Conocemos a Teresa Peramato: una familia de diez hermanos y su sueldo como fiscal general
La fiscal ha sido propuesta por el Gobierno para ocupar el puesto de García-Ortiz tras su dimisión esta misma semana
Teresa Peramato, en una imagen de archivo. | EP
El Gobierno ya tiene relevo para García-Ortiz como fiscal general. La afortunada es Teresa Paramato, una experta en leyes, especializada en violencia de género que, desde principios de 2025, ocupa el cargo de fiscal de sala jefa de la sección penal del Tribunal Supremo. Peramato se licenció en Derecho en la ciudad de Salamanca, donde nació, pasó su infancia y su adolescencia. Ingresó en la carrera fiscal a finales de los años 80 y ha pasado por las fiscalías de las audiencias provinciales de Tenerife y Valladolid y en las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid.
Teresa Peramato Martín es una destacada fiscal española, reconocida por su larga trayectoria y su especialización en la lucha contra la violencia de género. Nacida en Salamanca en 1962, estudió Derecho en la Universidad de Salamanca e ingresó en la carrera fiscal en 1990, comenzando un recorrido profesional que la ha llevado a ocupar puestos de gran responsabilidad en diversas fiscalías provinciales, incluyendo Tenerife, Valladolid, Barcelona y Madrid.
La carrera de Teresa Peramato como fiscal
Desde 2005, Teresa Peramato se ha centrado en la protección de las mujeres víctimas de violencia. Fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid, cargo desde el cual impulsó políticas de especialización judicial y programas de tutela integral para víctimas. Entre 2021 y 2025 ocupó el puesto de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, y en enero de 2025 fue designada fiscal de sala jefa de la sección penal del Tribunal Supremo, además de ejercer como fiscal de sala delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso penal. Su labor ha estado siempre vinculada a la mejora institucional y a garantizar que los casos de violencia se gestionen con sensibilidad y eficacia.
Peramato combina su experiencia técnica con un claro compromiso social. Ha participado en numerosos cursos, ponencias y publicaciones sobre violencia de género, igualdad, derechos de las víctimas, menores y políticas de protección social. Su enfoque enfatiza la necesidad de proteger a las víctimas de forma integral, evitando la revictimización y fomentando la formación especializada de fiscales y operadores jurídicos.
A lo largo de su carrera ha recibido varios reconocimientos, entre ellos la Orden del Mérito Policial, la Orden del Mérito de la Guardia Civil y premios de igualdad otorgados por colegios de abogados y el Ministerio de Igualdad, reflejando su influencia y prestigio en el ámbito jurídico y social. Se la considera una fiscal de perfil progresista y ha sido dirigente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En noviembre de 2025, el Gobierno la propuso como Fiscal General del Estado, para suceder a Álvaro García Ortiz. Su nombramiento busca reforzar la protección de víctimas, la especialización judicial y la reputación institucional de la Fiscalía. Aunque ha recibido elogios por su trayectoria y compromiso, también enfrenta críticas de quienes cuestionan su cercanía a la cúpula progresista de la Fiscalía y su enfoque ideológico en violencia de género.
Una vida volcada en luchar contra la violencia de género
Teresa Peramato Martín mantiene una vida personal bastante discreta, alejada del foco mediático, y no se conocen detalles sobre pareja o hijos. Nacida en Salamanca en 1962, proviene de una familia numerosa que ella misma ha descrito como «grande», con diez hermanos. Ha mencionado en entrevistas que su madre fue una figura de referencia fundamental en su educación, transmitiéndole valores de equidad, respeto y esfuerzo. Su formación y trayectoria profesional están profundamente ligadas a su ciudad natal, donde ha recibido reconocimientos públicos por su labor, incluyendo premios locales relacionados con la igualdad y la justicia.
En cuanto a su visión del feminismo, Teresa Peramato se declara abiertamente feminista y considera que la perspectiva de género es indispensable para ejercer una justicia objetiva. Para ella, no ser feminista significaría no reconocer las desigualdades estructurales que existen en la sociedad y que afectan directamente a la manera en que se cometen y se sancionan ciertos delitos. Su enfoque del feminismo está íntimamente ligado a su trabajo en la Fiscalía. Ha dedicado gran parte de su carrera a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo casos de violencia vicaria, donde los agresores usan a los hijos como instrumento para dañar a la madre. Para Peramato, la protección de las víctimas es integral: «sin protección para las madres no hay protección para los hijos, y al revés», ha señalado en varias intervenciones.
Además, su feminismo trasciende el género y se extiende a la defensa de los derechos de colectivos LGTBI+, abordando desigualdades por orientación sexual, identidad de género y discriminación. Su visión combina la protección legal con un compromiso social más amplio y es que, para Peramato, no basta con aplicar la ley, sino que es necesario formar a fiscales, jueces y operadores jurídicos para que comprendan las desigualdades estructurales y puedan actuar con sensibilidad y especialización.
Nació en una familia numerosa
Es por eso que su futuro como fiscal general se torna especialmente retador. Así, Peramato podrá asumir la jefatura máxima del Ministerio Fiscal, convirtiéndose en la autoridad superior de todos los fiscales en España. Entre sus responsabilidades principales se encuentra la dirección estratégica del Ministerio; marcar las directrices generales mediante instrucciones, circulares y consultas, coordinar a las distintas fiscalías especializadas y territoriales, y garantizar la unidad de actuación en todo el país. Asimismo, representa institucionalmente a la Fiscalía frente a otros órganos del Estado y supervisa que la actuación de los fiscales se ajuste a la ley, manteniendo la imparcialidad y la independencia del Ministerio Fiscal frente al Gobierno y otros poderes.
Otra de sus funciones fundamentales es la inspección y supervisión interna, a través de la Inspección Fiscal y la Secretaría Técnica. Estos órganos se encargan de supervisar la correcta actuación de los fiscales, elaborar informes y estudios, gestionar la formación continua y coordinar la cooperación judicial tanto a nivel nacional como internacional. La Fiscalía General del Estado también dispone de una Unidad de Apoyo que gestiona relaciones institucionales, comunicación y planificación estratégica. Su mandato tiene una duración de cuatro años, y solo puede ser cesado por causas concretas previstas en la ley.
Sus retos como fiscal general
Los retos que enfrentaría Teresa Peramato son múltiples. En primer lugar, deberá reforzar la independencia y credibilidad del Ministerio Fiscal, garantizando que se perciba como un organismo imparcial al servicio del Estado de derecho y no condicionado por intereses políticos. Además, tendrá que impulsar la especialización y modernización de las fiscalías, fortaleciendo unidades dedicadas a violencia de género, menores, cibercrimen, delitos de odio y medio ambiente, y asegurando la formación continua de fiscales y operadores jurídicos.
La protección de las víctimas constituye otro desafío crucial. Peramato deberá garantizar que las víctimas de violencia de género y otros delitos sean protegidas de manera integral, evitando la revictimización y promoviendo medidas cautelares efectivas. Asimismo, deberá favorecer la transparencia y la reforma institucional, explicando criterios de actuación y promoviendo una cultura de justicia con perspectiva de género y enfoque social. Finalmente, la gestión interna del Ministerio Fiscal será un reto constante: mantener la unidad de criterio entre las fiscalías, gestionar recursos humanos y materiales, y fomentar un ambiente institucional que combine rigor jurídico con sensibilidad social. En cuanto a su sueldo, el Fiscal General del Estado percibe aproximadamente 132.235 € brutos al año, lo que equivale a unos 11.019 € al mes antes de impuestos. Esta retribución está fijada por ley y equivale a la del Presidente del Tribunal Supremo.