Una trabajadora social cobra durante 33 años la pensión de un muerto
Los hechos se remontan al año 1980 cuando la acusada trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid y se aprovechó de la muerte de un interno
Una trabajadora social ha cobrado la pensión por incapacidad absoluta de un muerto durante 33 años tras falsificar su DNI. Así mismo lo ha admitido la acusada que ha aceptado la rebaja de la pena a dos años de prisión y una multa de 147.963 euros que le ha ofrecido la Fiscalía.
El Ministerio Público pedía en su escrito inicial una pena de seis años de prisión por un delito de falsedad documental y por un delito continuado de estafa, así como el pago a la Seguridad Social de 205.590,02 euros más una multa de 4.000 euros para la acusada.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación presentada por la Tesorería de la Seguridad Social han llegado un acuerdo con la defensa por el que se reduce la pena de prisión y la multa, quien ha afirmado que «se arrepiente con todo su alma» y que «va a pagar todo a la Seguridad Social».
Los hechos se remontan al año 1980 cuando la acusada trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Alonso Vega de Madrid y se aprovechó de la muerte de un interno que no tenía familiares para apropiarse de su DNI y de sus datos bancarios para cobrar su pensión de jubilación por incapacidad absoluta.
Para ingresar el dinero, el 23 de diciembre de 1981 la acusada abrió una cuenta corriente en Caja Madrid a nombre del fallecido donde domicilió el pago de las pensiones y desde donde retiraba todos los meses en efectivo el dinero ingresado.
Sin embargo, a partir de 2008 modificó su «modus operandi» y falsificó una autorización a su nombre firmada aparentemente por J.P.M. que le permitía hacerse con el dinero.
Inicialmente la cantidad que recibió la acusada corresponde a lo que hoy son 104,16 euros, pero en el año 2012 el dinero ascendió a 675,64 euros mensuales y en 2013 a 689,15, de manera que la acusada obtuvo un total de 205.590,02 euros, según la Fiscalía.
En enero de 2013 la entidad Bankia (antes Caja Madrid) exigió a la acusada la presentación de una Fe de Vida y Estado del fallecido que la acusada obtuvo del Registro Civil Único de Madrid y que presentó junto al DNI original y una autorización a su favor que ella misma había confeccionado imitando su firma. Finalmente, fue detenida en julio acusada de un delito contra la hacienda pública y falsificación de documentos
