Secretariado Gitano denuncia 232 casos de discriminación, más de la mitad a mujeres

La Fundación Secretariado Gitano ha presentado su 14º Informe Anual Discriminación y Comunidad Gitana en la Secretaría de Estado de Igualdad, en Madrid. Dedicado a la discriminación interseccional que viven las mujeres gitanas, presenta, como es habitual, los casos de discriminación recogidos en toda España por la Fundación, los avances, las buenas prácticas y la jurisprudencia más reciente en materia de discriminación.

En este sentido, el informe recoge 232 casos de discriminación registrados y asistidos desde las sedes de la FSG, en los que han sido víctimas personas gitanas, de las cuales el 54,7% se centraron en mujeres gitanas. “El objetivo es visibilizar la discriminación cotidiana que sufre la comunidad gitana por su condición étnica, y mostrar en qué medida afecta a sus vidas cotidianas y las aleja del acceso a sus derechos fundamentales”, señalaba Isidro Rodríguez, director general de la Fundación Secretariado Gitano durante la inauguración.

Así, estos hechos, según denuncia, se han producido en ámbitos como los medios de comunicación e internet, con un total de 101 casos; en el trabajo, con 29 casos; en acceso a bienes y servicios, con 44 casos; en los servicios policiales, con tres casos; en educación, con 17 casos; en vivienda, con 17 casos y en salud, con nueve.

En cuanto al perfil de las víctimas, se constata que la discriminación afecta mayoritariamente a personas gitanas jóvenes (entre los 16 y 45 años en un total de 199 personas).

Soledad Murillo, por su parte, señaló la relevancia de que el Gobierno haya creado una Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad, y esté dando los pasos para recuperar la Ley integral de Igualdad de Trato y No discriminación, paralizada en 2011, ya que se trata de “una norma de Derecho antidiscriminatorio que contempla mecanismos de vigilancia”.

La presentación ha contado con representantes institucionales, partidos políticos, cuerpos de la seguridad del Estado y de la Fiscalía, representantes del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, miembros de ONG y otros agentes con implicación en materia de Igualdad y no discriminación.