El exmarido de Arancha Sánchez Vicario niega sus problemas económicos: «Vive de lujo»
Santacana dice que no llegó a controlar el dinero de la deportista: «Nunca he conocido ni administrado su patrimonio»
La extenista Arantxa Sánchez Vicario y su ahora exmarido Josep Santacana en una imagen de 2016. | Gtres
El juicio que arranca este martes contra Arancha Sánchez Vicario y su exmarido Josep Santacana por presunto alzamiento de bienes ha vivido una previa en los medios de comunicación. Como si de un partido de tenis se tratara, el primer golpe lo dio Arantxa el pasado domingo en una entrevista en El País, en donde aseguró que pese a «lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro. Mi error fue enamorarme»; mientras, el resto ha llegado este martes, también en El País, lugar escogido para la respuesta de Santacana llegando a indicar que «no es en cierto que Arantxa sufra dificultades económicas».
En esta segunda entrevista sobre el caso, Santacana explica en una conversación con dicho medio de comunicación que «no es en cierto que Arantxa sufra dificultades económicas. Es una estrategia de cara al juicio para dar pena. Vive en un apartamento de lujo junto a la bahía de Miami a 200 metros de la casa de Enrique Iglesias. E insiste en llevar a los niños a colegios privados».
Continúa explicando el exmarido de la extenista española que en el momento en el que contrajeron matrimonio (en 2008), Sánchez Vicario «ya era insolvente» y que «la mayoría de su patrimonio ya había desaparecido», negando así las acusaciones del juez contra él. «Entré en la vida de Arantxa en el momento ideal para buscar un perfecto culpable de todos los errores que habían cometido», comenta Santacana.
Además, rechaza haber sido él el que haya controlado alguna vez el dinero de la deportista: «Yo nunca he conocido ni administrado su patrimonio. Todo lo llevaba su familia». De hecho, en dicha conversación con El País llega a decir que al casarse llegó a firmar una serie de documentos que le excluían de cualquier posible derecho sobre la fortuna de Arancha. «Nunca engañé a Arancha ni me beneficié económicamente de ella», sentencia.
Arranca el juicio contra Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana
En el escrito de Fiscalía, consultado por Europa Press, se pide condenar a la extenista y a su exmarido a cuatro años de prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de 7,5 millones de euros.
El fiscal detalla que la tenista actuó «bajo las consignas de su marido» una vez se le notificó la reclamación de la deuda en julio de 2010.
Asegura que la entidad bancaria adelantó a un banco español el dinero que la tenista tenía que abonar como garante de una deuda con Hacienda, y por eso después el Banco de Luxemburgo le reclamó pagar la cantidad que había abonado.
Ideario de un plan
El fiscal sostiene que ambos «idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio, frustrando de este modo el cobro de dicha cantidad», por el que vaciaron sus cuentas corrientes.
Hicieron «desaparecer» el dinero que Sánchez Vicario había cobrado en créditos y por reportajes en medios de comunicación, y el fiscal expone que la tenista era propietaria y beneficiaria de al menos cinco empresa y titulares de varios bienes inmuebles que, después de notificársele la deuda con Hacienda, pasaron a estar a nombre de una sociedad uruguaya.
Así, «realizaron numerosas operaciones de venta con el fin de obtener dinero y ocultarlo para frustrar el cobro» de la deuda, y la Fiscalía acusa como cooperadores necesarios a quienes supuestamente hicieron de testaferro quedando como único titular de las empresas de la tenista, además de al jefe y al responsable de la gestoría que hizo las operaciones de estas empresas.
Por todo, la Fiscalía solicita condenarles por un presunto delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible: reclama cuatro años de cárcel y 8.640 euros de multa para Sánchez Vicario y Santacana, además de 6,1 millones en responsabilidad civil; y tres años y medio de prisión y multa de 7.560 euros para los cómplices.
