España, paraíso judicial para las sectas

En España hay entorno a 250 sectas. Se presentan como grupos religiosos, de crecimiento personal, de corte solidario o humanitario, filosófico o new age. Lejos quedan ya aquellos grupos sectarios que hablaban de ovnis y extraterrestres, como en los 80. Son masas que se adaptan al espíritu de los tiempos que pueden disfrazarse detrás de grupos de yoga o meditación y cuyo discurso hoy queda envuelto en mensajes de superación, éxito, cuidado personal, meditación o relajación.

Alrededor del 0,8% – 0,9% de la población española, esto es, unas 600.000 personas, según estimaciones de estudios indirectos, participa en una de estas doctrinas o ideologías concretas que buscan «el poder y transformar la sociedad». Un porcentaje similar al de otros países europeos donde las cifras también rondan el 1%.

Tras el caso de Patricia Aguilar, la española rescatada en julio de una secta en Perú, se está buscando la forma de regularizar la adhesión a estos grupos. Y es que como destacaba el periodista Melchor Miralles en nuestra sección de opinión elSubjetivo, «resulta alarmante la escasa eficacia en la persecución de estos delitos, como en otro tipo de desapariciones, y la ausencia de protocolos internacionales para la persecución de este tipo de organizaciones, delictivas».

Por su parte, el padre de la joven lamentó durante una rueda de prensa la «desprotección de las víctimas» y la “falta de leyes que legislen casos”. Además, solicitó un protocolo y formación policial “para saber cómo actuar en estas situaciones”, así como un observatorio para la prevención y centros de ayudas a las víctimas captadas por sectas.

Legislación española 

La captación psicológica en España no es delito. Además, en muchos casos, la adhesión a estos grupos se produce por decisión propia motivada por multitud de factores y las víctimas son mayores de edad. «En nuestro país la situación legislativa actual dista mucho de la que encontramos en otros países europeos como Francia, Bélgica o Luxemburgo donde sí existe una legislativa específica orientada a los grupos de sectas destructivas», apunta a The Objective Miguel Perlado, psicólogo especialista en relaciones abusivas y abordaje global de la problemática sectaria.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan tanto la policía como los investigadores es que estos grupos sectarios se inscriben como entidades religiosas o incluso asociaciones culturales. De esta forma las autoridades se encuentran con las manos atadas, ya que formar una agrupación no es un delito, tal y como se fundamenta en la Constitución española a través de la libertad de creencias, religiosa y de culto. Por eso la policía tiene que acogerse a otro tipo de infracciones en las que éstas puedan incurrir para poder procesar a sus líderes, ya que como apunta el experto «no se puede juzgar a un grupo per se, pero su comportamiento sí puede ser regulado». En este sentido, algunos de los principales delitos en los que suelen incurrir y por los que sí pueden ser juzgados son: publicidad engañosa, captación de menores, usurpación de identidad, evasión fiscal, actividades coercitivas o explotación laboral de sus fieles.

Asimismo, el Código Penal, en el artículo 515 recoge que “son punibles las asociaciones ilícitas que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución”. Sin embargo, ¿ha sido aplicado a alguna secta destructiva en España? La respuesta es clara y tajante, no.

«Es frustrante», apunta el psicólogo, que también destaca la falta de profesionales como abogados, psicólogo o juristas especializados. «Hay grandes carencias. Hay que seguir mejorando los instrumentos de evaluación y en la formación de profesionales porque hay grandes lagunas. Es uno de los flacos que tiene sus limitaciones por la ley».

Perfil de las víctimas

El  mito sobre que la mayoría de las víctimas captadas por una de estas sectas son personas con problemas, conflictivas o con poca formación educativa es falso. Según apunta Miguel Perlado, buscan, sobre todo, «gente joven, idealista, con buen corazón, ingenua, con estudios universitarios y con insatisfacción social«. Y añade: «No les interesan personas conflictivas o taradas que presenten un problema para la organización».

Entre sus objetivos también se encuentran personas entre 30 y 40 años con antecedentes de alguna adicción a tóxicos o dependencias afectivas o emocionales, y aquellos que sufren la crisis de la mitad de la vida y que buscan nuevos caminos. Y es que entre sus mensajes destaca la plena convicción de que transformarán la sociedad y salvarán a la población.

La salida de uno de estos grupos, apunta Perlado, puede tardar años. El paso más adecuado es la ayuda psicológica, “de lo contrario, el riesgo de recaída y de entrar en otra relación de abuso se incrementa a medida que pasa el tiempo”, señala el profesional.