Movilización popular en España para salvar de la muerte a una vaca sin papeles

‘Margarita’, una vaca «sociable» y «cariñosa», como la califican sus dueños, nació hace cuatro años en una granja de la región española de Tarragona, y podría ser sacrificada en los próximos días si no se ponen sus papeles en regla. Esta situación ha motivado una movilización popular. El animal ha sido trasladado a escondidas a la sede de una asociación animalista mientras se negocia su indulto.

La vaca nunca había sido identificada ni registrada, como obliga la ley, que castiga con el matadero a los animales sin papeles. Para intentar evitar el trágico final del animal, la asociación Hogar Pro Vegan ha impulsado una iniciativa en change.org para recoger firmas, a la que se han sumado más de 172.000 personas en menos de una semana.

«Es inadmisible que ‘Margarita’ tenga que pagar con su vida por un error burocrático», ha declarado la directora de Hogar ProVegan de Tarragona, Elena Tova, quien asegura que la vaca «cuenta con el cariño del pueblo» y está acostumbrada a recibir «caricias y cuidados».

La situación irregular de la vaca se dio a conocer cuando una vecina denunció al propietario de la finca en la que vivía. El hombre recibió una multa de 600 euros por tener a un vacuno sin identificar en una explotación sólo apta para equinos.

Sin embargo, los vecinos del animal y los grupos animalistas que le apoyan, argumentan que «Margarita» no es explotada como ganado, pues «es una vaca sensible y cariñosa, que ahora se enfrenta a una injusta sanción que tiene que pagar con su vida».

Ellos entienden que la vaca debe ser considerada como animal de compañía y regirse bajo otra normativa, no por la que regula las explotaciones ganaderas.

🆘Tras reunirnos ayer con @govern ,el futuro de Margarita aún corre peligro.
Debemos lograr que la admin. entre en razón.#NoMatéisAMargarita pic.twitter.com/RBtYPdir9v

— Fundación El Hogar Animal Sanctuary (@Fund_ElHogar) May 25, 2017

Por su parte, la administración de Cataluña considera que es su «obligación» actuar «en los casos en los que el animal no está identificado y el propietario tampoco puede acreditar su origen, ni situación sanitaria», y se ha comprometido a encontrar una solución con el dueño. No obstante, la administración aumentó la multa de 600 a 3.000 euros y ha dado un plazo de nueve días a la asociación para recurrir la multa. Dicho plazo concluye el 27 de mayo.