Cómo entender la disputa política en Perú tras la disolución del Congreso
El presidente peruano, Martín Vizcarra, disolvió el pasado lunes el Parlamento de su país invocando normas constitucionales después de que éste le negara un voto de confianza ligado a una reforma del procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Constitucional
Reuters
La medida le permitió afianzar su poder al obtener el respaldo de miles de ciudadanos, de la cúpula militar y de los gobernadores regionales. Sin embargo, el Congreso, dominado por la oposición y que cuenta con fuerte rechazo popular, reaccionó suspendiendo a su vez al jefe de Estado.
Una disolución del Congreso no había ocurrido en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Esta vez, en cambio, Vizcarra se ha amparado en la Constitución para dar este paso.
Esta medida política generó reacciones por parte de un exjefe del Tribunal Constitucional peruano, Oscar Urviola, quien afirmó que “el Congreso tiene que vacar (destituir) a Vizcarra, pues la decisión del mismo de disolver el Congreso es inconstitucional”. Vizcarra pidió el voto de confianza después de que el Congreso archivara el jueves su proyecto de adelantar elecciones a abril de 2020, lo que implicaba recortar un año su mandato y el del Legislativo. La propuesta era apoyada por el 75% de los peruanos, según encuestas.
¿Es legal la disolución del Parlamento en Perú?
La decisión de Vizcarra abrió un debate sobre la constitucionalidad de su decisión. «Acá la Comisión Permanente del Congreso continuará funcionando hasta que se produzca las elecciones parlamentarias (…). Lo que está claro es que aquí no hay golpe de Estado”, declaró el excanciller Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Constitución del país sudamericano contempla que las elecciones para conformar un nuevo Congreso deben realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la disolución de la Cámara. Elegido un nuevo Parlamento, este puede censurar al Consejo de Ministros o negarle la cuestión de confianza después de que el presidente del ente haya expuesto los motivos de la suspensión parlamentaria. Si las elecciones no se celebraran en el plazo señalado, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de ministros”.
Tras conocerse la disolución, los diputados no solo no abandonaron la Cámara sino que aprobaron una moción para suspender de sus funciones a Vizcarra durante 12 meses y nombraron a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como “presidenta en funciones” del país de manera temporal. La Constitución de Perú establece que el ejercicio de la presidencia puede quedar vacante por “su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.
Sin embrago, el decreto publicado en el diario oficial del país subraya que “carece de validez y eficacia jurídica todo acto relativo a la función parlamentaria realizado por los congresistas cuyo mandato ha sido revocado”.
Apoyo a Vizcarra
Tras conocerse la disolución del Congreso, el centro histórico de Lima y otras ciudades del país fueron escenario de manifestaciones ciudadanas en respaldo al anuncio de Vizcarra. Coloridas y bulliciosas marchas en respaldo a la disolución se sucedieron la noche del lunes en la capital peruana y las ciudades de Huancayo, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, Moquegua y Tacna, entre otras.
Sin embargo, nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, que enfrenta el rechazo de casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos. A pesar de la tensión, el país ha permanecido en calma. Vizcarra ha ganado popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir dádivas de la constructora brasileña Odebrecht.
Este artículo fue publicado originalmente en El Estímulo. Lea el original.
