ONGs piden al Gobierno filipino que ponga fin a las muertes de narcotraficantes
«La Junta Internacionl de Control de Drogas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (deben condenar urgentemente el alarmante aumento de las muertes de sospechosos de consumo de drogas o traficantes en Filipinas», han solicitado las ONGs. El Consorcio ha instado a las agencias internacionales a que indiquen al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que el aumento de muertes de supuestos traficantes de drogas y drogadictos no es una medida aceptable de «control del delito» y que debe, por todos los medios, proteger «los derechos humanos más fundamentales». «La complicidad activa o pasiva del Gobierno con esas muertes contradice su promesa de respetar los Derechos Humanos y mantener el Estado de Derecho», aseguran en una carta hecha pública. Desde que Duterte lanzó su mensaje tras tomar posesión de su cargo el 30 de junio, animando a policías y ciudadanos a acabar con los drogadictos y narcotraficantes en el país, se han contabilizado 465 muertos hasta el 1 de agosto. Las ONGs piden al presidente Duterte que ponga fin a estos «asesinatos extrajudiciales» y que adopte «todas las medidas» necesarias para controlar el tráfico de drogas «de acuerdo con el derecho internacional».
Reuters
Más de 200 Organizaciones NO Gubernamentales, integradas en el Consorcio Internacional de Control de Drogas, han expresado su total condena por las numerosas muertes de narcotraficantes a manos de la Policía de Filipinas en fechas recientes, en respuesta a una sorprendente orden dada por el presidente del país, Rodrigo Duterte.
«La Junta Internacionl de Control de Drogas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (deben condenar urgentemente el alarmante aumento de las muertes de sospechosos de consumo de drogas o traficantes en Filipinas», han solicitado las ONGs. El Consorcio ha instado a las agencias internacionales a que indiquen al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, que el aumento de muertes de supuestos traficantes de drogas y drogadictos no es una medida aceptable de «control del delito» y que debe, por todos los medios, proteger «los derechos humanos más fundamentales». «La complicidad activa o pasiva del Gobierno con esas muertes contradice su promesa de respetar los Derechos Humanos y mantener el Estado de Derecho», aseguran en una carta hecha pública.
Desde que Duterte lanzó su mensaje tras tomar posesión de su cargo el 30 de junio, animando a policías y ciudadanos a acabar con los drogadictos y narcotraficantes en el país, se han contabilizado 465 muertos hasta el 1 de agosto. Las ONGs piden al presidente Duterte que ponga fin a estos «asesinatos extrajudiciales» y que adopte «todas las medidas» necesarias para controlar el tráfico de drogas «de acuerdo con el derecho internacional».
