Los déficit de la Justicia española

El correcto funcionamiento de la Justicia en España está en entredicho por las organizaciones de Derechos Humanos y los expertos en la materia, que ponen en duda la independencia del poder judicial y que denuncian el cada vez más difícil acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía. Esta circunstancia ha empujado a la ONG de Derechos Humanos Rights International Spain, junto con la asociación Jueces para la Democracia, a dirigir una carta al Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas con ocasión de la toma de posesión de su nuevo titular. La misiva tiene el fin de instar al nuevo Relator, el peruano Diego García-Sayán, a realizar una visita en misión especial a España.

La independencia del poder judicial es fundamental en un Estado de Derecho, así como el derecho de acceso a la Justicia, cuestiones que para ambas organizaciones no están siendo aseguradas en España, por lo que piden al Relator una “visita en misión oficial” al país. Éstos son los principales déficit en torno al funcionamiento de la Justicia española que exponen en la misiva al Relator García-Sayán:

Intromisiones del poder político en los nombramientos del CGPJ

En la carta se señala el sistema de nombramiento de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial, el cual posibilita las intromisiones del poder político en el órgano de gobierno de la Justicia. La situación se ha agravado con las reformas promovidas por el Gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura, dado que desde entonces, cuando un único grupo cuenta con una mayoría cualificada de 3/5 en una Cámara (como la que contaba el PP en la anterior legislatura en el Senado), se puede nombrar a miembros del CGPJ sin necesidad de llegar a consenso con otros partidos. Esta reforma ha sido duramente criticada, no solo por las organizaciones firmantes, sino también por informes de diversos organismos del Consejo de Europa.

Sucesivas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial

Las organizaciones también ponen de manifiesto el elevado número de reformas a la LOPJ -hasta nueve- en la X Legislatura lo que, además de vulnerar el principio de seguridad jurídica, se realizó sin hacer consulta alguna a los operadores de justicia y con el apoyo único del Partido Popular. En cuanto al contenido de las reformas, cabe mencionar la posibilidad de que el presidente del CGPJ, nombrado por el poder político, pueda realizar propuestas vinculantes, lo que va en detrimento del carácter colegiado de la institución y de la propia independencia judicial.

Reducción de los plazos de instrucción de delitos sin dotación de recursos

Asimismo, las organizaciones firmantes denuncian la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introdujo el plazo máximo de entre 6 y 18 meses para concluir la fase de investigación de los delitos. Esta medida, unida a la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo que enfrentan jueces y magistrados, lejos de agilizar la Justicia, como justificaron los autores de la reforma, “contribuirá en la práctica a una mayor impunidad, particularmente en los casos de corrupción política, y a un aumento de la desconfianza en los tribunales”.

Falta de medios

En la carta también se menciona, como una de las principales trabas a la independencia judicial y la separación de poderes, la falta de recursos “tanto humanos como económicos”, agravada durante la X Legislatura. En este sentido, se apunta al mal lugar que ocupa España en los informes europeos sobre eficiencia en Justicia; suele ser uno de los países con peores datos en lo referente a los recursos dedicados a este sector. Esta situación tiene “un impacto en la capacidad de los tribunales para ejercer el control jurisdiccional necesario sobre el poder ejecutivo y legislativo”, y además afecta negativamente a “la opinión que el público general tiene acerca de la institución”.

Interferencias políticas

Las organizaciones también aluden a la presión ejercida por políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, a jueces particulares en el curso de sus investigaciones “a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales”. Esta circunstancia se da más a menudo “en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”.

Recortes a la Justicia gratuita

En la carta se pone de manifiesto otra dificultad que enfrenta la ciudadanía a la hora de acceder a una Justicia independiente: los recortes a la Justicia Gratuita operados por una reforma del anterior Gobierno. Con la nueva normativa menos personas pueden beneficiarse de un(a) abogado/a de oficio y el proceso de solicitud es más complejo, lo que supone un obstáculo añadido al acceso a este servicio púbico esencial.

Puesta en marcha del proyecto Papel 0 “con 0 recursos”

Finalmente, la carta se refiere a la reforma que estableció la obligación para que los Juzgados trabajasen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. Este sistema suscita muchos problemas ya que se instauró “sin medios ni una inversión pública adecuada”, sin existir un criterio unificado de los órganos judiciales (con la consiguiente inseguridad jurídica) y su gestión depende del Ministerio de Justicia, por lo que el Gobierno tendría acceso a todas las notificaciones judiciales, “lo que supone un ataque adicional y peligroso a la división de poderes”.