Por qué Felipe no quiere que los miembros de la Familia Real trabajen en el sector privado
Cuando la infanta Sofía termine sus estudios, su futuro laboral estará en el aire si el monarca no cambia de decisión

El rey Felipe junto a la infanta Elena, en una imagen de archivo. | Gtres
La infanta Sofía ha comenzado ya sus clases de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa. Dentro de tres años, la hija pequeña de los Reyes terminará su carrera y tendrá que elegir cómo quiere enfocar su futuro. Muy probablemente, la infanta decidirá culminar su formación con un máster y, más adelante, se lanzará al mercado laboral. Un campo que tendrá acotado, debido a la negativa de su padre, el rey Felipe, de que su familia se dedique al mundo privado. Es por eso que la infanta podrá seguir la senda de sus tías, quienes se han centrado en cuestiones más sociales y filantrópicas. Pero ¿por qué se produce esta situación?
Todo se remonta al año 2014, momento en el que el rey Felipe se convirtió en monarca de nuestro país. En ese momento, y teniendo en cuenta los problemas que se habían desarrollado dentro de la Familia Real, Felipe decidió acotar el desarrollo profesional de su familia directa. Lo primero que hizo fue diferenciar entre Familia Real y la familia del Rey. En este primer grupo, se encuentran el Rey, la reina, la princesa de Asturias y, en ese momento, los reyes eméritos —siempre que tuvieran funciones representativas, algo que dejó Juan Carlos hace tiempo—. El resto de parientes —hermanas, cuñados, sobrinos, primos— quedaron fuera de la definición de Familia Real. Pasaron a ser familia del Rey, con otro estatus, teniendo un poco más de libertad.
Por qué el rey Felipe no quiere que su familia se dedique al sector privado

Una vez establecida esa diferencia, el rey Felipe decidió que solamente la Familia Real desempeñen actividades institucionales y no trabajen en el sector privado para evitar conflictos de interés, proteger la neutralidad institucional, recuperar y preservar la legitimidad de la Corona tras varios escándalos previos, y someter la Casa Real a mayor transparencia y control. Es decir: si eres miembro de la Familia Real —los que desempeñan funciones oficiales—, tu dedicación debe ser institucional y no laboral privada. Esa medida formó parte de un paquete de reformas —código de conducta, auditoría externa de las cuentas, regulación de regalos y asesoramiento jurídico permanente— presentado por Zarzuela en julio de 2014 con la idea de «renovar» la institución.
Tal y como explican desde el portal de la Casa Real, si un miembro de la Familia Real trabajara para una empresa privada —miembro del consejo, consultor, orador pagado, etc.—, existiría el riesgo real —y la apariencia— de que la empresa se beneficie del prestigio o la influencia de la Corona. Para una jefatura de Estado que debe ser neutral y representativa, esa apariencia basta para dañar la credibilidad. Las normas buscan cortar ese potencial vínculo entre influencia institucional y negocio privado. La decisión, además, llego en un momento clave; después de episodios que habían erosionado la imagen de la Corona: el caso Nóos —Iñaki Urdangarin / la infanta Cristina— y otros escándalos relacionados con el rey emérito que deprimieron la confianza pública en la institución.
El futuro laboral de la infanta Sofía, en el aire
De la misma forma, el monarca exigió auditorías externas de las cuentas de la Casa del Rey, un código de conducta para el personal y reglas sobre regalos, todo para someter la institución a controles más parecidos a los de otras instituciones públicas modernas. La incompatibilidad con empleos privados forma parte de ese paquete —evitar que existan dependencias financieras opacas entre la Corona y empresas—. Y, además, no hay que olvidar que la Corona es una jefatura del Estado en una monarquía parlamentaria; su legitimidad requiere imparcialidad política y, en la medida de lo posible, económica. Vincular a los «trabajadores» oficiales de la Corona con empresas privadas podría poner en cuestión esa neutralidad —o su percepción—, en especial a ojos de la opinión pública y de actores internacionales.

Aún así, hay que tener en cuenta que la prohibición estricta se aplica a quienes forman parte del núcleo que desempeña funciones institucionales. Familiares que no asumen esas funciones pueden, en la práctica, desarrollar actividades privadas —por ejemplo: años atrás la infanta Cristina trabajó en la Fundación La Caixa y la infanta Elena en la Fundación MAPFRE; esos antecedentes son parte de lo que se quiso evitar en el futuro para los miembros institucionales—. Y es que la infanta Elena y la infanta Cristina ya no forman parte de la Familia Real desde la proclamación de Felipe VI en 2014. Por tanto, no están sometidas a la regla de exclusividad institucional. Pero ¿qué pasará con la infanta Sofía?
Por el momento, la joven sí que forma parte de la Familia Real, ya que es hija del Rey. Sin embargo, mientras no tenga agenda institucional, la Casa Real ha sido flexible: por ejemplo, estudia como cualquier menor. En el futuro dependerá de la decisión de Felipe. Si Sofía asume funciones institucionales permanentes quedará bajo la regla de exclusividad —es decir, solo podrá realizar actividades oficiales, nada de trabajos privados—. En el caso de que tenga un papel institucional podría quedar fuera de la Familia Real —como pasó con sus tías—, y entonces sí podría trabajar en el sector privado.