Escrivá quiere dificultar la jubilación anticipada y favorecer los planes de pensiones de empresa

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha anunciado que se va a revisar la jubilación anticipada voluntaria y a impulsar los planes de pensiones colectivos, desplazando progresivamente los beneficios fiscales de los individuales. Durante su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso, Escrivá ha señalado estas medidas, junto a la mejora de los incentivos para retrasar la edad de la jubilación, como «palancas» a medio plazo ante un incremento del gasto de las pensiones «manejable» con los instrumentos adecuados.

«La Seguridad Social es solvente», ha subrayado Escrivá, para quién el Pacto de Toledo y el borrador de últimas recomendaciones son el «marco idóneo» para acabar con la incertidumbre. Sobre las prejubilaciones, desde el Ministerio explican que la revisión se ciñe a las voluntarias -no las forzosas en el marco por ejemplo de un ERE- y que la intención es analizar cómo se calculan las penalizaciones en la pensión y que terminan siendo inferiores al teórico 8%, sobre todo en el caso de las bases de cotización más elevadas. «El incentivo es regresivo», ha apuntado Escrivá, que ve «margen de rediseño para que resulte más desincentivador», es decir que el recorte en la pensión para quienes opten por esta vía sea mayor.

Las jubilaciones anticipadas voluntarias, que el año pasado supusieron el 16% del total, han aumentado un 66 % desde 2014. Junto a esto, y enmarcado en el mismo objetivo de retrasar la edad real de jubilación –que está por debajo de la legal de 67 años que se estableció en la reforma de 2011 y que estará plenamente en vigor en 2027– el Gobierno quiere mejorar los incentivos para prorrogar la edad de retiro, así como darles más difusión.

Por cada año que la edad de jubilación aumenta, ha cifrado Escrivá, resolvemos un 25% del problema entre el gasto actual y el futuro, un gasto que, según cálculos recogidos de la AiREF, rondará el 13,5% del PIB en 2048. Escrivá ha apuntado que otra línea de actuación del Gobierno será fomentar los planes de pensiones de empleo colectivos frente a los individuales «desplazando la fiscalidad favorable» desde los segundos a los primeros.

Desde el ministerio defienden el menor coste (con menores comisiones) y mayor rentabilidad de los planes colectivos -que se acuerdan en la negociación colectiva con aportaciones de empresa y trabajadores- y que, ha ejemplificado, funcionan con éxito en el País Vasco. «Que progresivamente (los beneficios fiscales) vayan moviéndose de un lado a otro», ha explicado Escrivá, que discute con el Ministerio de Hacienda calendario y ritmo de este cambio.

Los planes privados son «un producto muy muy caro», que usan más las rentas altas, ha afirmado el ministro, que ha recordado que España es uno de los países con «mayores agujeros fiscales», en alusión al importe total de bonificaciones existentes. También ha insistido en la necesidad de separar las fuentes de financiación -pasando determinadas partidas a Presupuestos Generales- y de seguir incorporando inmigrantes al mercado laboral. Y, ha reiterado, de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones regresando al marco previo a 2013, cuando se introdujo el índice que solo garantizaba una revalorización mínima del 0,25%. Sobre cómo debe ser la fórmula que garantice ese poder adquisitivo, fuentes del Ministerio señalan que puede ser con una referencial anual «o no», y que lo importante, más allá de cómo sea esa fórmula, es el compromiso.

Fuentes del ministerio explican que el objetivo es tener un paquete legislativo con todas las medidas en la segunda mitad de este año para contar con ese marco estable para la revisión de las pensiones el año que viene. «Se precisa el consenso más amplio posible del Pacto de Toledo», ha precisado.