¿Es realmente la okupación un problema en España?

«Es mentira que la okupación no sea un problema, es mentira que sea un tema menor, es mentira que sea un problema únicamente de bancos, hay muchas personas que lo están pasando muy mal y eso tiene que terminar», cuenta Toni Miranda, el presidente de la recientemente creada Asociación de Afectados por la Okupación (AAO) a The Objective.

Toni Miranda es conocido como el líder antiokupa español, aunque él se define como escritor. En su anterior carrera profesional se dedicaba al mundo de la empresa privada, y ha pasado muchos años en diferentes compañías viajando alrededor del mundo. Hace unos años decidió volver a España y publicó varios libros relacionados con la democracia y la sociedad civil, que él mismo afirma van un poco ligados a su faceta de activista por la que acabó creando la Asociación de Afectados por la Okupación (AAO).

«Cuando finalmente decidí volver a España, me encontré el país en unas condiciones muy determinadas, y como ciudadano comprometido que soy, me he decidido a buscar soluciones en este terreno que considero muy importante. En este momento está ocurriendo un problema muy serio con la gente que está padeciendo el fenómeno de la usurpación de viviendas», afirma Miranda.

«El problema de la okupación es muy antiguo. Desde la asociación nosotros nunca hemos dicho que este problema lo haya generado un gobierno u otro. El problema de la okupación en Europa surge en los años 60, se fue desarrollando en algunos países que al final lo fueron corrigiendo. En este momento de todos los países europeos solo lo padecen España y Portugal, el resto de Europa tiene legislaciones muy adecuadas, y cuando alguien okupa una casa, va la policía y le echa de inmediato, y o bien lo multan o directamente lo arrestan. Pero, ¿qué ocurre con España? Aquí hay impunidad con la gente que tramita estas acciones de usurpación de viviendas, esto no se ve en Europa. Este agujero de impunidad que se está generando es porque las administraciones no están haciendo nada. Esto lo tenemos que parar, es un problema que nos afecta no solo a los que tienen un problema por la okupación, nos afecta a todos los españoles», cuenta Toni.

Falta de leyes 

El objetivo principal de la creación de la asociación es que los dueños tengan derecho a disponer de sus viviendas sin que nadie se instale en su interior, según afirma el presidente de la AAO . Pero también quieren valorar cuáles han sido los daños que han ocasionado los okupas, tanto los materiales con el destrozo de casas o el de las instalaciones, como los morales, de personas que sufren amenazas, o viven en un estrés continuado por el abandono de la administración, o tienen a delincuentes instalados en sus edificios, sin necesidad de que estén en sus casas.

Pero para que esto pueda pasar piden que se modifique la ley, que sea más concreta con el objetivo de eliminar las incertidumbres. Pero actuando en función de la naturaleza de los okupas. «Los hay de tres tipos: las personas que necesitan vivienda y están en una precariedad absoluta, que tendrán que ser atendidas por la administración; el sector de las mafias que se dedican a okupar viviendas para cultivar drogas y otras cosas –esas necesitan otro tipo de actuaciones–, y por último, los grupos antisistema, que tienen un soporte ideológico detrás y que son parte del problema», explica Toni.

Hoy en día la única ley que regula esto en la Constitución española es el artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero este derecho no menciona la ocupación ilegal de una vivienda. Se sanciona bajo el amparo del artículo 245 del Código Penal, que distingue si en la ocupación de la vivienda ha habido violencia o intimidación o se ocupa sin la autorización debida. En el primer caso tiene una pena de prisión que puede llegar hasta los dos años.

El líder antiokupa afirma que los «agujeros de impunidad» no son culpa de los delincuentes, ya que ellos no tienen ni el poder, ni la capacidad para hacerlos.  En su opinión el responsable es la administración del Estado, ya que solo es ella la capaz de generarlos, sencillamente no actuando, no aplicando la ley.

«Es un negocio que está quedando impune, y esto no lo podemos continuar permitiendo, dado que parece ser que desde las instituciones no están actuando, la sociedad civil nos estamos organizando para exigir a las instituciones que hagan su trabajo. Y si no lo hacen les vamos a denunciar, los vamos a demandar, y vamos a tomar las acciones que dentro del Estado de derecho estén contempladas para exigir el cumplimiento de las leyes», cuenta Miranda a The Objective .

Otro de los problemas que denuncia Miranda es que los afectados están solos. Mientras que las redes de los denominados okupas cuentan una organización detrás, hay un soporte ideológico y muchas veces económico, asegura el creador de la asociación. «Hay mafias que están allí organizando las acciones, son redes, son estructuras. En cambio la persona que sufre la okupación es una persona sola, una persona que está aislada. Una persona que pensaba que estaba integrada en una sociedad, que tenía unas garantías dentro de la legalidad, se encuentra con un abandono impresionante de las instituciones, se encuentran que cuando acuden a la Policía para resolver su problema no les resuelve el problema, los jueces no arreglan el tema y tienen que vivir con este sufrimiento, y se encuentran en el completo abandono», afirma el presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación.

Los números de la ocupación en España

¿Pero es realmente cierto lo que dice Toni, hay un problema real con la okupación en España? ¿Qué dicen los números?

Se manejan muy pocas fuentes, una de ellas es una estadística del Ministerio de Interior, que afirma que en el primer semestre de 2020 hubo 7.450 denuncias de okupación, frente a 7.093 del mismo periodo anterior. Un ligero aumento, con 357 más en toda España. El dato que se repite es que hay 41 denuncias al día, casi igual que en 2019, con 40 al día. Es más, por comunidades, la cifra ha bajado o se mantiene en todas, salvo en cinco. En resumen, no se ha disparado con la pandemia. Sí es un problema que crece desde hace años, bajo gobiernos de distinto signo.

Y según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2019 hubo 285 condenas por allanamiento de morada en España, un dato que incluye todos los delitos, no solo la okupación. Es una cifra estable desde 2013 (315 casos), con un pico en 2016 (357 casos). La usurpación, que es el delito que consiste en apoderarse violentamente o con intimidación de un inmueble o de un derecho que corresponde a otra persona, sí es claramente mayor y se confirma como el verdadero foco del problema: 6.028 casos en 2019. Ha aumentado notablemente desde 2013, cuando hubo 1.669 condenas.