Carlos III evita al Parlamento y ordena personalmente la retirada del título de Andrés
El rey de Reino Unido ha aplicado una Orden Real -en inglés, Royal Warrant- que no requiere de tramitación parlamentaria
El rey Carlos III de Reino Unido en una visita pública al centro de Londres el 19 de noviembre de 2025. | | Europa Press
Carlos III ha vuelto a ocupar titulares este lunes de noviembre por el escándalo de su hermano Andrés. Ya se ha extendido en los medios el nuevo protocolo de llamar a este hermano del rey de Reino Unido por su apellido, Mountbatten-Windsor, y la omisión de sus anteriores títulos. De cara a la opinión pública, este polémico inglés dejó de ser príncipe y duque de York el pasado 30 de octubre, con el mensaje de Buckingham Palace -firmado por el monarca- en el que se anunciaba el inicio del proceso para retirarle sus privilegios. En el ámbito legal no está tan claro que el cambio fuera efectivo, por la brevedad del texto compartido. Se usaron apenas 109 palabras para sacar a Andrés de la Casa Real británica a los ojos del pueblo.
Estos días se ha conocido que Carlos III estaría llevando a cabo este movimiento de títulos al margen del Parlamento inglés. En el comunicado de semanas atrás no se especificó la figura legal que se aplicaría. Ahora se ha conocido, a través de la prensa internacional, que se trataría de una Orden Real -en inglés, Royal Warrant–. Esta elección ha sorprendido a los expertos en política y derecho británicos, porque supone una muestra del poder que el rey todavía ostenta por encima de las cortes. Los académicos que se han pronunciado al respecto para ayudar a entender la situación coinciden en que este gesto recuerda al poder absoluto que ejercían los reyes siglos atrás.
El poder de veto de Carlos III
Como cabeza de la Familia Real, Carlos ha contado con el apoyo del heredero, el príncipe Guillermo. Como Jefe de Estado su decisión ha sido muy bien acogida por el Gobierno de Starmer y por la oposición. No obstante, estos apoyos han sido algo simbólico más que necesario. La Orden Real que ha aplicado Carlos III no necesita del voto o aprobación de ningún otro hombre menos él mismo. Ya se está adelantando que esta innovación constitucional podrá tener consecuencias para otros casos similares, como el de su hijo Harry, o mayores.
Cuando el 30 de octubre Buckingham Palace anunció que «Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, tratamientos y dignidades del Príncipe Andrés», muchos expertos dieron por hecho que ese proceso suponía iniciar un trámite parlamentario. ABC ha contactado con uno de los que así lo imaginaban. Primero, Robert Hazell, catedrático de derecho constitucional de University College London, fundador de Constitutional Unit y condecorado por la Reina Isabel. Esta eminencia cuenta en el medio español que la sorpresa ha sido general: «Yo pensaba que para quitar los títulos al Príncipe Andrés era necesaria una ley aprobada en el Parlamento, pero ha sido posible a través de una Orden Real (Royal Warrant), instruyendo al Lord Canciller a eliminar a Andrés del registro de la nobleza».
La voluntad del rey sobre la ley
Este profesor explica que la monarquía está estrictamente regulada por la ley desde los últimos grandes cambios políticos de los siglos XIX y XX. Esto no significa, para la sorpresa actual de muchos, que no exista una figura legal para que el rey se imponga -rodee, esquive, y otros sinónimos al caso- al legislativo. La alternativa elegida en este caso ha sido la emisión de una Orden Real. Esta funciona con independencia de la ley y era una forma de no pasar por el Parlamento. Carlos III contaba con la aprobación de los diputados, pero al saltarles por encima ha agilizado el proceso de su hermano, consiguiendo también una solución más rápida, silenciosa y discreta.
David Allen Green, con carrera como abogado del estado, recuerda que «de una forma u otra, la Corona proporciona invariablemente la fuente última de poder y puede conferir efectos jurídicos a toda clase de instrumentos escritos, de los cuales las leyes del Parlamento son solo un ejemplo entre otros». Carlos III también podría haber acudido a las «cartas reales -algo recurrente en su mandato-, órdenes del Consejo, mandatos reales, proclamaciones reales, cartas patentes y otros similares». Dice que «una vez que son refrendados por la Corona, adquieren por una suerte de magia constitucional, efecto legal. El problema es que esos poderes reales no están directamente controlados y equilibrados por el Parlamento. Aunque podamos aplaudir y vitorear la inteligente maniobra constitucional del Rey, en general sería preferible que este tipo de asuntos los tratara el Parlamento y no la Corona».
Una monarquía flexible y a medida
Otros entendidos, por el contrario, que en el caso de los títulos nobiliarios los procedimientos no han sido históricamente tan sencillos. El profesor Robert Hazell aclara que «si bien se otorgan en virtud de la prerrogativa real, únicamente pueden ser retirados mediante legislación». De la misma opinión es el Secretario del Ministerio para la Constitución, Nick Thomas-Symonds, quien asegura que «el soberano puede modificar, en virtud de la prerrogativa real, el derecho al uso de títulos y tratamientos tales como príncipe y alteza real. Sin embargo, para retirar un título nobiliario una vez conferido, se requiere un Act of Parliament». Hasta ahora el rey prohibía el uso del tratamiento pero no quitaba el título.
Carlos III está dando con este gesto un paso más en su novedoso estilo de reinado. Ya había sorprendido a muchos con sus cartas a los ministros del gobierno, las llamadas Black Spider Memos. El entonces príncipe de gales enviaba estas misivas antes de suceder a Isabel II. Aquellas cartas formaban parte del proceso de aprendizaje del heredero al trono sobre los asuntos de Estado o «el aprendizaje de las convenciones». Si entonces los académicos se preguntaban hasta donde llegaría su «innovación constitucional», ahora -aunque parezca paradójico- un rey constitucional del siglo XXI ha tenido que optar por la senda del imperativo real para que la monarquía siga contando con la aprobación general.