La Audiencia de A Coruña fija una indemnización de 1.573 millones para el Estado por los daños del Prestige

La Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado este miércoles en 1.573 millones de euros la indemnización que deberá recibir el Estado por los daños causados tras el hundimiento en 2002 del petrolero Prestige en aguas del Atlántico, frente a la costa gallega, informa Efe. Según la notificación hecha este miércoles  por el tribunal, la Sala entiende que el daño patrimonial acreditado es de 931 millones de euros, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental, es decir, 279 millones de euros. Los magistrados entienden que a esta cifra hay que añadirle otro 30% por daño moral indemnizable, es decir, 363 millones de euros, lo que arroja un total de 1.573 millones, informa el Consejo General del Poder Judicial en un comunicado.

El 19 de noviembre de 2002, después de seis días a las deriva frente a las costas gallegas de Finisterre, el Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado y que operaba bajo la bandera de Bahamas, se partió en dos y se hundió provocando un vertido que afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral, desde Portugal hasta Francia.

Este auto de ejecución de la sentencia del caso Prestige, dictada en enero de 2016 por el Tribunal Supremo, fija las sumas que definitivamente procede abonar a los perjudicados, cantidades que han de ser pagadas por las partes condenadas, según han informado fuentes judiciales. Dichas partes son directamente el capitán del buque, Apostolos Ioannis Mangouras y la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, al menos hasta el límite de 1.000 millones de dólares. Subsidiariamente, se condena a hacer frente al pago de estas cantidades a la propietaria del Prestige, Mare Shipping INC, mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable.

El 26 de enero de 2016 el Tribunal Supremo condenó a dos años de cárcel al capitán del petrolero por delito imprudente contra el medioambiente. La sentencia estableció además la existencia de responsabilidad civil por la catástrofe ambiental que provocó el hundimiento del barco, pero no fijó la cantidad, que ha sido señalada este miércoles. El fiscal había pedido por ese concepto un total de 4.328 millones de euros.