La Policía Nacional ha detenido a los 14 integrantes del clan de los Kikos, la organización criminal que regentaba la venta de drogas en el poblado madrileño de la Cañada Real, que llegaba a suministrar cerca de 200 dosis diarias de estupefacientes y vivía en un complejo completamente bunquerizado.
Por qué te lo contamos: según los investigadores, el punto de venta de droga de los Kikos era el mayor de suministro de droga en Madrid. Funcionaba como un supermercado, con carteles llamativos en los que anunciaban los productos y los precios, los horarios de los autobuses y las zonas donde acomodar a los clientes si consumían en el lugar.
En la denominada Operación Maíz los agentes han desarticulado esta banda, sucesora del clan de los Gordos, de la que son familiares, y que se dedicaba a la venta de drogas en este poblado del sur de Madrid.
Los arrestados, muchos de ellos con antecedentes por hechos similares, tienen edades comprendidas entre los 23 y los 47 años, y la mayoría son españoles pero hay también una mujer de nacionalidad cubana y otra italiana. Todos han pasado ya a disposición judicial y el magistrado ha decretado el ingreso en prisión de seis de ellos, los que ocupaban el escalafón más alto de la organización.
En toda la operación se intervinieron un total 520.000 euros en efectivo, 19 kilos de cocaína, casi tres kilos de otras sustancias – hachís y heroína-, 18 armas de fuego cortas reales con casi 2.000 cartuchos de distintos calibres. También aprehendieron maquinaria para tratar sustancias estupefacientes, una prensa hidráulica y una máquina envasadora al vacío, así como diversas joyas, relojes de lujo, 11 vehículos, algunos de ellos de alta gama, y 250 décimos de lotería en cinco registros practicados en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha.
La organización contaba con una estructura que empleaba a unos individuos como «aguadores» y que a su vez, dado el trasiego continuo de personas y vehículos, tenían que operar como aparcacoches de los compradores. Otros integrantes de la organización se situaban en el acceso a la parcela para decidir qué compradores o consumidores podían entrar y, finalmente, otros controlaban el acceso al inmueble.
En el interior de la parcela se encontraban otras personas que dispensaban la droga en el interior de una sala bunquerizada, donde se alojaba el número dos de la organización para supervisar todas las actuaciones.
Los registros se realizaron en cinco domicilios. En el poblado los agentes localizaron una vivienda con fuertes medidas de seguridad, que habían instalado los investigados, como cámaras de videovigilancia y accesos con varias puertas acorazadas instaladas de manera consecutiva.
A pesar de que algunos de los arrestados incendiaron la estancia para hacer desaparecer los estupefacientes y el dinero, los agentes consiguieron recuperarlo.
