El calvario de Mari: 14 meses entre el juzgado del 'juez fiestas' y las 'raves' de su vecino

Harta de los molestos ruidos presuntamente provocados por las concurridas y continuas fiestas de sus vecinos en plena pandemia en un chalé de Tinajo (Lanzarote), y tras caer en una depresión y continuos ataques de ansiedad tras varios meses sin poder dormir, Mari presentó el 2 septiembre de 2020 una querella contra los dos inquilinos que residen en la vivienda contigua a la suya. 

«Es un auténtico infierno. La casa pega muro con muro con la suya y desde que llegaron, en enero de 2020, se pasan toda la noche con música ‘chunda-chunda’ como si fuese una discoteca, con luces de colores y todo», cuenta Mari en declaraciones a este periódico. «No solo estamos en un sinvivir a nivel personal sino que ahora estamos viviendo además en otro sinvivir judicial», añade su esposo, José Luis. 

Catorce meses después de presentar la querella contra sus vecinos, Mari y su esposo no solo siguen soportando las fiestas y sin poder dormir, sino que además denuncian ser víctimas de una «situación de total indefensión» ante la Justicia. 

Los azares del destino hicieron que la causa recayera en el juzgado de instrucción nº4 de Arrecife (Lanzarote), cuyo titular, el juez Ricardo Fiestras. Un togado que fue cazado por la Guardia Civil en una presunta fiesta ilegal en febrero de 2021, en pleno estado de alarma, y que tardó casi nueve meses en practicar diligencias en el caso que afecta a Mari y a José Luis, según consta en la documentación del caso, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. 

El pasado 24 de mayo, solicitaron la recusación del juez Fiestras. Una petición que fue admitida a trámite en julio por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Además, a petición de los querellantes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias contra el juez Fiestras, según consta en una notificación fechada en junio de 2021 y firmada por la Letrada de la Sección de Actuaciones Previas y Expedientes Disciplinarios del CGPJ, a la que ha tenido acceso este periódico. 

«La participación del Juez que instruye mi caso en una fiesta de tales características podía afectar a su imparcialidad y percepción acerca de la gravedad de tales hechos», señalaba Mari en la solicitud de recusación. 

El fundamento de su queja para pedir la recusación del juez era precisamente el haber tenido conocimiento de que el magistrado «participó en una fiesta ilegal durante el estado de alarma por la pandemia». En un vídeo grabado por la Guardia Civil, presuntamente el juez aparecía festejando junto a una decena de personas. «La participación del Juez que instruye mi caso en una fiesta de tales características podía afectar a su imparcialidad y percepción acerca de la gravedad de tales hechos», señalaba Mari en la solicitud de recusación. 

Tres diligencias en 14 meses

A pesar de que el juez Fiestras fue apartado del caso por este motivo, la causa continúa en su juzgado y sin grandes avances. Solo se han practicado tres diligencias y en todas las tomas de declaración la acusación alega haberse visto dificultada en el ejercicio de sus funciones. 

Las dos primeras diligencias las practicó el propio juez Fiestras el 24 de mayo, el mismo día en que se había solicitado su recusación. Consistieron, por un lado, en la toma de declaración de los dos querellados, los vecinos de Mari y José Luis. Una declaración en la que, según documentos a los que ha tenido acceso este diario, no se permitió la intervención telemática de la acusación de los querellantes, tal y como contempla la ley, a pesar de que el abogado reside a 400 kilómetros de Lanzarote y de que Arrecife era en aquellos días el municipio de España con mayor incidencia de covid-19.

También aquel mismo día, el juez solicitó por primera vez al Ayuntamiento copia de los atestados de todas aquellas ocasiones en que la Policía Local había tenido que intervenir por las fiestas de los vecinos de Mari y José Luis. Sin embargo, no se han solicitado aún -a pesar de que los querellantes así lo han pedido en cuatro ocasiones desde que presentaron la querella hace catorce meses- los atestados de las intervenciones efectuadas por la Guardia Civil, cuerpo que cazó y denunció a Fiestras por su presunta participación en una fiesta ilegal en febrero de 2021.

Inadmiten mediciones de audio

La tercera diligencia se produjo el pasado 11 de octubre. El juzgado llamó a declarar a Mari. Y, según una reclamación la que ha tenido acceso este diario, tuvo que prestar declaración sin que se permitiera a su abogado formular preguntas esenciales, como aquellas en referencia a las fiestas que se seguían produciendo incluso el día anterior a la declaración.

Además, según cuenta Mari, en esa toma de declaración el juez sustituto se negó a aceptar como prueba un pendrive de la querellante que contenía hasta 59 mediciones de decibelios efectuadas mediante la aplicación ‘Sound Meter’ para demostrar los altos niveles de ruido que siguen soportando todos los fines de semana por las fiestas de sus vecinos. 

Todas esas mediciones, de acuerdo a su versión, superaban los límites de 35 decibelios para horario diurno y 30 decibelios para horario nocturno. Al menos 26 de esas mediciones registraban entre 70 y 90 decibelios, asegura Mari.

«Cuando extendí el brazo para entregarle el pendrive, se negó a recogerlas porque dice que estaban fuera de lugar. Salí con la sensación de que era yo la delincuente», afirma.

Mari lleva desde julio de 2020 de baja por depresión y ansiedad, con visita semanal a médicos y servicios de urgencias y prescripción de somníferos para poder dormir.

Además, ahora Mari ha solicitado una copia del vídeo de su propia toma de declaración y extrañamente el juzgado se la ha denegado en una reciente resolución al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Durante los últimos catorce meses, la acusación ha reiterado ya en tres escritos a los que ha tenido acceso este diario, y otra más verbalmente, la petición de los atestados de la Guardia Civil. Y pese a ello esos atestados siguen sin haberse pedido por parte del juzgado, a diferencia de los de la Policía Local.

Perjuicio económico

«Yo solo quiero que alguien me ayude a ejercer mi derecho a vivir, a descansar y a poder volver a llevar mi negocio», añade la querellante, quien regenta junto a su marido una casa de vacaciones en la primera planta de su vivienda, un dúplex en el que ellos viven en la parte de arriba. 

Denuncian también el perjuicio económico que las fiestas de sus vecinos están causando en su negocio vacacional, Casa Lancelot. «Hemos perdido muchos clientes a los que hemos tenido que devolver el dinero porque las fiestas no les dejan dormir», señala Mari.

Según un informe pericial psicológico presentado ante el juzgado como parte de la querella, Mari lleva desde julio de 2020 de baja por depresión y ansiedad, con visita semanal a médicos y servicios de urgencias y prescripción de somníferos para poder dormir.