La tragedia del coronavirus en las residencias de ancianos

Dos de cada tres fallecidos por la Covid-19 en España son personas mayores que vivían en residencias. Hablamos con Ana Urrutia, doctora en geriatría, emprendedora social y gerente de un centro de mayores, sobre las dificultades que su sector ha debido afrontar durante la pandemia y la necesidad de apostar por un modelo centrado en los derechos y la protección de las personas mayores, no solo para prevenir futuros contagios, sino para defender su dignidad como seres humanos.

Más de 27.000 personas han fallecido en España a causa del coronavirus, siendo un colectivo el más golpeado por la pandemia: las personas mayores en residencias. Según los datos proporcionados por las comunidades autónomas, la Covid-19 ha dejado 19.404 víctimas en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos, ya sean públicas, concertadas o privadas, del país. Un 71% del total notificado oficialmente por el Ministerio de Sanidad.

La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Pero la cifra podría ser incluso mayor pues como apuntan desde RTVE, Sanidad solo contabiliza como víctimas de coronavirus a personas que han muerto después de dar positivo. Es decir: las pruebas no se hacen post mortem, por lo que no computarían fallecidos con coronavirus a los que no se les haya hecho la prueba.

“Todos sabíamos que las personas mayores eran el colectivo más vulnerable y, sin embargo, la realidad es que no hemos hecho gran cosa”, afirma Ana Urrutia, doctora en geriatría y directora del Grupo Torrezuri, que desde su residencia de Vizcaya cuenta cómo los profesionales del sector han afrontado esta crisis. “Nos hemos convertido en escudos humanos, porque no teníamos EPIs ni nada, cuando esa no es nuestra función. Las diputaciones y los servicios sociales nos dejaron solos con la carga psicológica de saber que si el virus entraba en la residencia nosotros éramos quienes lo habíamos trasladado. Las personas mayores tenían miedo, lloraban porque no sabían qué iba a ser de ellos. Yo he hecho 75 días seguidos trabajando y, como yo, muchísima gente en este país. Y en lugar de encontrar apoyo y comprensión nos han tratado fatal”, explica la emprendedora social de Ashoka, creadora de la Fundación Cuidados Dignos.

La Fiscalía General del Estado mantiene 191 diligencias civiles y otras 191 penales en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. Y hablando de depurar responsabilidades, Urrutia señala: “yo creo que ha sido un fenómeno multifactorial y, como tal, ahora es el momento de sentarnos a ver qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir. Por eso, lo primero que habría que hacer es una comisión nacional con expertos y técnicos que, desde una visión objetiva, analice qué ha pasado y las distintas variables”. No solo si el modelo era público o privado, como muchos debates politizados defienden, sino los ratios de personal y atención o la disponibilidad de espacios.

“Nos guste o no dos tercios de los fallecimientos se han producido en residencias de personas mayores. Y no vale con decir que era población vulnerable. Igual es que no los hemos protegido como debiéramos sabiendo que eran vulnerables”, continúa diciendo Urrutia. Que, no obstante, señala: “es importante decir que la crisis del coronavirus ha sido un problema más sanitario que social. ¿Que nuestras organizaciones podían haber estado mejor preparadas? Puede ser, pero no te sé decir hasta dónde o por qué tener sanitarios nos hubiera ayudado”. Y se explica diciendo: “Las residencias son un lugar de vida, un servicio social. Si un ciudadano que vive en su casa tiene todos sus servicios sanitarios, ¿el ciudadano que vive en la residencia tiene que tener otros especiales? Las personas que están en las residencias tienen derecho a ser atendidos por los servicios sanitarios y no les han acogido. Yo he tenido el miedo de enviar a mis pacientes a los hospitales porque estaba segura de que los iban a aparcar”.

