Detenido el empresario que pagó 10 millones a Villarejo para no ser extraditado
En la pieza Pit del caso Villarejo se investigan presuntos pagos millonarios al Gobierno de Guatemala para la adjudicación de un contrato y al comisario Villarejo para evitar su extradición
El empresario español Ángel Pérez-Maura, emparentado con la familia Botín, ha sido detenido por pagar 10 millones de euros al excomisario Villarejo para evitar ser extraditado a Guatemala, donde se le acusaba de delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho.
La Policía ha detenido también a otros tres empresarios y un abogado en el marco de la denominada pieza Pit –una de las muchas piezas del caso Villarejo–, según informa Efe. Son el empresario Adrián de la Joya, imputado en el caso Lezo; el hermano de Pérez-Maura, Álvaro; el CEO de la naviera catalana Grup Maritim TCB, Francisco Javier Soucheiron Marcet, y al abogado Enrique Maestre Cavanna. Además de las detenciones, la policía ha realizado registros en sus domicilios y en algunas sociedades vinculadas.
En el caso Pit, se investiga el pago de una comisión ilegal de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 que realizó Pérez-Maura al expresidente y a la exvicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, para favorecer a su empresa naviera.
Con este soborno pretendía que la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona S.L., a través de su filial en Guatemala Terminal de Contenedores Quetzal S.A, obtuviera de forma ilícita del Gobierno guatemalteco la adjudicación para la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, según la Fiscalía Anticorrupción.
Estos hechos llevaron a las autoridades guatemaltecas a reclamar en 2016 la entrega de Pérez-Maura por los presuntos delitos de asociación ilícita, fraude y cohecho.
Además, en la pieza Pit, se investiga también la contratación por 10 millones de euros del entramado empresarial del excomisario José Manuel Villarejo por la mercantil A. Pérez y Cia S.L., para tratar de impedir la detención y extradición del empresario reclamada por Guatemala el 14 de abril de 2016. Pérez-Maura trataba, según la Fiscalía, de obtener su impunidad en los procedimientos penales que pudieran incoarse contra él tanto en Guatemala como en España.
Finalmente, en 2018, la Audiencia Nacional denegó la extradición de Pérez-Maura, por la nacionalidad española del empresario, y anunció que en España solo se le podía investigar por el delito de cohecho.
Las piezas judiciales del Caso Villarejo
La trama judicial de la Operación Tándem –que ya se conoce como caso Villarejo– es compleja, se compone de una causa principal con nueve piezas separadas conocidas, la mayoría secretas. La primera pieza es la denominada pieza King, en relación a un informe de Villarejo sobre los trapos sucios de uno de los hijos del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Es el hilo principal del que tiró la fiscalía.
La segunda se denomina pieza Iron, en alusión al bufete de abogados Herrero y Asociados que encargaron al comisario una campaña de desprestigio contra un despacho rival. Para ello Villarejo se valió de información confidencial obtenida ilícitamente. La tercera, es la pieza Land: una de las hijas del prolífico empresario Luis García-Cereceda, que en aquel momento acababa de morir, encargó al comisario que investigara a su hermana y a la viuda de su padre
La pieza cuatro, Pit, es la correspondiente a esta noticia. Se intentó vincular con esta pieza del caso a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y al exjuez Baltasar Garzón como intermediarios del procedimiento. La ahora ministra ejercía de Fiscal de la Audiencia Nacional. Hoy, en su nota, Anticorrupción destaca que la investigación no atañe a la ministra y señala que no consta tampoco que tuviera intervención alguna en el procedimiento de extradición.
Sobre la quinta, la pieza Carol, también han corrido ríos de tinta. Deriva de una grabación del comisario con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la amiga del Rey. La sexta pieza, Pintor,se abrió este verano con la detención del marido de Ana Rosa Quintana –y del hermano del mismo y dos abogados–, contrataron a Villarejo para cobrar una deuda.
La séptima pieza, la famosa Kitchen, investiga la operación Kitchen, presuntamente organizada por el Ministerio del Interior en 2013 para sustraer documentos del por entonces tesorero, Luis Bárcenas. La pieza número ocho es secreta, se la denomina Marbella y tendría que ver con supuestas extorsiones a un empresario marbellí.
La última pieza de esta causa es la más reciente. Se denomina Trampa y se abrió en relación al encargo del BBVA a Villarejo para evitar la destitución de Francisco González y convertir a la empresa Sacyr en la principal accionista.
Al margen de esta causa de nueve piezas, existen otras dos diligencias abiertas: una en relación a las actuaciones del excomisario Enrique García Castaño y otra por las filtraciones de información al diario digital Moncloa.com. También está imputado en una pieza separada del caso del pequeño Nicolás y se le investigó judicialmente después de que la dermatóloga Elisa Pinto lo identificara como autor del apuñalamiento que sufrió.
Las cloacas del Estado
Jose Manuel Villarejo tiene un currículum interesante que destapó el periodista Álvaro de Cózar en su podcast V, las cloacas del Estado. Fue miembro de la Brigada Político-Social durante el franquismo. Posteriormente, aprovechó una excedencia profesional desde 1983 hasta 1993 para crear y organizar una red de empresas privadas de investigación y seguridad que siempre ha puesto al servicio del Estado, y de particulares y entidades privadas que pudieran permitirse sus servicios. Esta actividad le ha reportado beneficios millonarios.
En noviembre de 2017, Villarejo ingresó en la prisión de Estremera, por orden de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Su «caída en desgracia» ha servido para destapar, vía filtraciones, lo que los medios llaman «las cloacas del estado» y que la periodista especializada Patricia López define como «un grupo de funcionarios, periodistas, jueces y fiscales que hacen del Estado de derecho su negocio».
