Amnistía Internacional critica a Australia por trasladar "de un infierno a otro" a los refugiados

Amnistía Internacional (AI) ha criticado al Gobierno de Australia por trasladar «de un infierno a otro» a los refugiados recluidos en la isla de Manus, en el norte de Papúa Nueva Guinea, y por vulnerar sus derechos.

El traslado de los refugiados de un lugar a otro fue consecuencia de la clausura del centro de Manus por parte del Tribunal Supremo de Papúa, estableciendo su clausura el 31 de octubre pasado.

Gran parte de los internos se resistió al cierre de las instalaciones y, un mes después de la fecha impuesta por el tribunal, fueron desalojados a la fuerza por efectivos de la Policía y el Ejército. Los solicitantes de asilo se encuentran en estos momentos en un nuevo centro de acogida en la localidad de Lorengau, cuyos habitantes no les han recibido de buen grado, según Efe.

AI, que ha entrevistado a 55 de los «indocumentados» que se encuentran en esta isla, denuncia que estas instalaciones temporales son «inadecuadas». Así se recoge en su informe ‘Castigo, no protección: El trato de los australianos a los refugiados y solicitantes de asilo en Papúa Nueva Guinea’.

Signatories to the 1951 Refugee Convention have a legal obligation to protect people forced to flee their countries. Australia’s policy? Punishment. Cruel, harsh and indefinite punishment on #Manus. 4 years too long. It must end now: https://t.co/6UfP45BfWV

— Amnesty Australia 🕯 (@amnestyOz) 1 de febrero de 2018

«Trasladar a los refugiados y solicitantes de asilo de una situación infernal a otra no es una solución, es prolongar el sufrimiento de estos hombres desesperados», apunta Kate Schuetze, investigadora de AI para el Pacífico. «Los nuevos centros de la isla Manus no solamente son un riesgo a la seguridad, sino que carecen de servicios básicos».

Schuetze apela al Gobierno australiano a «terminar con esta política deliberada de crueldad y negligencia» y trasladar a los refugiados y solicitantes de asilo a Australia, para brindarles la protección debida. Por medio de los centros de Manus, Camberra pone en marcha «nuevas y creativas medidas para deslindarse de sus responsabilidades y violar las leyes internacionales», aclara la representante de Amnistía.

La organización pro derechos humanos ha reiterado, también, su denuncia sobre la falta de atención médica para tratar problemas de salud mental, al estimar que un 88% de los recluidos sufre de depresión o síndrome postraumático.

Muchos de los refugiados y solicitantes de asilo en Manus han huido de conflictos como los de Afganistán, Darfur, Pakistán, Somalia y Siria; otros han escapado de la discriminación, como la minoría rohingya, en Birmania.

Prácticamente la totalidad de los desplazados, incluidos aquellos con el estatus de refugiado, carecen de documentos de identidad, una situación que les priva de libertad de movimiento y les limita a la hora de buscar un trabajo.

Australia, que en 2012 reactivó la controvertida política de tramitar en países terceros las solicitudes de asilo, posee otro de estos centros en Nauru, nación del Pacífico que ha vetado en la práctica la visita de activistas y medios extranjeros.