Discapacidad tras la COVID-19: incertidumbre, estigma y exclusión del mercado laboral

La actividad económica, en stand by. Con los mínimos servicios, las relaciones sociales bloqueadas y el aislamiento, las consecuencias de confinarse durante más de dos meses en casa han provocado cambios en la salud física y psíquica, además de la pérdida de empleo o la suspensión de sueldo por los ERTES, y una incertidumbre sobre un futuro que se delinea incierto. Estos acontecimientos han afectado también a las personas con discapacidad, suponiendo un antes y un después para este colectivo.

A fin de identificar los nuevos obstáculos a los que se tienen que enfrentar este grupo de población y evitar la exclusión laboral se debe poner en conocimiento la ardua realidad social que puede suponer para el colectivo la denominada «nueva normalidad».

«Alrededor del 60% de las personas con discapacidad que se encuentran trabajando en la actualidad podrían perder su empleo como consecuencia de la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia causada por la COVID-19 y la temporalidad de sus contratos», apunta Odismet en el informe Estudio, efectos y consecuencias de la crisis de la COVID-19 entre las personas con discapacidad. Datos agravantes si se tiene en cuenta que, antes de la llegada de la pandemia solo una de cuatro personas con discapacidad tenían empleo.

El estigma y los prejuicios, frenos para la inclusión laboral

El informe trata de ahondar en las consecuencias y el impacto del coronavirus [contexto id=»460724″] para este colectivo. En palabras de Luis Enrique Quifez, uno de los coautores de este trabajo, «un 12% de los encuestados afirman que han perdido el trabajo como consecuencia de la crisis sanitaria». Aunque exista una ley que promueve la contratación, el estigma y los prejuicios siguen siendo frenos para su inclusión laboral.

La ley, aprobada en 1982, obliga a las empresas españolas de más de 50 trabajadores a aplicar una cuota del 2% a favor de las personas con discapacidad. Un porcentaje que, en ocasiones, se torna borroso. «Con un desplome en el mes de abril, es el dato más bajo en los últimos 14 años», ha explicado Quifez.

Aunque habrá que esperar a los datos del último trimestre para ver realmente como el impacto del desempleo en las personas con discapacidad, los datos no son nada esperanzadores. Sin embargo, no han dejado de rendirse ni reinventarse. Informarse se ha convertido en un fin para la población con discapacidad durante el confinamiento y, según Quifez, «el 35% lo ha hecho muy a menudo». Asimismo, un total de un 38% de los encuestados han invertido su tiempo libre en casa para formarse y lidiar con el dificultoso proceso de acceso al empleo.

Perspectivas de futuro y compromiso social

Las perspectivas de futuro son nubosas entre los encuestados. El 37% considera que les será muy complicado encontrar un empleo, mientras que un 60% habla que tardaremos mas de un año en volver a la normalidad.

Ante esta situación extrema, el debate sobre los criterios de atención médica de las personas con discapacidad vuelve a estar en el punto de mira. Con datos —poco alentadores— y combinando el análisis con las medidas de protección social un 37% de los encuestados afirma no percibir prestación alguna. Dato que se incrementa al 44% en el caso de la mujer y a un 56% en el caso de los jóvenes.

Esta realidad—a menudo invisible— es acuciante. Es necesario levantar la mano como una llamada a la responsabilidad social desde el presente con un compromiso hacia las personas con discapacidad. En palabras de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, hay que «trabajar para que no caigan en una situación peor que la que tenían antaño». La integración laboral para este colectivo sigue siendo un punto pendiente en el mercado laboral. Queda aún mucho camino que recorrer para la completa integración, empezando por renovar una ley de hace casi cuarenta años.