Japón ejecuta a otros seis exmiembros de la secta Aum por el atentado en el metro de Tokio
Japón ha ejecutado este jueves a seis exmiembros de la secta Aum Shinrikyo (Verdad Suprema, en castellano), responsable del atentado con gas sarín en el metro de Tokio de 1995, según ha confirmado la ministra de Justicia japonesa, Yoko Kamikawa. Las ejecuciones de este jueves se han sumado a otras siete llevadas a cabo a principios de mes de julio, según la agencia AFP, entre ellas la del fundador de la secta y cerebro del atentado Shoko Asahara, cuyo nombre verdadero era Chizuo Matsumoto.
Japón ha ejecutado este jueves a seis exmiembros de la secta Aum Shinrikyo (Verdad Suprema, en castellano), responsable del atentado con gas sarín en el metro de Tokio de 1995, según ha confirmado la ministra de Justicia japonesa, Yoko Kamikawa. Las ejecuciones de este jueves se han sumado a otras siete llevadas a cabo a principios del mes de julio, según la agencia AFP, entre ellas la del fundador de la secta y cerebro del atentado Shoko Asahara, cuyo nombre verdadero era Chizuo Matsumoto.
Varios miembros de la organización oculta Aum esparcieron gas sarín en varias líneas de metro que confluían en el corazón administrativo de la capital japonesa en plena hora punta el 20 de marzo de 1995. Numerosos pasajeros salieron de varias bocas de metro con síntomas de asfixia y sofocación; otros se tambalearon mientras les salía espuma de la boca y sangraban por la nariz. En el atentado murieron 13 personas y fueron intoxicadas o heridas otras 6.500.
La Justicia japonesa condenó a la pena capital a 13 exmiembros de la secta Aum, que nunca ha sido prohibida formalmente en Japón, hace varios años, mientras que otras 190 personas recibieron diferentes sentencias. La primera pena capital por el atentado de 1995 se pronunció en septiembre de 1999. La secta Aum, que llegó a tener 10.000 fieles, reconoció de forma oficial por primera vez su responsabilidad en el atentado contra el metro de Tokio en diciembre de 1999. La sentencia del líder Shoko Asahara fue confirmada en 2006, pero no se ejecutó hasta el pasado 6 de julio.
La ley japonesa precisa que los condenados a la pena capital deben ser ejecutados en los seis meses posteriores a la confirmación de su sentencia, pero en la práctica suelen pasar años en el corredor de la muerte. Japón es uno de los pocos países desarrollados que mantienen la pena de muerte. La condena ha recibido el apoyo público a pesar de las críticas internacionales. Por su parte, la ministra Kamikawa ha manifestado que no pueden evitar la pena capital «para quienes cometieron crímenes extremadamente odiosos».
«Con la ejecución de los 13 miembros, quizás el caso está cerrado desde el punto de vista de la justicia criminal», ha dicho Shizue Takahashi, presidenta de una asociación de víctimas y viuda de un empleado de una estación de metro que murió en el atentado. Y ha añadido: «El daño hecho a las víctimas continúa incluso después de las ejecuciones. Para mí es muy duro», informa AFP.