La Manada ya es libre. Los dos miembros de la Manada que cumplían pena en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid) han abandonado en taxi el recinto penitenciario a las siete y media de la tarde, después de haber abonado la fianza de 6.000 euros decretada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. El guardia civil Antonio Manuel Guerrero y el miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Jesús Cabezuelo, condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, permanecían en esta prisión desde que el 9 de julio de 2016 el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ellos y los otros tres miembros del grupo, que, a las seis de la tarde, han abandonado también la cárcel de Pamplona. El tribunal que los ha dejado en libertad provisional entendía que no existía riesgo de reiteración delictiva, informa Efe.
José Angel Prenda, Jesús Escudero y Angel Boza, condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento a una joven madrileña durante los Sanfermines de 2016, permanecían en esta prisión desde que el 9 de julio de 2016 el juez decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para ellos y los otros dos miembros del grupo encarcelados en Alcalá Meco.
A la salida de estos tres últimos de la cárcel de Pamplona les esperaban numerosos medios de comunicación que desde primeras horas de la mañana hacían guardia en las puertas de la cárcel, pero no así ciudadanos, puesto que a lo largo del día no ha llegado a una decena las personas que se han acercado hasta allí. Los tres han salido juntos del edificio, llevando sus pertenencias, se han montado en dos coches que han acudido a recibirles y en ellos han abandonado el lugar a gran velocidad, lo que ha obligado a los periodistas a tener que apartarse.
«Teníamos que haber hecho una barricada, no tenían por qué haber salido, tenía que estar todo el mundo aquí», ha dicho a su salida una de las mujeres que se había acercado hasta la cárcel para mostrar su rechazo a la decisión judicial. A su queja se ha sumado la de otra que ha calificado de «indignante» la puesta de libertad, que, a su juicio, evidencia que la «judicatura forma parte de un sistema opresor, patriarcal y machista que considera a las mujeres como objeto de disfrute sexual del varón». «No es normal que los dejen impunes, en libertad, y con el agravante de hacerlo en vísperas de los Sanfermines», ha agregado.
Los cinco sevillanos, conocidos como La Manada por un grupo de WhatsApp que compartían, fueron condenados el pasado 26 de abril a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento durante los Sanfermines de 2016, unos hechos que fueron denunciados por la víctima el 7 de julio por la mañana y por los que pocas horas después fueron detenidos. Desde entonces han permanecido en prisión. Los requerimientos de puesta en libertad por parte de sus abogados no han sido atendidos hasta ahora, cuando restan pocos días para el vencimiento del plazo de dos años para la prisión provisional. Esto llevó a celebrar el pasado lunes una vista en la que las defensas solicitaron su puesta en libertad, mientras que las acusaciones, tanto particular como populares, así como la Fiscalía se pronunciaron a favor de la prórroga de la prisión provisional.
El mismo tribunal que los condenó por abusos sexuales, con un voto particular en contra que pedía su absolución, ha decretado ahora su libertad bajo fianza de 6.000 euros, también con un voto particular en contra, que se opone a la libertad y defiende la prórroga de la prisión incondicional. Las respectivas fianzas han sido depositadas por sus allegados a lo largo de la mañana, lo que ha posibilitado su puesta en libertad. A partir de ahora deberán comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad de residencia. Además, según las medidas cautelares impuestas, tienen prohibido acceder a Madrid, lugar de residencia de la denunciante, con la que tampoco se pueden comunicar por ningún medio o procedimiento.
También se les retira el pasaporte, se les prohíbe salir de España sin autorización judicial y deben designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en él de inmediato se expedirá una orden de busca y captura, informa Efe.
Este mismo viernes, el Gobierno se ha mostrado «sorprendido» por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de dejarlos en libertad provisional, ya que “la regla de oro general es que un condenado que está en prisión provisional se le mantiene en esa prisión provisional, sobre todo cuando tiene una sentencia de nueve años”, ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. El Gobierno considera que «los hechos probados son muy graves» y, por eso, ha anunciado distintas medidas.
La primera es seguir adelante con la proposición de ley orgánica, la primera que tramita el Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, para “aportar formación a jueces y magistrados en materia de género”. En segundo lugar, el Gobierno se ha mostrado “en disposición de poner encima de la mesa una propuesta para analizar y estudiar el Código Penal, concretamente la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. Y, finalmente, el Gobierno “va a estudiar que los servicios jurídicos del Estado se personen de manera concurrente como parte en defensa de la víctima” en este tipo de casos.