Derechos, dignidad y cuidados contra la deshumanización de las personas mayores

Ante una situación tan extrema como la pandemia del coronavirus, el debate sobre los criterios de atención médica se ha reducido, muchas veces, a la edad de los pacientes. Resulta terrorífico pensar que se pueda normalizar la idea de que las personas mayores, dependientes, con discapacidad o más débiles puedan ser sacrificadas en pos de la supervivencia del resto. Pero lo cierto estos argumentos, justificados muchas veces en la supuesta capacidad productiva de las personas, se han esgrimido desde Estados Unidos a Holanda.

“Es cierto que hay que tener en cuenta el principio de justicia y los recursos, pero en esta sociedad hay una falta de valorización de las personas mayores que nos ha conducido a unas situaciones terribles y una toma de decisiones desde el punto de vista ético completamente inaceptables”, lamenta Urrutia. “Por eso yo siempre digo que el modelo tiene que estar centrado en la persona porque si fuera así todos tendríamos los mismos derechos: las personas mayores tendrían el mismo derecho a ser atendidos desde el sistema sanitario y se las valoraría como personas que pueden sobrevivir al coronavirus”, explica la geriatra. 

La deshumanización no solo de la muerte, sino también de la vida de las personas mayores se refleja también en la escasa preocupación del Gobierno y las Administraciones por el bienestar de los residentes durante toda la crisis del coronavirus. “En plena pandemia no puedes decretar que todos se confinen en las habitaciones porque igual para todos no es bueno. Para tomar esa decisión tienes que tener en cuenta el peligro de infección y, por supuesto, todos los aspectos preventivos, pero también aspectos personales y de reacción a esa situación de encierro que tienen muchas personas con demencia y, en función de eso, decidir pensando en la calidad de vida de esa persona. Porque para algunas personas el problema de soledad y aislamiento puede ser muchísimo peor que el riesgo de contagio. Insisto: cada caso hay que trabajarlo individualmente y centrarse en la persona”, asegura la geriatra.

Poco a poco, y con mucha precaución, algunos familiares han podido entrar en la residencia de Urrutia, pero critica el hecho de que las personas mayores todavía no puedan salir de estos centros. Para Urrutia parte del problema es que “todavía existe la idea de que las residencias son asilos, cuando realmente somos profesionales y especialistas que atendemos y cuidamos a personas frágiles y dependientes”. Aunque desde las instituciones no cuenten con ellos. “La base para tomar decisiones y legislar tienen que ser los derechos de las personas y las personas mayores tienen derecho a una vida digna, una vida de bienestar, de alegría, de no sufrir la tristeza. Claro que tienen derecho a no ser contagiados, pero tiene que ser todo un equilibrio. Porque, además, tienen profesionales que les pueden asesorar para que no se contagien”, remata.

Urrutia asegura que poner a las personas en el centro no supone un mayor coste, simplemente un cambio de concepción de la dignidad humana, que se traduciría en metodologías de trabajo diferentes. Incluida la prevención del coronavirus. “Tenemos un recorrido. Como equipos para hacer las cosas de otra manera. Como país, cambiar ese enfoque paternalista a otro más centrado en los derechos. Ahora bien, a partir de ahí llegaremos a un techo que es cuando nos tenemos que plantear qué modelo de cuidado queremos. Porque con el envejecimiento poblacional estamos viendo en las residencias que cada vez el perfil del usuario es mucho más dependiente y tiene una mayor carga de trabajo. Y si queremos dar una respuesta de calidad tenemos que pensar a lo grande, probablemente invirtiendo más, mejorando los ratios, formando más a las organizaciones y mejorando los espacios”, cuenta.

Si las crisis pueden ser una oportunidad, Urrutia quiere aprovechar esta para “generar un modelo que funcione mejor, desde un punto de vista no solamente preventivo del coronavirus, sino de la gestión de los derechos y la protección de las personas mayores”. Y desde las residencias, concluye: “si queremos que esa sociedad a la que le pido que sea más autonomista confíen en los técnicos y piense en clave de derechos y lo que cada persona entiende como digno para sí, tenemos que trabajar con total transparencia”.