y fuera de Estados Unidos. Entre los más críticos dentro del país se encuentra el senador John McCain, quien fue objeto de torturas cuando fue prisionero de guerra en Vietnam y siempre ha dejado clara su oposición a estas prácticas y al restablecimiento de la tortura en Estados Unidos. «El presidente puede firmar todas las órdenes ejecutivas que quiera, pero la ley es la ley», ha dicho. «No vamos a restablecer la tortura en los Estados Unidos de América». Para el ex director de la CIA, Leon Panetta, sería «un serio error dar un paso atrás en este asunto».

Fuera de Estados Unidos, el tema de las torturas protagonizó parte del debate en el Parlamento británico en víspera del viaje de la primera ministra, Theresa May, a Washington. Los parlamentarios le han pedido que traslade a Trump que Reino Unido es contrario a cualquier tipo de tortura y que si el Gobierno republicano aprueba legalizar las torturas, la medida podría dañar seriamente la cooperación entre los servicios de inteligencia de ambos países. “Theresa May debe exponer esto ante el presidente Trump y explicar las consecuencias extremadamente dañinas que esta política podría tener en la cooperación en la inteligencia entre aliados”, declaró Angus Robertson, miembro del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento.

El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, también ha sido contundente al afirmar que “Theresa May debe defender los valores de nuestro país cuando se reúna con Donald Trump, y debe oponerse a su apoyo a la tortura, que es inhumana, ilegal y emite una falsa inteligencia”.
Pero May no solo está siendo presionada por miembros de la oposición, sino que las peticiones para que se oponga a la tortura frente a Trump también vienen de su propio partido. La diputada Sarah Wollaston tuiteó: “No puedes liderar en un escenario global defendiendo la tortura y los asquerosos estereotipos raciales, y retrocediendo en los derechos de la mujer en todo el mundo”.

Organizaciones de derechos humanos

Diferentes organizaciones internacionales se han centrado durante años en tratar de erradicar estas prácticas por considerar que atentan contra los derechos humanos.
Amnistía Internacional es un ejemplo de ello. Desde esta organización explican que son los estados quienes tienen la responsabilidad de investigar los casos de tortura y la obligación de proteger a todas las personas frente a ella. Sin embargo, afirman que los gobiernos de muchas partes del mundo “rara vez investigan, enjuician y castigan la tortura como un delito grave en virtud del derecho penal”.

Una encuesta que realizó en 21 países diferentes muestra que un 44% de las personas encuestadas temen ser torturadas en caso de ser detenidas, y un 80% quiere que existan leyes estrictas que los protejan de estas prácticas. Sin embargo, también muestra que más del 30% de los encuestados cree que la tortura puede justificarse.
Amnistía Internacional lucha contra una práctica que considera abusiva y que se utiliza tanto para obtener confesiones de los detenidos como para aterrorizar a otras personas.
También lucha contra estas prácticas, y contra otras violaciones de los derechos humanos, la Organización Mundial contra la Tortura. Así, explican que ellos luchan “contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante”. Sus acciones se centran en ofrecer asistencia a las víctimas de cualquier tipo de tortura, especialmente a los colectivos más vulnerables, como las mujeres y los niños. Desde este tipo de organizaciones denuncian que en numerosos países aún se torture a los detenidos para obtener las confesiones que se buscan o para aterrorizar a otras personas de su entorno.

Aún no está claro si Donald Trump volverá a aprobar el ahogamiento simulado y otras técnicas en los interrogatorios a sospechosos de terrorismo, pero son muy numerosas las voces que piden que esto no ocurra por considerar que sería un retroceso en la historia de los derechos humanos.