Castilla la Mancha pondrá en vigor la moratoria a las macrogranjas en 20 días

La ley que establece la moratoria sobre las macrogranjas porcinas hasta el 31 de diciembre de 2024 entrará en vigor en 20 días tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El objetivo es ordenar de manera adecuada este sector económico tan fundamental para la comunidad y supone un cambio de opinión del presidente de la comunidad, Emiliano García Page, que quien tras cargar contra Alberto Garzón por sus declaraciones sobre este tipo de explotaciones, ahora plantea esta medida.

En concreto, la moratoria se establece para los proyectos de explotaciones de porcino que precisen autorización ambiental integrada, es decir, para aquellas que superen las 2.000 cabezas, y no se tramitarán proyectos nuevos ni modificaciones de otros ya existentes que supongan superar esa cifra.

Esta moratoria se aprobó gracias a la mayoría absoluta del PSOE en el parlamento castellanomanchego, mientras que PP y Cs votaron en contra y, además, en el pleno de las Cortes también el PSOE hizo valer su mayoría absoluta para rechazar la reprobación al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus declaraciones sobre las macrogranjas, a petición de PP y Cs.

En el texto de la moratoria se especifica que el sector del porcino castellanomanchego ha sufrido una «gran transformación» en los últimos 15 años, ya que desde el año 2006 hasta la actualidad el censo de animales se ha incrementado en un 47 % y de las 1.286 explotaciones ganaderas de porcino incluidas en 2021 en el registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos de Castilla-La Mancha, 227 corresponden con explotaciones con autorización ambiental integrada, de las cuales 90 se han tramitado desde 2016.

Medidas tributarias

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, la Ley de Medidas Tributarias y Administrativas impulsa una reducción fiscal para familias y empresas sin recortar en servicios públicos.

Esta norma, conocida como Ley de acompañamiento a la Ley de Presupuestos de 2022, fue aprobada por las Cortes regionales el pasado 13 de enero y entrará en vigor en veinte días, a excepción de las deducciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas previstas en su artículo 2, que serán de aplicación a hechos imponibles producidos a partir del periodo impositivo iniciado el 1 de enero de 2021.

La Ley de Medidas Tributarias y Administrativas de Castilla-La Mancha se estructura en dos capítulos. El primero regula una batería de medidas tributarias, que afectan tanto a los tributos cedidos como a los propios de la Junta de Comunidades y cuyo objetivo es adecuar el esfuerzo fiscal a la capacidad económica de determinados colectivos, fundamentalmente a las familias y a las personas con discapacidad, y favorecer la actividad económica rebajando la presión fiscal para determinadas actuaciones empresariales.

Y el segundo capítulo contiene un paquete de medidas de carácter administrativo que tratan de mejorar el funcionamiento de la Administración regional.

El texto incluye el paquete de medidas tributarias que anunció el presidente Emiliano García-Page en el último Debate sobre el Estado de la Región y recoge la eliminación de 19 tasas, entre ellas las correspondientes a las licencias de caza y pesca para los residentes en Castilla-La Mancha, lo que afectará a unas 80.000 licencias, además de otras relacionadas con exámenes de pruebas selectivas, servicios administrativos generales, transportes de carretera y control de calidad de la edificación.

También contiene un conjunto de deducciones fiscales, con carácter progresivo y solidario, en el IRPF y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que tienen una incidencia directa en las familias y en la actividad económica de Castilla-La Mancha.