Una fotoperiodista se enfrenta a cargos penales por una foto de los ataques de París
La imagen que esta reportera gráfica tomó de este hombre recibiendo asistencia médica fue vendida a la agencia United Press International (UPI), y más tarde revendida a una agencia francesa y utilizada por la revista VSD, que identificó al joven como un superviviente de los ataques, además de poner su nombre y su inicial. Cuando la revista publicó esta imagen, el 17 de noviembre, él ya había fallecido. Dos meses después de todo esto, a Vidon-White le informaron de que estaba siendo procesada bajo la llamada Ley Guigou, que prohíbe la publicación de fotos que muestren a víctimas del terrorismo de una manera que viole su “dignidad humana”. La fotógrafa se enfrenta a cargos penales, y la familia pretende obtener una indemnización de 34.000 euros, más los gastos legales. Los defensores de la reportera llevan la libertad de expresión por bandera.
Reuters
Maya Vidon-White se enfrenta a cargos penales en el país galo por una fotografía que tomó la noche del 13N, en la que se puede ver a un hombre herido en las inmediaciones de la sala Bataclan, donde los terroristas mataron a 90 personas. La familia del ahora fallecido ha denunciado a esta fotoperiodista, alegando que la publicación de la imagen les ha causado daños.
La imagen que esta reportera gráfica tomó de este hombre recibiendo asistencia médica fue vendida a la agencia United Press International (UPI), y más tarde revendida a una agencia francesa y utilizada por la revista VSD, que identificó al joven como un superviviente de los ataques, además de poner su nombre y su inicial. Cuando la revista publicó esta imagen, el 17 de noviembre, él ya había fallecido. Dos meses después de todo esto, a Vidon-White le informaron de que estaba siendo procesada bajo la llamada Ley Guigou, que prohíbe la publicación de fotos que muestren a víctimas del terrorismo de una manera que viole su “dignidad humana”. La fotógrafa se enfrenta a cargos penales, y la familia pretende obtener una indemnización de 34.000 euros, más los gastos legales. Los defensores de la reportera llevan la libertad de expresión por bandera.