¿Por qué lo sucedido en Venezuela no es una autoproclamación o golpe de Estado de Juan Guaidó?
Lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela no es tan sencillo como decir que hubo un golpe de Estado o que un opositor llamado Juan Guaidó se ha autoproclamado presidente. Hacemos un repaso.
Lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela no es tan sencillo como decir que hubo un golpe de Estado o que un opositor llamado Juan Guaidó se ha proclamado presidente. Hacemos un repaso.
Nicolás Maduro fue elegido el 14 de abril de 2013 para un periodo presidencial que expiró el 10 de enero de este año. En 2015, la coalición opositora ganó las elecciones parlamentarias por mayoría.
Las elecciones de 2015 fueron las últimas legítimas ya que se hicieron antes de que finalizara el mandato del Consejo Nacional Electoral, tuvieron observación internacional y una alta participación del 74%. El chavismo guardó las formas y aceptó los resultados pero buscó otras vías para arrebatar el poder.
Antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional (de mayoría opositora), el Parlamento saliente (de mayoría chavista) nombró en diciembre de 2015 a nuevos jueces del Tribunal Supremo, muchos de ellos militantes del partido de Maduro. Un síntoma de la ausencia de la separación de poderes.
La siguiente parte es compleja pero crucial para entender esto. El Tribunal Supremo chavista tachó de fraudulenta la elección de tres diputados opositores en las parlamentarias de 2015 y dictaminó que debían repetirse.
A día de hoy en Venezuela se han celebrado otras elecciones regionales y municipales y la elección de estos tres diputados todavía no se ha repetido.
Con los tres diputados considerados ilegales por el chavismo, Maduro se aseguraba de que la Asamblea no podía modificar la Constitución y limitar su capacidad de volver a presentarse.
Durante 2016 el Tribunal Supremo impidió que el Parlamento aprobara nuevas leyes, y en 2017 decretó que la Asamblea Nacional estaba en «desacato» por haber permitido tomar posesión a los tres diputados opositores y le arrebató las funciones.
El resultado: más de 150 personas asesinadas en 134 días de protestas por la decisión del Tribunal. Maduro ante el descontento se jugó su mayor carta: convocar una Asamblea Constituyente todopoderosa.
Incumpliendo la Constitución no se llevó a cabo el referéndum en el que el pueblo debía pronunciarse sobre si hacer o no una Constituyente sino que directamente convocó elecciones. Ante el boicot de la oposición y un 80% de abstención, la totalidad de miembros de esa Constituyente resultaron fieles al Gobierno.
La Constituyente no fue reconocida como legítima por la comunidad internacional, ni por la Unión Europea. A instancias de esta Constituyente, en mayo de 2018 se celebraron unas elecciones presidenciales, las últimas que Maduro “ganó”.
Lo que sucedió este 23 de enero es un contraataque institucional retardado por parte del Parlamento opositor después de cuatro años pisoteado.
Ahora la oposición, basándose en los artículos 233 y 333, y con el claro apoyo internacional, busca derrocar al chavismo.
Juan Guaidó ha asumido el mandato presidencial de forma interina porque la Constitución le atribuye al presidente de la Asamblea Nacional las potestades del Ejecutivo, ya que se considera que ha habido un vacío de poder o usurpación por parte de Maduro, que el 10 de enero de 2019 asumió el poder para un nuevo mandato ante su Tribunal Supremo.
Por su parte, los chavistas venden este movimiento como un golpe de Estado desde el Parlamento con el apoyo de Estados Unidos.
Buscan hacer olvidar que el golpe de Estado sostenido ya ocurrió contra la Asamblea Nacional, que sí fue electa por el pueblo.