Estalla la polémica en Argentina por el submarino

La pérdida del submarino argentino ARA San Juan en el Atlántico con 44 tripulantes ha desatado polémicas por las responsabilidades, la ira de familiares y la búsqueda infructuosa, en un país cuya marina arrastra mala reputación por la represión en dictadura y la guerra de Malvinas. El caso tiene fuertes implicancias. El sociólogo Ricardo Rouvier ha dicho a AFP que «el hecho tiene un costado político, histórico y tecnológico». «Se pone de manifiesto la responsabilidad militar en la última dictadura, la derrota en Malvinas y por otro lado la reacción civil-política que colocó a las fuerzas armadas en el lugar de la culpabilidad, en un segundo plano institucional y relegada presupuestariamente», ha señalado.

Más de 700 militares y policías han sido condenados a penas de prisión desde 2004, por graves violaciones de los derechos humanos en la dictadura (1976-83). Otros altos mandos sufrieron condenas en cortes militares por deficiencias en la conducción bélica contra Gran Bretaña (1982). A diez días de que se produjera el último contacto con el sumergible y horas después una explosión en la zona por donde navegaba, detectada por una organización antinuclear, la tragedia impacta en una sociedad conmovida.

Purga militar

La prensa local conjetura que habrá una purga militar. Pero el presidente, Mauricio Macri, ha dicho este viernes que hasta que no sea hallada la nave y realizada una investigación «seria, profunda» es mejor no aventurarse «en buscar culpables». En la misma línea, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ha afirmado sobre presuntos cambios en la cúpula naval que «toda especulación tiene que estar suspendida hasta que concluya esta operación» de rescate.

Pero la jueza Marta Yáñez ya ha comenzado a investigar. Lo primero que ha dicho es que «el submarino no tiene caja negra, la caja negra es todo el submarino». Y ha añadido: «El objetivo es investigar las causas de la explosión» que mencionó la Armada.

Rouvier ha dicho que «el fenómeno en sí de la desaparición del submarino lo convierte en una tragedia que integra cuestiones de la historia contemporánea argentina, y con la indefinición política de cuál es el rol de las fuerzas armadas». «Concurre sobre el submarino siniestrado el factor posible, no demostrado aún, de desidia, olvido o desinterés del poder político en invertir en sus FFAA», ha añadido.

La Armada ha pasado de buscar al buque en la superficie a orientarse al fondo del mar, con sonares y un equipo de rescate submarino de EEUU. «La zona es grande, el medio es hostil y es muy difícil la búsqueda», ha dicho el portavoz naval, Enrique Balbi. Desde el primer día se planteó la duda de encontrarlo rápido porque la meteorología era muy adversa, con fuertes vientos, temporales y olas de seis a ocho metros de altura. Ahora el mar está más calmado.

Familiares de los submarinistas han denunciado que el operativo lanzado para la búsqueda fue tardío. «Se ha decidido tarde usar todos los medios y en pedir ayuda internacional», ha dicho desesperada y entre sollozos Elena Alfaro, hermana del tripulante Cristian Ibáñez.

Manejo de la información

Lo que hizo estallar de furia a los familiares es que se informara que se había registrado una explosión nueve días después de ocurrida. La Marina informó sobre una avería de baterías cuatro días después de la desaparición. Itatí Leguizamón, esposa de otro tripulante, ha reaccionado con indignación: «Yo me siento engañada, ¡cómo van a saberlo recién ahora! son unos perversos y nos manipularon», dijo enfurecida. Es abogada y esposa de Germán Suárez, sonarista del ARA San Juan.

La explicación del retraso la ha dado Elizabeth Wächter, jefa de prensa de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN), que dio a conocer el informe: «Lo hicimos por nuestra propia iniciativa cuando nos enteramos de la desaparición del submarino y detectamos sonidos inusuales en algunas estaciones hidro-acústicas». Admitió que «el análisis de los datos fue un proceso largo y complicado».