Ferrovial podría verse salpicada por un delito relacionado con la gestión de campos de refugiados australianos
«A partir de las investigaciones que hemos realizado sobre la situación actual, es posible que directivos de Ferrovial puedan verse implicados en un caso relacionado con crímenes contra la humanidad», ha explicado Diala Shamas, abogada clínica en el departamento de Derechos Humanos Internacional y Resolución de Conflictos de la Escuela de Derecho, en Standford. “Hemos comunicado nuestra preocupación a Ferrovial en una comunicación privada con sus directivos, a los que hemos ofrecido detalles sobre lo que hemos averiguado. Estamos a la espera de una respuesta por su parte». Shamas dijo que las conclusiones de sus colegas deberían ser una advertencia para cualquier compañía o país que pretenda reproducir las políticas australianas sobre refugiados en cualquier otra parte. Los centros de detención australianos fuera del continente han sido objeto de una amplia e insistente crítica desde que el país reintrodujo su política de «procesamiento en el litoral» en 2012. En la actualidad, las personas que llegan a Australia por mar sin visado en busca de asilo son enviadas a las islas de Nauru o Manus, donde la mayoría permanece detenida de forma indefinida y arbitraria en centros específicos. A todos se les dice que «bajo ninguna circunstancia podrán instalarse en Australia”, sin que haya para ellos ninguna alternativa donde ir. Ferrovial adquirió la responsabilidad del contrato del centro de detención en el litoral el pasado mes de mayo, después de comprar más del 90 por ciento de Broadspectrum, la compañía que gestiona estos campos de inmigrantes y refugiados. Ferrovial ha manifestado que dejará de ofrecer sus servicios después de que el actual contrato expire en febrero de 2017.
Reuters
Expertos en Derechos Humanos han advertido a la compañía española Ferrovial, dueña de la empresa encargada de gestionar los campos de inmigrantes y refugiados situados en territorio australiano fuera del continente, cuyos empleados podrían ser acusados de crímenes contra la humanidad, que sus directivos corren el riesgo de verse implicados también por la legislación internacional por suministrar servicios a los campos de las Islas Nauru y Manus, en Papúa Nueva Guinea.
«A partir de las investigaciones que hemos realizado sobre la situación actual, es posible que directivos de Ferrovial puedan verse implicados en un caso relacionado con crímenes contra la humanidad», ha explicado Diala Shamas, abogada clínica en el departamento de Derechos Humanos Internacional y Resolución de Conflictos de la Escuela de Derecho, en Standford. “Hemos comunicado nuestra preocupación a Ferrovial en una comunicación privada con sus directivos, a los que hemos ofrecido detalles sobre lo que hemos averiguado. Estamos a la espera de una respuesta por su parte». Shamas dijo que las conclusiones de sus colegas deberían ser una advertencia para cualquier compañía o país que pretenda reproducir las políticas australianas sobre refugiados en cualquier otra parte.
Los centros de detención australianos fuera del continente han sido objeto de una amplia e insistente crítica desde que el país reintrodujo su política de «procesamiento en el litoral» en 2012. En la actualidad, las personas que llegan a Australia por mar sin visado en busca de asilo son enviadas a las islas de Nauru o Manus, donde la mayoría permanece detenida de forma indefinida y arbitraria en centros específicos. A todos se les dice que «bajo ninguna circunstancia podrán instalarse en Australia”, sin que haya para ellos ninguna alternativa donde ir.
Ferrovial adquirió la responsabilidad del contrato del centro de detención en el litoral el pasado mes de mayo, después de comprar más del 90 por ciento de Broadspectrum, la compañía que gestiona estos campos de inmigrantes y refugiados. Ferrovial ha manifestado que dejará de ofrecer sus servicios después de que el actual contrato expire en febrero de 2017.
