Villarejo asegura que la información sobre Iglesias era de una investigación policial y no política

El excomisario José Manuel Villarejo ha declarado este jueves como imputado sobre la documentación que tenía en su poder del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha negado que la obtuviera en el marco de una «operación política», sino que ha afirmado que formaba parte de «una investigación policial» y que el «solo» la «vehiculizó» en el ámbito policial, según ha explicado su abogado, Antonio José García Cabrera, tras la declaración de Villarejo en la Audiencia Nacional.

«Es una cuestión interna personal y no es una operación política como se ha publicado», ha dicho el abogado, que no ha querido aportar más datos debido a que la pieza está bajo secreto. Ha insistido en que «en absoluto había una operación sobre Iglesias» y que Villarejo no ha robado documentos con información sobre él ni ha hecho «ningún uso indebido de esa información».

Aprovechando su traslado hoy a la Audiencia Nacional desde la prisión de Estremera, en la que lleva más de un año interno, el juez del caso Villarejo, que es también el del 11M, ha decidido asimismo interrogarle, junto a los fiscales del caso Tándem, acerca de la documentación que le ha sido intervenida relativa a un teléfono que le fue sustraído a una colaboradora de Podemos en 2016.

Antes de estas declaraciones, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho que es el momento de que se pidan “responsabilidades políticas” a los anteriores dirigentes del Ministerio del Interior por la supuesta vinculación del caso Villarejo con la sustracción de un teléfono con información sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias. En el momento del robo del móvil, el ministro del Interior era Jorge Fernández-Díaz, del Partido Popular.

«Es una vergüenza que se haya podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente abyectos”, ha dicho el ministro en una entrevista en el programa Espejo Público.

“Ha llegado el momento de reclamar alguna responsabilidad política”, ha dicho Grande-Marlaska. «Independiente de la presunción de inocencia, lo que estamos viendo, a día de hoy, está exigiendo algún tipo de responsabilidad política«, ha insistido.

El ministro ha subrayado además que los policías de España “no obedecen a este parámetro de actuación ni a esta instrumentación política” y que lo “único” que le “ocupa y le preocupa” es que los agentes de Asuntos Internos que están trabajando en este caso tengan los medios suficientes para poder investigar “hasta las últimas consecuencias”.

Estas declaraciones llegan un día después de que Pablo Iglesias se personara como perjudicado en la Audiencia Nacional por el hallazgo en los registros de la operación Tándem de un teléfono móvil robado en 2016 a una de sus colaboradoras.

El móvil, cuyo robo denunció Dina Bousselham, asistente de Iglesias cuando era eurodiputado, apareció en los registros practicados en noviembre dentro de la operación Tándem.

Tras la aparición del móvil, que ha desatado de nuevo las sospechas sobre las actuaciones de la llamada “policía política”, se ha abierto una pieza secreta bautizada con el nombre de Dina en la que se investiga la relación del robo del móvil con el excomisario José Manuel Villarejo.

Tras declarar durante una hora y media ante el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional, Iglesias dijo el miércoles que su formación está comprometida para “limpiar nuestra democracia de basura”.

“Una de las mayores vergüenzas de nuestra democracia es la existencia de una trama criminal que vincula a políticos corruptos, a medios de comunicación y a grandes empresarios», señaló Iglesias, recuperando una de las denuncias que a menudo hace Podemos sobre lo que describe como las «cloacas del Estado».