Granados asegura que Aguirre y González decidían los cargos en la Comunidad de Madrid

El exconsejero madrileño Francisco Granados ha defendido este lunes ante el juez encargado del Caso Púnica, Manuel García Castellón, que los nombramientos en la Comunidad de Madrid los decidían directamente la expresidenta Esperanza Aguirre y su segundo y sucesor, Ignacio González, «y no sé si en ese orden». Granados también ha afirmado ante el juez del caso Púnica que en las elecciones de 2007 y 2011 se estableció una estructura para reforzar las campañas de Esperanza Aguirre cuyos fondos cree que provenían de dinero público de la Comunidad de Madrid.

Granados ha declarado durante unas tres horas a petición propia en la Audiencia Nacional y ha afirmado, en declaraciones a los periodistas tras su comparecencia, que el expresidente madrileño Ignacio González fue quien dirigió «en una primera fase» esa campaña «paralela de refuerzo» y que se pagó «a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid».

Fuentes presentes en la declaración han indicado que Granados ha dicho ante el juez que intuye que el dinero para pagar esa campaña de manera supuestamente irregular provenía de fondos de publicidad del Canal de Isabel II y de la propia Comunidad de Madrid. Sin embargo, Granados se ha desentendido de esa financiación paralela porque, aunque era secretario general del partido, no ejercía como tal, y ha atribuido a Aguirre y a González el control de todo lo que se hacía en la Comunidad de Madrid.

Sobre Cristina Cifuentes, sucesora de Igancio González, Granados ha asegurado que era persona de confianza de González y que participaba en la financiación del Partido Popular madrileño. Por su parte, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, ha anunciado que va a presentar «de inmediato» una querella contra Granados por «un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen».

También ha manifestado que todos los asuntos que se trataban en el Consejo de Gobierno los controlaban Aguirre y González, y ha destacado que la expresidenta cambió la gestión del Plan Prisma -plan regional de inversiones y servicios- porque estaba harta de dar dinero a alcaldes, fundamentalmente del PSOE, para obra pública y que no la invitaran a las inauguraciones. Por eso decidió que fuera la Comunidad de Madrid la que hiciera directamente esas obras a través del plan Prisma, según han explicado a Efe, durante un receso, fuentes presentes en la declaración de Granados, que se produce a petición propia.

En cuanto a la empresa pública Arpegio, ha indicado que Aguirre acordó delegar toda la responsabilidad en el entonces consejero delegado Eduardo Larraz, también imputado en Púnica, y que por eso él se desentendió del funcionamiento de esta empresa porque era lo que menos le importaba.

En la hora y media que lleva declarando, Granados ha vuelto a defender que el dinero que tenía en Suiza, 1,6 millones de euros, lo obtuvo de su actividad en la bolsa cuando trabaja en la entidad Crédit Lyonnais y que cuando traspasó esta cantidad a su exsocio David Marjaliza, este le cobró una comisión de 200.000 euros por la operación.

En cuanto a las adjudicaciones de obra pública en materia de infraestructuras, ha explicado que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes empresas porque eran las que disponían de tuneladoras, pero, más adelante, y en otras obras como tranvía o metro ligero, se empezó a contratar a constructoras medianas.