Las miserables condiciones con las que los agentes combaten el narcotráfico en Cádiz

El pasado 18 de febrero saltó una noticia en los periódicos y las redes: la Policía intervino cuatro toneladas de hachís en el Campo de Gibraltar, comarca gaditana ubicada a 15 kilómetros de suelo africano en su punto más estrecho, y detuvo a 16 personas. La operación se celebró como un éxito y el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, visitó la zona un día después del anuncio para estrechar la mano de los agentes y convocar a los medios.

Allí, en la costa de Cádiz y con el mar a sus espaldas, informó a los periodistas sobre los recursos incautados –una estación de radar para controlar los movimientos físicos de los agentes, varios equipos de transmisiones, unos 100.000 euros en efectivo, tres escopetas, una pistola, dos embarcaciones neumáticas, dos tractores, 11 coches y dos motos– y celebró que en 2017 las intervenciones de cocaína aumentaron un 300%; las de hachís, un 40%. “Están desarrollando una gran labor”, felicitó a los agentes. «Debe quedar claro que esta no es una zona que va a estar dominada por los narcotraficantes. Esta es una zona donde el Estado de Derecho se impone y se va a combatir todo tipo de delincuencia. Van a tener la respuesta del Estado de Derecho». Los sindicatos policiales recibieron el mensaje sin entusiasmo.

El narcotráfico se apodera de la costa gaditana. Las mafias ganan lentamente terreno, poder e influencia en el Campo de Gibraltar, particularmente en ciudades como la Línea de la Concepción –con algo más de 60.000 habitantes–, y lo hacen porque la Guardia Civil y la Policía Nacional no cuentan con los medios necesarios para combatirlos. La situación es particularmente alarmante si atendemos a que el 70% del hachís que entra en Europa lo hace por España y que Cádiz, por su proximidad con Marruecos –principal productor mundial de esta sustancia–, es el puerto de desembarco. Desde enero de 2017, se han incautado más de 183 toneladas de hachís y se ha detenido a 518 personas, según las cifras aportadas por Interior.

“Estamos pidiendo al menos 500 agentes más de Guardia Civil [actualmente son 2.600, repartidos entre las comandancias de Cádiz y Algeciras; en la Policía Nacional, 2.200] para toda la provincia”, explica José Encinas, secretario general provincial de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) en Cádiz. “Y no se trata únicamente de agentes uniformados. Necesitamos grupos de investigación, es donde se debe hacer el mayor esfuerzo: solo así se puede descabezar a las mafias y bandas de narcotráfico. Pedimos que se refuerce y que se implante un aumento en la plantilla y que haya una renovación de nuestro medios materiales. Tenemos medios muy obsoletos”.

«No puede ser que tengamos siete embarcaciones cargadas de droga y una sola patrullera para intentar interceptarlas»

Encinas explica que los cuerpos están desbordados, que el trabajo es inmenso: “Hay veces que solo llega una embarcación en todo el día. Hay días que tenemos 7 ú 8 embarcaciones –hasta 15– en una sola tarde, todas ellas pendientes de paralizar en costa. Por ejemplo, el otro día había siete embarcaciones pendientes de alijar y cada una tenía 3.000 kilos. Esto quiere decir que había 21.000 kilos pendientes de llegar a costa”. Para detectarlas, la Guardia Civil utiliza el sistema SIVE, que emplea una tecnología de cámaras, antenas y radares monitorizados desde tierra. El primer lugar donde se instauró fue en Cádiz y el portavoz argumenta que su tecnología se ha quedado antigua, que necesita una renovación: los narcotraficantes van varios pasos por delante.

“Y por otro lado”, continúa Encinas, “si los operarios del SIVE detectan embarcaciones en las cuales transportan droga, necesitan personal en tierra para su interceptación. En tierra y en mar. No puede ser que tengamos siete embarcaciones cargadas de droga y una sola patrullera en alta mar para intentar interceptarlas. Esa patrulla es insuficiente. Más si tenemos en cuenta que la potencia de los motores que llevan las patrulleras de la Guardia Civil es totalmente inoperativa respecto a la potencia de los motores con las que están dotados las embarcaciones de los traficantes. Puede haber hasta una diferencia de 10 nudos de velocidad máxima (18 kilómetros por hora)”.

El agente Javier López Morales conoce bien estas limitaciones. El portavoz del SUP (Sindicato Unificado de Policía) en la Línea de la Concepción recorre todos los días su ciudad con el coche patrulla. Las historias del narcotráfico parecen lejanas, pensamos en México y Colombia y quizá Bolivia, pero están en nuestras costas. “Aquí hay una escalada de violencia”, dice López Morales, con un tono preocupado. “Cada vez hay que estar más atentos, cada vez hay que ir más prevenido. Ya no se limitan a huir cuando los interceptamos: se defienden, se enfrentan a nosotros. Nos sentimos en desventaja porque ellos son más y porque no tenemos medios”.

El 6 de febrero, una veintena de hombres encapuchados irrumpió en el hospital de la Línea para liberar a un narcotraficante detenido por la Policía Nacional tras una larga persecución de la que salió herido. Los encapuchados llegaron en varios todoterrenos, los aparcaron en la puerta del hospital, se abrieron paso en los corredores, buscaron al narco y finalmente lo encontraron en una sala de espera, escoltado por dos agentes. Los encapuchados lograron liberarlo, montarlo en uno de los todoterrenos y esconderlo en un lugar que se desconoce. Los agentes apenas lograron retener a uno de los colaboradores.

