Urdangarin pide al Constitucional que suspenda su condena hasta resolver su recurso

El exduque de Palma Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que deje en suspenso la condena de más de cinco años de prisión que cumple por el caso Nóos mientras se pronuncia sobre el recurso de amparo que ha presentado. Urdangarin ha recurrido en amparo al Constitucional su condena por malversación (uno de los delitos por los que fue condenado) y el tribunal tramitará el recurso por la vía ordinaria, con lo que tardará semanas en decidir si lo admite o no, informa Efe.

El cuñado del rey Felipe fue condenado por el Supremo a 5 años y 10 meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero tan solo pide que se anule la sentencia en relación con el de malversación. Por ese delito, en concurso con el de prevaricación, fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión.

En su recurso, la defensa de Urdangarin alega que se han vulnerado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva porque no se ha presentado una «prueba de cargo válida» contra él. También se refiere a la libertad personal porque, si no hubiera sido sentenciado por este delito de malversación a dos años y tres meses de prisión, habría tenido más facilidad para beneficios penitenciarios o una suspensión o sustitución de la pena de prisión.

A juicio de su defensa, la sentencia no contiene «descripción alguna, ni extensa ni breve, de comportamiento personal concreto alguno» de Urdangarin que explique su condena, «ningún elemento que permita apreciar la influencia ejercida que pueda calificarse de presión moral eficiente, a través de actos o comportamientos concretos, capaces de mover la decisión de los otros condenados como autores del delito».

Por ello, reclama al Constitucional que declare nula la sentencia respecto al delito de malversación, pero también que deje en suspenso la condena en tanto que resuelve el recurso.

El argumento es que Urdangarin ya cumple condena (desde el 18 de junio en Brieva, provincia de Ávila) y el tiempo que suele tardar el Constitucional en resolver este tipo de recursos es mayor que el de la condena que se le ha impuesto por malversación. De ahí que, si no se suspende la ejecución, se le ocasionaría, «como ya se está ocasionando», un «perjuicio irreparable» que «dejaría totalmente en entredicho la eficacia de un eventual fallo estimatorio de la demanda de amparo».

Por el contrario, suspender la condena y con ello dejarle en libertad no ocasiona «perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades públicas de otra persona».