Berta Cáceres o cómo la lucha por el medioambiente se cobra sus víctimas a punta de pistola
El asesinato de Berta Cáceres es ejemplo de las prácticas de violencia que con impunidad se utilizan para contrarrestar a quienes defienden sus territorios
Defender la tierra es peligroso y sale caro. Tan peligroso como que posiblemente tengas que vivir bajo amenaza de muerte toda tu vida, tan caro como que esas amenazas finalmente se ejecuten y termines pagando con ella. Desde 2014 se han reportado más de 800 asesinatos a activistas medioambientales, según el informe de Front Line Defenders sobre la represión y coacción que se da en algunos países latinoamericanos.
El asesinato de la hondureña Berta Cáceres es un triste ejemplo de las prácticas de amenaza y violencia que con impunidad se utilizan para contrarrestar a aquellos que defienden sus territorios y recursos en la zona; los que defienden tu territorio y el mío.
Tres años se cumplen de aquella madrugada del 3 de marzo de 2016 cuando unos sicarios irrumpieron en la vivienda de la activista medioambiental y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para acabar con su vida. Esa noche también resultó herido el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto, miembro de Amigos de la Tierra, quien fingió estar muerto para salvar su vida.
Un asesinato que se produjo menos de un año después de que Berta recibiera el Premio Ambiental Goldman, también conocido como el Nobel verde, por su oposición pacífica al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en el río Gualcarque, llevado a cabo por la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA). «El proyecto Agua Zarca pretendía la creación de una presa para la producción de energía eléctrica en el río Gualcarque. Esto supondría la expulsión de las poblaciones indígenas Lenca de las orillas del río, imposibilitando el desarrollo del modo de vida de estas poblaciones en la región», cuenta a The Objective Víctor Barro, portavoz de Justicia Económica de Amigos de la Tierra, que asegura que esta construcción supondría «el fin de este recurso imprescindible para la obtención de agua para los cultivos. Además de inundar las tierras fértiles, zonas de culto y espiritualidad». Y por ello Berta Cáceres se opuso a él. Y por eso esta activista madre de tres hijos fue asesinada al recibir tres disparos a corta distancia a la altura del pecho.
El papel del Gobierno hondureño y los bancos
Según las conclusiones del informe ‘Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres’, encargado por la familia de la activista al Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), el proyecto Agua Zarca es «ilegal». Aunque entre el año 2010 y 2013 el Gobierno aprobó la construcción del mismo, para el GAIPE se trata de una concesión «ilegal» ya que «violó» el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales que obliga a los gobiernos a «consultar a los pueblos interesados, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Esto nunca ocurrió con el pueblo Lenca, que considera el río Gualcarque como sagrado.
«Altos ejecutivos» de DESA contaban con el apoyo del «Gobierno local y nacional» debido a las «relaciones» de la empresa con miembros del Estado, según la investigación llevada a cabo por el GAIPE. «El Gobierno de Honduras ha sido capturado por los intereses corporativos, de los inversores y de los grupos de poder que están detrás de esta y otras inversiones. Es por tanto cómplice del modelo extractivo en Honduras que impulsan los inversores nacionales y extranjeros», explica Víctor Barro.
«Dar la vida por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta»
Por otro lado, según la investigación independiente, DESA no tenía suficiente dinero por sí solo para completar la construcción de la presa de Agua Zarca. Por lo que los financiadores como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (
Condenados y autores intelectuales
El 30 de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó a siete personas de las ocho acusadas por el asesinato de Cáceres. Los siete acusados declarados culpables son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, ejecutivo de DESA; Edilson Duarte, presunto asesino a sueldo, además de Henry Hernández, Elvin Rápalo y Óscar Torres. La Fiscalía pide prisión permanente, mientras que los defensores de los imputados penas de 20 a 33 años de prisión.
Sin embargo, a la espera de que el Tribunal dicte sentencia, lo que no han sido juzgados ni sentenciados son «los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres». «La investigación ha estado llena de irregularidades principalmente debido a la captura corporativa y el poder que ostentan y protege a los autores intelectuales de este y otros asesinatos, y que quedan, debido a su influencia, finalmente impunes», cuenta el portavoz de Amigos de la Tierra.
«Han creído que la impunidad es eterna. Se equivocan, los pueblos saben hacer justicia»
Y es que la investigación del GAIPE reveló que DESA desplegó fuerzas de seguridad privadas y contrató sicarios a sueldo para neutralizar a Berta. «El asesinato de Berta Cáceres fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA quienes actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado», se puede leer en el informe, que también relata reuniones frecuentes entre ejecutivos y socios de DESA, autoridades del Gobierno hondureño y fuerzas de seguridad en 2012. Estas reuniones abrieron la puerta para que los empleados de DESA dirigieran a la Policía y miembros del Ejército a reprimir a quienes se oponían a la represa de Agua Zarca. Algo que no frenó a Berta Cáceres para encabezar esta lucha a pesar de las continuas amenazas de muerte que recibía.
¿En qué estado se encuentra el proyecto Agua Zarca?
Según informan a este diario Amigos de la Tierra, en julio de 2018 el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) retiraron su apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, «suspendiéndose esperamos que de forma definitivo el proyecto hidroeléctrico». «Suponemos que DESA seguirá intentado buscar financiación y desde la sociedad civil estaremos alerta para que esta sea una más de las victorias de Berta Cáceres«, sentencia Victor Barro.
Actualmente, hay poca claridad sobre la construcción del PH Aguas Zarca. En la página oficial de CESA se indica que está avanzada en un 15%.
Berta Cáceres se ha convertido en símbolo de activismo medioambiental. Pero su asesinato no es un hecho aislado, sino el resultado de una maquinaria perfectamente engranada que ha empujado a los defensores de los recursos naturales al frente de una batalla que les obliga a organizarse y resistir y, en el peor de los casos, a morir.
