El Gobierno deja solos ante el juez a Laya y su jefe de gabinete en el 'caso Ghali'

El Gobierno deja solos ante el juez del caso Ghali a Arancha González Laya y al que fuese su mano derecha en el Ministerio de Exteriores, Camilo Villarino. No solo son las dos únicas personas imputadas por la entrada presuntamente ilegal en España del líder del Frente Polisario el pasado mes de abril, sino que el aparente cordón sanitario trazado sobre ellos por el Ejecutivo se amplía tras las declaraciones prestadas este viernes ante el Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza por las jefas de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la exvicepresidenta Carmen Calvo.

Ante el titular de ese juzgado, Javier Lasala, quien fuera mano derecha de Calvo en el Ministerio de la Presidencia, María Isabel Valldecabres, aseguró ayer que la entonces vicepresidenta del Gobierno le pidió el 14 de abril (tres días antes de la llegada de Brahim Ghali) que se comunicase con Exteriores para confirmar si era cierto que el líder del Frente Polisario iba a venir a España, según afirman a THE OBJECTIVE fuentes presentes en el interrogatorio.

Cumpliendo con la petición de Calvo, Valldecabres afirmó este viernes ante el juez que se comunicó con Villarino y que el entonces jefe de gabinete de Laya le dijo no tener constancia de la llegada del jefe del Frente Polisario. Según fuentes jurídicas, Valldecabres habría asegurado que desde entonces no volvió a hablar con Exteriores sobre Ghali y que Calvo no estaba al tanto de los detalles de su llegada.

Una declaración que desmarca por completo a la ex vicepresidenta primera del Gobierno en la causa que instruye el juez Rafael Lasala. El magistrado investiga la entrada de Ghali, quien llegó el pasado 18 de abril en un avión del Gobierno argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación. Desde allí partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, donde fue ingresado con un pasaporte argelino, y bajo el nombre de Mohamed Benbatouche, para recibir tratamiento contra la covid-19.

El Gobierno aseguró que se le acogió «por razones humanitarias», pero el juez investiga las causas por las que se mantuvo en secreto su entrada y por qué se efectuó con una identidad falsa. Ghali figuraba como imputado en dos causas que investiga la Audiencia Nacional, una de ellas por presuntos delitos de genocidio y torturas en los campos de refugiados saharauis entre 1976 y 1987.

Marlaska se lo comunicó a la Audiencia Nacional 5 días después

En la misma línea que Valldecabres, la jefa de gabinete de Marlaska, Susana Crisóstomo, compareció ayer ante el juez en calidad de testigo. Un interrogatorio en el que, según fuentes jurídicas, desligó al titular de Interior de cualquier participación en los preparativos de la entrada de Ghali.

De acuerdo a testigos presentes en el interrogatorio, Crisóstomo afirmó que no habló con Marlaska sobre la entrada de Ghali en España hasta el día 23 de abril, cinco días después de su llegada y después de que los medios de comunicación ya se hubieran hecho eco de la noticia de que el líder del Frente Polisario se encontraba en el Hospital de Logroño.

Según la versión de Crisóstomo, el ministro del Interior le pidió ese mismo día que se pusiera en contacto con Exteriores y que comunicaran a la Audiencia Nacional que Ghali se encontraba en el país. Asimismo, la mano derecha de Marlaska afirmó ante el juez —siempre según las fuentes consultadas por este diario— que no tenía constancia de que se hubiera dispuesto ningún operativo policial para el traslado de Ghali en ambulancia hasta Logroño.

El próximo 5 de noviembre están citados a declarar también en calidad de testigos varios funcionarios del gobierno autonómico de La Rioja, presidido por la socialista Concha Andreu.

Tanto Valldecabres como Crisóstomo habían sido citadas a petición de las acusaciones personadas en la causa. La acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Urdiales, reclamó la comparecencia de la jefa de gabinete de Marlaska en el marco de su tesis de que la exministra de Asuntos Exteriores coordinó con Interior la entrada del líder polisario a España.

El letrado señaló a la cartera de Interior, «habida cuenta de que la ambulancia que trasladó a Ghali desde Zaragoza hasta Logroño fue escoltada por fuerzas policiales», algo que ya había desconocido en sede judicial el ex jefe de gabinete de Exteriores Camilo Villarino.

El próximo 5 de noviembre están citados a declarar también en calidad de testigos varios funcionarios del gobierno autonómico de La Rioja, presidido por la socialista Concha Andreu. Entre ellos, el jefe de gabinete de Andreu, Eliseo Sastre, el gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente, y el jefe de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital San PedroLaya y Villarino, únicos imputados

Laya y Villarino, únicos imputados

Los testimonios de las jefas de Gabinete de Marlaska y Calvo, dejan solos ante el juzgado a González Laya y a su exjefe de gabinete, únicos imputados hasta el momento. La exministra y Camilo Villarino ya fueron interrogados por el juez.

En su interrogatorio, según un vídeo filtrado a diversos medios de comunicación, González Laya aseguró que autorizó la entrada del líder del Frente Polisario en la base aérea de Zaragoza porque actuaron «con buena fe» ante la petición de Argelia y eso, unido a la «excepcionalidad» de la situación de salud de Ghali, les llevó a «no controlar» su entrada ni verificar su pasaporte.

La exministra de Exteriores, según consta en un escrito de la acusación particular, se negó a identificar a la autoridad argelina que solicitó la entrada de Ghali acogiéndose a un acuerdo secreto -no comunicado ni publicado- del Consejo de Ministros del Gobierno de Rodríguez Zapatero de fecha 15 de octubre de 2010.

Por su parte, la Abogacía del Estado -que defiende a Laya y a su exjefe de gabinete en la causa- también apeló al «carácter reservado de la información» para negarse a entregar al juzgado los mails y Whatsapps que Villarino recibió o envió adjuntando el pasaporte diplomático argelino de Brahim Ghali y el permiso de residencia de su hijo, que le acompañaba en el momento de su entrada en España.

La Abogacía también alegó que Villarino «mientras fue Jefe de Gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, mantuvo la costumbre de ir borrando cada cierto tiempo sus correos electrónicos por motivos de seguridad y de minimizar el daño en caso de hackeo», según un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.