Acusan al gobierno de Dilma Rousseff de cometer un delito fiscal. El Tribunal de Cuentas afirma que el Ejecutivo incumplió la ley al usar unos 12.000 millones de euros de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado.
Acusan al gobierno de Dilma Rousseff de cometer un delito fiscal. El Tribunal de Cuentas afirma que el Ejecutivo incumplió la ley al usar unos 12.000 millones de euros de bancos públicos para inflar sus resultados y mejorar las cuentas del Estado.
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