El Gobierno de Colombia y las FARC logran un nuevo acuerdo de paz tras el revés en el plebiscito
El nuevo texto sigue manteniendo el modelo de justicia transicional que permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, pero precisa las reglas y las áreas de restricción de libertad para los condenados. Además, el nuevo pacto establece el «término concreto» del sistema de jurisdicción especial que juzgará los delitos del conflicto que deja unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Asimismo, una de las principales modificaciones es la de garantizar que la propiedad privada no correrá peligro. Se mantiene uno de los puntos más criticados por los partidarios del ‘no’, las garantías para que los exguerrilleros depongan las armas y puedan hacer política. Otro de los cambios introducidos es que las cortes especiales no tendrán «magistrados extranjeros», como se había acordado en principio. Además, las FARC se comprometen a entregar un listado de sus bienes de antemano. El principal abanderado del ‘no’, el expresidente Álvaro Uribe, pidió a Santos que el nuevo texto no tenga alcance definitivo y sea puesto en conocimiento de todos los voceros del ‘no’ y de las víctimas.
HANDOUT
Colombia cuenta con un nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y los rebeldes de las FARC después de que el anterior texto fuera rechazado en el plebiscito del 2 de octubre. Ambas partes han alcanzado 40 días después un nuevo pacto que integra cambios, precisiones y aportes de los más diversos sectores de la sociedad. Según el presidente Juan Manuel Santos, «este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo».
El nuevo texto sigue manteniendo el modelo de justicia transicional que permitirá penas alternativas para responsables de delitos de guerra y de lesa humanidad a cambio de verdad, pero precisa las reglas y las áreas de restricción de libertad para los condenados. Además, el nuevo pacto establece el «término concreto» del sistema de jurisdicción especial que juzgará los delitos del conflicto que deja unos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados. Asimismo, una de las principales modificaciones es la de garantizar que la propiedad privada no correrá peligro. Se mantiene uno de los puntos más criticados por los partidarios del ‘no’, las garantías para que los exguerrilleros depongan las armas y puedan hacer política. Otro de los cambios introducidos es que las cortes especiales no tendrán «magistrados extranjeros», como se había acordado en principio. Además, las FARC se comprometen a entregar un listado de sus bienes de antemano.
El principal abanderado del ‘no’, el expresidente Álvaro Uribe, pidió a Santos que el nuevo texto no tenga alcance definitivo y sea puesto en conocimiento de todos los voceros del ‘no’ y de las víctimas.