El 19 de febrero, a escasas horas de la visita de Zoido, tres encapuchados asaltaron a punta de pistola el depósito judicial de Conil de la Frontera para recuperar una lancha de tres motores y 12 metros de eslora embargada a otro narcotraficante de la zona. Ninguno de ellos fue detenido y siguen en paradero desconocido, igual que la lancha. El ministro sostuvo públicamente que la Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con los recursos para abordar el escenario, más allá de los casos recientes.

«El siguiente paso es que se lleven a un detenido de los calabozos de la comisaría»

“Es que estamos en total desventaja”, reitera López Morales. “La sensación es de abandono total. Cada vez que pedimos algo, nos dicen que tenemos los medios adecuados. Luego ocurren cosas como lo del hospital o apedreamientos a compañeros o embestidas a nuestros coches. Nos embisten y los vehículos que tenemos no son todoterreno. Cuando nos quejamos nos dicen que son casos aislados, cosas puntuales. No hacen nada. Nosotros nos vemos abandonados porque les estamos avisando y esto está yendo a más. El siguiente paso es que se lleven a un detenido de los calabozos de la comisaría…”.

Encinas comparte su preocupación con López Morales y dice que los narcotraficantes “están subiendo un escalón” en la violencia de sus actuaciones. “Hace unos años el trato que teníamos con los narcotraficantes era relativamente correcto: ellos hacían su trabajo y nosotros el nuestro”, añade el portavoz. “Pero hoy en día eso se ha superado. Por un lado, porque ahora las mercancías son 10 veces más grandes que antes y, por tanto, la cantidad que pueden perder es mayor. Y, por otro, porque ha cambiado la generación y esta es más violenta”.

“Hay que declarar esta comarca como una zona con singularidad, con un juzgado específico contra el narcotráfico»

La Línea de la Concepción es una de las ciudades más deprimidas de España y el paro supera el 33%. El tráfico de drogas y el contrabando de tabaco están profundamente arraigados en la economía local: es difícil cuantificar el número de familias que subsisten –directa o indirectamente– por este negocio y la aceptación es notoria: se comprueba, en muchas ocasiones, en la propia forma en que reciben a los policías. “Es mucha gente la que come de esto”, cuenta López Morales. “Está bastante integrado en la sociedad. Te das cuenta incluso cuando pones en internet la noticia de la detención de un traficante. Ves un montón de comentarios en contra. La gente lo defiende. Le dan una justificación. Hay más gente en esto de lo que creíamos. Hay un sector importante de la Línea que lo defiende y que lo apoya. Es un peligro”.

Hay razones, entonces, para comprender que el desaliento se extienda en las filas. “Hay una falta de motivación…”, lamenta López Morales. “En esta comisaría no tenemos un complemento territorial que compense estas condiciones de trabajo. Todos los compañeros se quieren ir de aquí. La gente que viene es porque vive cerca, porque es natural de Sevilla o Jerez. Es una comisaría de paso y salen volando en cuanto pueden. Tenemos un problema de fuga de funcionarios; siempre hay plazas descubiertas en el catálogo. Y es normal: se gana lo mismo en la Línea que en Estepona, y te digo que Estepona no tiene nada que ver con esto”.

Las particularidades del escenario provocan que muchos funcionarios soliciten el traslado. Sin embargo, no impiden que los entrevistados conserven la esperanza de revertir la situación. López Morales tiene soluciones muy asequibles, como conseguir un furgón policial con rejas y protecciones para los días de registros en las calles más peligrosas, y otras más ambiciosas, únicamente posibles con “mucha ayuda y atención” del Gobierno central. “Si se implicasen de verdad, crearían un juzgado especial para los casos de narcotráfico”, dice. “Así agilizarían estos temas. Ahora mismo, los juzgados no dan abasto con todo lo que hay: narcotráfico, malos tratos, delincuencia común… Aquí hay muchísimo trabajo. No se iban a aburrir. Un juzgado especial despejaría mucho”.

Encinas sostiene que esta medida sería decisiva. “Hay que declarar esta comarca como una zona con singularidad, con un juzgado específico contra el narcotráfico para que no haya estas dilaciones por la carga de trabajo”, dice el portavoz. “Es que por estas dilaciones, a menudo, el narcotraficante queda absuelto o con penas muy bajas”.

Hace unas semanas, en el mes de diciembre, se produjo uno de los hechos más llamativos: la defensa del narcotraficante Abdellah El Haj Sadek –conocido con el apodo de Messi– negoció su libertad provisional con el fiscal jefe de Algeciras y llegó a un acuerdo ventajoso: con el pago de 80.000 euros esquivaría temporalmente la celda. Unos días más tarde, como relata ABC, cenaba en una marisquería de Palomares junto a su familia.

Con todo, Encinas recuerda que en la lucha contra el narcotráfico, es decisivo conseguir un cambio social verdadero, que con la acción policial no basta: hay que lograr que el tráfico de drogas no sea únicamente reprobable desde un punto de vista ético, sino innecesario en términos económicos. “Hay que implantar unas medidas sociales en las que se impliquen todas las administraciones, locales y estatales”, concluye. “Hay que fortalecer los puestos de trabajo en la comarca”. Sus palabras cobran sentido si atendemos al contexto socioecónomico de la zona: con una tasa de desempleo por encima del 30%, los salarios que las mafias del narcotráfico ofrecen a los peones –tal y como informa el diario malagueño Sur– son tentadores: un aguador [informador para la organización] puede cobrar mensualmente entre 1.000 y 2.000 euros y un paquetero [colaborador en el desembarco en costa], entre 2.000 y 3.000 euros.

A tenor de las denuncias, The Objective contactó con el Ministerio de Interior para conocer su postura. No obtuvo respuesta.